El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura al dictamen que busca tipificar como delito el uso, fabricación y distribución de objetos conocidos como “ponchallantas”, comúnmente utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular.
La sanción propuesta en el documento es de tres a 10 años de prisión, además de multas económicas y el decomiso del material asegurado.
Se impondrá pena de hasta 10 años de prisión
Durante la sesión, diputadas y diputados de la 65 Legislatura presentaron el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el cual contempla la adición del artículo 264 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa. Este artículo establece que:
“Se impondrá una pena de tres a 10 años de prisión, de 100 a 500 días multa, y el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular.
"Se incluyen, entre otros, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro material, comúnmente conocidos como ‘ponchallantas’”.
Sancionarán a quien facilite la obtención de los obejtos
Asimismo, se contempla sancionar con la misma pena a quien fabrique, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con fines delictivos:
“La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.
"Para efectos de este artículo, se entiende por vía de comunicación a las calles, bulevares, caminos, veredas, terracerías, avenidas, carreteras, autopistas o libramientos”.
La pena puede incrementar si se utilizan menores de edad
El dictamen también propone un aumento de hasta la mitad de la pena correspondiente si se utilizan menores de edad en la comisión del delito, o si el responsable es un servidor público en funciones o que haya ejercido ese cargo hasta cinco años antes del hecho.
Este proyecto legislativo se construyó a partir de dos iniciativas: una presentada por el grupo parlamentario de Morena, y otra por los ciudadanos José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales.
Tras su lectura en el Pleno, el dictamen fue turnado para una segunda lectura, donde será discutido y eventualmente sometido a votación para su posible aprobación.
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