M+.- El sistema ya está establecido desde hace cinco años. No te prohíben vender, pero sí controlan lo que comercializas. Este carnicero de Cuautla no da su nombre, tampoco hace falta: su testimonio es el de cientos de comerciantes de la región de Los Altos y la zona oriente de Morelos que, como él, han visto cómo su negocio dejó de ser suyo.
“Son diferentes grupos, incluso entre ellos se andan peleando las plazas”, relata.
“Últimamente andan encapuchados; andaban normal, pero a partir de que empezaron las disputas, ya vienen con su pasamontañas, ya no se dejan ver. Siguen siendo los mismos. Y la forma habitual de cobrar: ‘yo te dejo el puerco, a mediodía quiero mi dinero en efectivo’”.
—¿Cómo funciona la transacción?—
“Ellos te lo dan en la mañana y cuando llegan a hacer el cobro del puerco, se entrega el pedido de lo que vas a querer al siguiente día”.
Lo que describe este carnicero a MILENIO es una extorsión institucionalizada que opera a través del control de la cadena de suministro.
No es una llamada telefónica anónima del extorsionador callejero desde el reclusorio. Es un monopolio forzado que controla el abasto, fija el precio, elimina la competencia y castiga con la muerte a quien intente salirse del esquema que ya está normalizado.
—¿Qué pasaría si usted compra en el Estado de México o en la Ciudad de México?—
“Estamos amenazados de que nos atenemos (sic) a las consecuencias. Han matado carniceros. Hay varios carniceros que los han matado, se les han salido, han conseguido carne del Estado de México más barata y, por tratar de distribuirla entre nosotros mismos, se los han eliminado (sic)”.
El canal, que es el cuerpo completo del cerdo después de ser sacrificado y procesado, en el Estado de México, tendría un costo cercano a los 2 mil pesos; con ellos —advierte— en 3 mil 500.
—¿Al menos es de calidad?—
“No, no, no… De calidad es lo peor que puede haber”.
Cuautla no es solo un municipio con alta incidencia delictiva; es el epicentro de la extorsión. Tan solo entre enero y julio de 2026 registró 96 denuncias por extorsión presencial, según cifras oficiales.
Pero la cifra más reveladora es la oculta: se estima que 96 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian.
—¿Presentarse ante el Ministerio Público?—
“Muy difícil porque no sabes si están coludidos y te señalan. Está coludido todo: Cuautla, Villa de Ayala, Tenextepango, todo lo que es el centro del estado de Morelos”, confiesa este carnicero.
Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, alrededor de 800 negocios habrían cerrado por el fenómeno de la extorsión, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El gobierno municipal de Jesús Corona Damián, según la investigación federal, administraba, controlaba y entregaba al grupo criminal sectores clave de la economía local —el comercio ambulante, el rastro, los mercados, el catastro y el predial—, convirtiendo la extorsión en una política fiscal paralela.
La captura del alcalde en mayo debía desmantelar ese arreglo. Pero la estructura sobrevivió.
Lo que cambió fue el régimen de gobernanza criminal: se pasó de una extorsión institucionalizada —administrada desde las oficinas del gobierno municipal— a una extorsión bajo ingobernabilidad criminal, ejercida por células que ya no necesitan al alcalde para operar, pero que tampoco responden a un mando político.
En entrevista con MILENIO, Ana Sánchez Guerra, regidora de Cuautla, acusa que “el alcalde no fue solo”, y pide al gobierno de la República continuar con el Operativo Enjambre.
“Hay más funcionarios dentro de la administración municipal y debe haber castigo severo.
“También he pedido, desde el 15 de septiembre de 2025, pedí al Congreso y a la gobernadora que pidan la desaparición de poderes en Cuautla, Morelos, por la grave situación en que se encuentran coludidos con la delincuencia”, declara.
Consultado al respecto, Andrés Cosset, coordinador de la asociación civil Junta Soberana, hace un balance sobre la estrategia federal: “Desde aquellas fechas en que se aplicó la Operación Enjambre al día de hoy… lo dijimos: si esto no va con acciones complementarias y no va acompañado de una estrategia, la región oriente se iba a volver un infierno. Qué malo que no nos hayamos equivocado”.
“La extorsión, el cobro de piso sigue. Veamos cuántos establecimientos han cerrado desde la Operación Enjambre a la fecha: se habla de más de 300 establecimientos públicos (...) Aquí en Cuautla, no hay que olvidarlo, es un centro económico tan fuerte; es lo que da vida económica a la región”.
El 20 de mayo de este año, la operación detuvo a Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla; Pablo Portillo Galicia, oficial mayor de Cuautla; y Arisbel Rubí Vázquez Amaro, La Jefa, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.
Días después, el 30 de mayo, cayó el propio Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, en Acapulco. Hasta febrero de 2026, la Operación Enjambre había detenido a 60 servidores en diversos estados.
Investigaciones federales atribuyen esta red a Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, identificado por la Fiscalía General de la República como líder regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos.
Pueblos Unidos no es solo una banda de extorsionadores, es una organización criminal con un modelo de negocio diversificado que combina delitos de alto impacto (secuestro, homicidio) con el control de economías ilegales (narcotráfico) y la infiltración de instituciones (política, transporte).
Reportes de prensa documentan presencia de esta organización en al menos 16 municipios de la zona norte y oriente del estado —Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan, Yautepec, Yecapixtla, Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Ayala, Tepalcingo y Axochiapan—, además de municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México.
El Culiacanazo de Cuautla
El 12 de octubre, la Fiscalía de Morelos detuvo a José David Vergara, El Güero Gym, segundo al mando de Pueblos Unidos, en Totolapan, pero lo dejó ir.
No existía una orden de aprehensión en su contra y fue capturado en flagrancia por posesión de narcóticos. La reacción de la organización fue inmediata; integrantes retuvieron a tres agentes de la Fiscalía, a quienes golpearon y uno de ellos recibió un disparo.
En paralelo, se desataron narcobloqueos y la quema de al menos cuatro combis del transporte público en Cuautla y Yecapixtla. Más tarde, los concesionarios denunciaron que fueron represalias directas contra choferes que se negaron a participar en los bloqueos.
Ante el riesgo para la vida de los agentes retenidos, la Fiscalía estatal negoció y liberó a El Güero Gym la noche del mismo 12 de octubre, a cambio de la recuperación de sus tres colaboradores.
El episodio fue comparado de inmediato con el Culiacanazo de 2019, cuando fue detenido y liberado Ovidio Guzmán.
En su comunicado, la Fiscalía argumentó que “la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”.
Al menos 17 escuelas de Cuautla suspendieron clases y el servicio de transporte público se interrumpió por completo. La ciudad se paralizó y hasta el viernes volvió a la normalidad.
“En su momento dices: 'yo lo mato, y ahí nos vemos', pero te va a seguir la justicia. Resulta que te va a andar siguiendo por un delincuente y vas a echar a perder tu vida por un delincuente que es causa de lo que nos está pasando en México”, advierte el carnicero entrevistado.
ksh
