Durante la primera semana de noviembre las y los diputados del Congreso del Estado de Durango aprobaron por unanimidad las reformas a los Códigos Civil y Penal del Estado de Durango para tipificar la violencia vicaria como delito y establecieron penas de uno a cinco años de prisión y multas de 36 a 288 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de sanciones adicionales como la suspensión de la patria potestad o la obligación de recibir tratamiento psicológico.
Ante este hecho, integrantes del Colectivo Abogadas Laguneras a través de su co-fundadora Sofía Díaz mostraron su satisfacción por la tipificación como delito de este tipo de violencia, tras considerarla como un paso crucial para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres ya que antes las víctimas no podían interponer denuncias.
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Cabe destacar que en La Laguna existe una alta incidencia y de acuerdo a estimaciones, siete de cada diez casos familiares presentan este tipo de control o amenaza ejercida a través de seres queridos, especialmente de los hijos.
“La realidad es que la violencia vicaria ya era una exigencia que tenían las colectivas feministas de este lado de la laguna, porque precisamente es un tipo de violencia que se ejerce muchísimo en este país. Esta amenaza o este control sobre las personas, en este caso precisamente sobre las mujeres, a través de sus seres queridos, en su mayoría a través de sus hijos”
“Es la típica que siempre hemos escuchado de 'si me demandas por pensión alimenticia te voy a quitar al niño', o si no accedes a tal cuestión te quito los hijos. Entonces, lamentablemente, insisto, estadísticamente es un hecho que ocurre muchísimo”, agregó Díaz.
La mayoría de los acompañamientos otorgados por el Colectivo de Abogadas Laguneras por cuestiones de pensión alimenticia, convivencias, casi todos los casos tienen un dejo de violencia vicaria, informó.
Para la cofundadora era bastante lamentable que en esta entidad no estuviera tipificada esta violencia, sin embargo ahora celebran la decisión de los legisladores duranguenses para ser parte de este grupo minoritario de estados del país en donde ya es un delito.
“Esperemos ahora que los ministerios públicos logren atender de mejor manera a las víctimas y pues en conjunto se pueda dar una mejor solución”.
A pesar del avance legislativo, la experta señala que persisten desafíos significativos, como la violencia institucional que afecta a nueve de cada diez denunciantes y la falta de capacitación y voluntad política en los funcionarios para abordar adecuadamente estas problemáticas.
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