Aunque con antecedentes partidistas, al llegar y asumir el cargo de presidente de alguno de los 32 organismos estatales electorales, juramentaron defender la independencia, la autonomía y la imparcialidad de esas instituciones a lo largo de su mandato.
Sin embargo, al término de sus gestiones, al menos 53 árbitros electorales locales se colocaron de nuevo la camiseta de alguna de las distintas fuerzas políticas, de acuerdo con un análisis realizado por MILENIO.
En tres décadas esta dinámica se ha replicado en 28 institutos que organizan los comicios locales en México. Los órganos electorales en donde más se ha repetido este fenómeno es en los estados de Guerrero, Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Tabasco.
Algunos utilizaron los otrora Consejos Estatales Electorales, hoy Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), como trampolín para acceder a espacios de gobierno. Otros se incorporaron de lleno a la vida partidista para contender por un cargo de elección popular.
Desde la reforma electoral de 1996, que consolidó la ciudadanización de los órganos electorales en el país, han transitado por los institutos estatales electorales 224 consejeros presidentes.
En 53 casos, es decir, casi la cuarta parte, las cabezas de esos entes constitucionales autónomos tenían antecedentes partidistas, ‘brincaron’ a un cargo público al término de su encomienda o iniciaron su carrera en alguna fuerza política después de abandonar su labor como árbitro electoral.
La reforma electoral, que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso de la Unión, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente las iniciativas en la materia, incluye una revisión profunda a los institutos estatales electorales.
El debate sobre este tema no solo está centrado en la posible desaparición de estos órganos, que este año no electoral tendrán un presupuesto de 6 mil 800 millones de pesos solamente en gasto operativo. También está sobre la mesa la dinámica que han seguido algunos de sus integrantes, sobre todo en lo que se refiere a la independencia, autonomía e imparcialidad que debe prevalecer en el árbitro electoral.
De actores electorales a actores políticos
Una investigación de MILENIO revela que, en los últimos 30 años, poco más de medio centenar de consejeros presidentes de los organismos estatales electorales tenía una vinculación partidista cuando llegó al cargo o se colocó la casaca de alguna fuerza política cuando terminó su encomienda para contar con vía libre a un puesto de gobierno (federal, estatal o municipal), e incluso a algún cargo de elección popular.
En ese esquema se han desempeñado las autoridades electorales locales de todas las fuerzas políticas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo, es el que presenta más casos, con 19. Le sigue el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con 12, y luego el Partido Acción Nacional (PAN), con 10.
Un caso significativo fue el de José Ángel Córdova Villalobos, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) de 1997 a 2002. Al año siguiente de dejar ese cargo, en 2003, el hoy militante de Movimiento Ciudadano (MC), alcanzó una curul por la vía plurinominal bajo las siglas del PAN.
Además, en 2006 el guanajuatense aceptó la invitación del presidente Felipe Calderón Hinojosa para integrar su gabinete y convertirse en secretario de Salud de 2006 a 2011, y luego se desempeñó como secretario de Educación Pública de 2011 a 2012.
Otro caso emblemático es el de Rosendo Gómez Piedra, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) de 2013 a 2014. A los cuatro años de dejar ese puesto, en 2018, el tabasqueño se convirtió en secretario de Gobierno y coordinador general de Asuntos Jurídicos en el gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez.
Ya en octubre de 2022, el ex fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, lo nombró titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), cargo del que fue removido en septiembre del año pasado.
Un episodio similar se dio con el presidente del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí de 1992 a 1994, Luis José García Julián. En 1995, a un año de dejar el cargo, el priista ganó la elección para convertirse en el presidente municipal de la capital potosina para el periodo 1995-1997 por el PRI.
Seis años después, en 2003, García Julián fue el candidato de la alianza PRI-PVEM-Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) a la gubernatura del estado.
También esa dinámica se replicó en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Entre 2006 y 2013 el consejero presidente de ese órgano constitucional autónomo fue Néstor Vargas Solano. A los tres años de dejar esa responsabilidad ‘brincó’ a un cargo público capitalino.
En 2016 fue nombrado por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el perredista Miguel Ángel Mancera, como asesor jurídico de su administración.
En el IFE-INE, mismo cuento
Este esquema no es exclusivo de los institutos estatales electorales. También se ha replicado a nivel nacional con 10 ex consejeros y ex consejeros presidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).
Los primeros en echar mano de esta práctica fueron Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio Irazabal, Emilio Zebadúa González y Jaime Cárdenas Gracia, todos del primer Consejo General del IFE.
Los ex consejeros presidentes del IFE, Leonardo Valdés Zurita (2008-2013), y del INE, Lorenzo Córdova Vianello (2014-2023), también se subieron al tren de la partidización en sus trayectorias políticas, al sumarse en los últimos meses a la agrupación Somos México, la otrora ‘Marea Rosa’, que busca su registro como partido político nacional para competir en las elecciones federales intermedias de 2027.
De los pioneros, Molinar Horcasitas culminó su encargo en 2000 y ese mismo año ‘brincó’ a la subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, en ese tiempo comandada por el panista Santiago Creel. Luego fue vocero del PAN y en el sexenio de Felipe Calderón fue nombrado director del IMSS y secretario de Comunicaciones y Transportes.
Por su parte, Lujambio Irazabal también se pintó de azul tras su salida del IFE. Primero fue nombrado por Calderón Hinojosa secretario de Educación Pública de 2009 a 2012 y después fue senador de Acción Nacional del 1 al 25 de septiembre de 2012, día de su fallecimiento.
Zebadúa González fue diputado federal por el PRD en 2003. Luego buscó la candidatura de ese partido al gobierno de Chiapas en los comicios de 2006. Al no obtenerla se pasó al extinto Partido Nueva Alianza (Panal) y compitió en esa elección bajo esas siglas.
Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto trabajó de la mano de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como oficial mayor de ambas dependencias.
Cárdenas Gracia fue diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) en 2009 y en 2018 fue nombrado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del recién creado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Otros consejeros electorales que siguieron esa dinámica son Virgilio Andrade Martínez (2003-2010), designado por el ex presidente Enrique Peña Nieto como su secretario de la Función Pública entre 2015 y 2016.
Marco Antonio Gómez Alcantar (2003-2010), en cambio, optó por sumarse al PVEM y convertirse en diputado plurinominal de ese partido de 2018 a 2021.
Alejandra Latapi Renner, consejera de 2003 a 2010, y Alfredo Figueroa Fernández, consejero de 2008 a 2013, formaron parte de los equipos de campaña de los dos últimos candidatos presidenciales del PAN.
Latapi Ranner fue nombrada por Xóchitl Gálvez como coordinadora de vinculación institucional, mientras que Figueroa Fernández fue designado por Ricardo Anaya como coordinador de análisis político.
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ksh
