Empresarios de La Laguna de Durango fueron asesorados por autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre laaplicación de la Ley Silla , advirtiendo que quienes no la cumplan enfrentarán multas, clausuras e incluso el cierre definitivo de sus empresas.
Durante una reunión con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, representantes de la STPS detallaron las implicaciones de esta reciente reforma laboral, que busca proteger la salud de trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas. A partir de ahora, tienen derecho a contar con una silla adecuada, con respaldo y espacios de descanso.
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Las sanciones por incumplimiento van desde 250 hasta 2,500 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), lo que representa montos de entre 28 mil y 282 mil pesos, con base en el valor vigente de la UMA en 2025 (113.14 pesos).
En su visita a la región lagunera, la titular de la STPS en Durango, Belén Berenice Morales de Ávila, destacó la disposición del sector empresarial para cumplir con las nuevas disposiciones:
“Entendemos que estas reformas, aunque nacionales, pueden generar incertidumbre, y por eso estamos aquí: para aclarar, acompañar y prevenir conflictos laborales. En Durango hay una dinámica positiva entre las empresas y las autoridades, lo cual nos da tranquilidad para desempeñar nuestras funciones”, expresó.
Durante el encuentro, también se explicó que la STPS tiene facultades para realizar inspecciones en los centros de trabajo, ya sea por condiciones generales, revisión de utilidades, empleo de menores, trabajo agrícola o, ahora, cumplimiento de la Ley Silla.
El director jurídico de la dependencia, Federico Solano, abordó los alcances legales de la reforma, vigente desde el pasado 17 de junio de 2025, mientras que el subsecretario del Trabajo, Miguel Bermúdez, habló sobre la situación de los conflictos sindicales.
Por su parte, Carlos Mercado, director de Inspección Laboral, explicó el procedimiento de verificación, señalando que los empleadores tienen un plazo de 180 días para ajustar sus reglamentos internos y condiciones laborales.
“En una primera instancia se aplicará una amonestación, pero si no se corrige, se procederá con la multa correspondiente e incluso con la clausura o cierre de la empresa”, advirtió.
edaa
