Noel Díaz Rodríguez, fiscal anticorrupción en Durango, señaló que de 2,200 carpetas de investigación que se han generado desde su creación, el 60% se han resuelto y de estas existen 80 sentencias condenatorias en juicio oral y proceso abreviado contra servidores públicos de diferentes instituciones gubernamentales.
Hizo ver que, con la reciente Ley General contra la Extorsión, se habrán de incrementar las penalidades para aquellos particulares, pero también para servidores públicos que, al abusar de sus funciones, caen en este delito, donde pueden llegar hasta 60 años de prisión quienes cometan este tipo de conductas agravadas.
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En este sentido, señaló que las sanciones buscan inhibir prácticas ilegales tanto en el ámbito público como en el privado, especialmente cuando se trata del uso indebido de cargos o atribuciones oficiales.
Recepción de denuncias ciudadanas
“Nosotros estamos prestos a recibir cualquier denuncia de los ciudadanos y vamos a dar seguimiento a todas las que se presenten, pues nosotros tenemos muchas carpetas de investigación y les hemos dado seguimiento, donde servidores públicos han sido objeto de ceses hasta de detenciones bajo proceso, donde están purgando una sentencia por apartarse de sus funciones”, dijo.
En ese contexto, señaló que la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción en Durango tiene como papel fundamental sancionar a todo aquel funcionario o servidor público que se haya desviado de sus funciones y que con ello haya vulnerado la confianza que los ciudadanos tienen en ellos.
“Producto de estas sentencias vinculadas a la reparación del daño, dijo que a la fecha han recuperado más de 150 millones de pesos, donde hay sentencias condenatorias como es el caso del ex subsecretario de Egresos del pasado sexenio en Durango, quien además lleva acumulados 43 años de prisión en diversas sentencias”, dijo.
Procesos en curso
Agregó que todavía existen más carpetas de investigación abiertas contra secretarios de Estado, como recientemente también se está procediendo contra una defensora pública que solicitó dinero a un interno del Cereso 1 para poder acelerar su libertad.
De hecho, Noel Díaz agregó que en días pasados se inició un procedimiento contra dos funcionarios públicos de la Vicefiscalía General del Estado de Durango en La Laguna, por lo que no puede aportar más información por respetar el debido proceso, todo en colaboración con fuerzas federales como la propia Fiscalía General de la República para la integración de carpetas, donde se dará seguimiento hasta su conclusión.
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