La falta de castigo para quien participa en la desaparición de las personas es el pan de cada día en México y Coahuila no es la excepción porque en 10 años apenas han sido emitidas 19 sentencias por este delito en sus dos tipos: forzada y cometida por particulares.
Es una cifra pequeña si se toma en cuenta que en la entidad hay una cifra histórica estimada de 2 mil 400 personas desaparecidas, según la Comisión de Búsqueda Local.
MILENIO tuvo acceso a datos del Poder Judicial de Coahuila vía dos solicitudes a la Plataforma Nacional de Transparencia y encontró que cuatro sentencias corresponden al delito de desaparición forzada y el resto relacionadas con desaparición cometida por particulares.
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Entre las condenas hay ex policías
Entre las cuatro condenas por desaparición forzada hay tres ex agentes de la Policía Municipal de Saltillo que fueron condenados a 45 años de prisión por su participación en hechos ocurridos 2011 y otros dos ex oficiales de la Policía Municipal de Torreón sentenciados a 40 años por hechos ocurridos en 2021.
Cometidas por particulares
En el caso del resto de las sentencias relacionadas con desapariciones cometidas por particulares las condenas varían, pero vía procedimientos abreviados no rebasan los 16 años y 7 meses de prisión. Dos corresponden a Monclova, una a Piedras Negras, dos a Saltillo, una a San Pedro, 7 a Torreón y dos a Sabinas.
Según el Poder Judicial de Coahuila vía la solicitud con folio 1071259000000926, actualmente los municipios de Acuña, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y Torreón tienen en lo individual un proceso en curso, mientras que Saltillo 7 y Sabinas otros 2.
¿Por qué es complicado judicializar casos?
Desde la perspectiva de integrantes de colectivos de búsqueda de personas la justicia es escasa y cada vez es más complicado acceder a una condena porque no hay una investigación profunda que lleve a judicializar los casos o se carece de una correcta clasificación del delito.
“Es muy complejo tener una sentencia, pues mientras no esté bien agotada la investigación no puede darse el paso de la judicialización. Son muy poquitas las averiguaciones que han dado el paso. Mientras que no tengamos el sustento, que son los testigos, implicados directos con confesión y a veces ni con eso”, asegura Silvia Ortiz, vocera del Grupo de Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA).
Puntualiza que en el caso del colectivo llevan cinco años pugnando porque dos de sus casos se judicialicen, pero no ocurre por la cantidad de atenuantes que deben existir para una correcta clasificación y sanción del delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.
“Es una diversidad de situaciones que se tienen que contar para determinar la judicialización. Es una locura y todo un tema”.
Ortiz refiere que otro problema para acceder a la justicia es que no hay personal suficientemente capacitado para conducir estos procesos.
“Hay jueces que ni siquiera conocen bien la ley general de desaparición, todavía con secuestro es más común que sucedan las cosas que por desaparición forzada o por particular”.
De hecho desde hace tres años diversos colectivos de búsqueda en la entidad propusieron la creación de juzgados especializados en la materia para tratar tanto este tema como las declaraciones de ausencia, pero todavía no ocurre.
La madre buscadora destaca que la falta de sentencias en los casos de desaparición también prolonga la reparación del daño a las víctimas indirectas de este delito, es decir, a las familias o cercanos de la persona que sufrió el crimen.
“No sé si la hicieron a modo la ley, pues si no hay sentencia no hay reparación”.
Ante este escenario, Silvia Ortiz menciona que las comisiones de atención a víctimas otorgan apoyos, pero esto no es suficiente para tomarlo en cuenta como una reparación.
“Seguiremos insistiendo en que las reformas han sido a comodidad del gobierno de México y no están en favor de las víctimas, no ayudan y entorpecen la justicia para todas las familias”.
Impunidad a nivel nacional es del 99 por ciento
El informe Impunidad de Delitos de Desaparición en México, elaborado por la organización Impunidad Cero, revela que en México en promedio un 99.6 por ciento de los casos de desaparición no tienen castigo.
El documento toma como referencia los datos de las 32 entidades federativas con base en solicitudes de información y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De tal modo que de 2019 a 2022 hubo 35 mil 669 ausencias, pero los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.
“Lo que muestra que no hay proporción entre el número de casos de desaparición que se registran y el número de casos que se esclarecen. Durante el periodo de 2019 a 2022, los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no reportaron ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, lo que se traduce en un 100% de impunidad”.
En el caso de Coahuila, el informe revela que la impunidad fue de 98.3 por ciento. En el periodo de 2019 a 2022 encontraron que fue la sexta entidad con más sentencias condenatorias con 7, pero siendo un número reducido si se toma en cuenta que la entidad registró 407 ausencias.
Falta de resultados en procuración e impartición de justicia llevaron a buscar apoyo internacional
Derivado de la falta de resultados en las investigaciones para dar con el paradero de los suyos, familias buscadoras organizadas en colectivos y organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” optaron por llevaron su exigencia al plano internacional.
El año pasado representantes de ambas organizaciones estuvieron ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra para dar seguimiento a la solicitud de aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a la que México está suscrito.
El tema ya había sido puesto desde la mesa desde hace más de una década y en abril del año pasado el Comité determinó medidas para México en cuanto a solicitar un informe.
Sin embargo, la semana pasada el organismo internacional informó que llevará el tema ante la Asamblea General de la ONU para su revisión.
La decisión del Comité contra las Desapariciones tuvo su origen porque recibieron información con base en patrones y casos documentados en Coahuila, entre 2009 y 2016, Nayarit entre 2011 y 2017, y Veracruz entre 2010 y 2016.
El Comité señaló que durante ese periodo se registraron patrones específicos de desapariciones forzadas, en los que autoridades se coludieron con grupos criminales, en casos como detenciones ilegales por parte de las autoridades para entregar a las personas a grupos criminales.
Al examinar las versiones públicas de las cuatro sentencias por desaparición forzada en Coahuila, MILENIO encontró que hay características en algunos casos que coinciden con lo señalado por el organismo internacional, además de que otros instituciones como las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos han documentado irregularidades en las investigaciones de casos que involucran a elementos policiales en desapariciones.
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aarp
