El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, aseguró que este grupo de trabajo examinó el fenómeno de desapariciones y su evolución en México desde 2012 hasta la fecha.
En un comunicado en el que emitió un posicionamiento frente a la postura del gobierno mexicano sobre el informe que publicaron la semana pasada, Albán explicó que aunque son comprensibles las diferencias jurídicas y políticos, el asunto no debería politizarse.
"La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo".
Por ejemplo, se señala expresamente: (párr. 97) “[...] el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132.400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, destacó.
En este sentido, aseguró que el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Por tanto, dijo que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión y sus integrantes.
“Las diferencias jurídicas —e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse— son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte”, subrayó.
El jueves, el Comité contra la Desaparición Forzada publicó un informe en donde anunció que llevaría el caso de México ante la asamblea general de la ONU para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
En el documento, informó que existen indicios fundados de que las desapariciones se siguen perpetrando en México “como crímenes de lesa humanidad”, mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil.
En este contexto, Albán recordó que los órganos como el comité que encabeza sí forman parte del Sistema de Naciones Unidas, al ser mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros.
Además, sus integrantes son elegidos por los propios Estados.
“Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”, puntualizó.
Mencionó que el informe de la semana pasada no fue realizado para el secretario general de la ONU, sino al máximo órgano deliberante de naciones unidas que es la Asamblea General.
Finalmente, señaló que los objetivos comunes deben ser la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno en beneficio de las víctimas y sus familias.
Informes del comité de desaparición representan opinión de sus expertos, no de la ONU, revira SRE
El subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la cancillería, Enrique Ochoa, aseguró que los informes del Comité de Desaparición Forzada representan la opinión de sus 10 integrantes y no los de la ONU ni de sus órganos principales.
En una publicación en redes sociales, dijo que estos expertos son electos por los 78 estados que forman parte de la convención de desapariciones forzadas, es decir, menos de la mitad de la membresía de la ONU.
"Los informes del Comité de Desaparición Forzada representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el secretario general.
"Los miembros del CED son electos por los 78 Estados Parte de la Convención de Desapariciones Forzadas (menos de la mitad de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas)", dijo.
Ochoa remarcó que el mandato de este grupo es “monitorear la aplicación de la convención, no el de reinterpretarla”.
"El Artículo 2 de la Convención dice a la letra '…se entenderá por 'desaparición forzada' el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley'", señaló.
Finalmente, explicó que hay reglas que deben seguir los integrantes de estos grupos en materia de independencia e imparcialidad marcadas en las directrices de Addis Abeba.
“Numeral 3. Los conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales”, concluyó.
Informe excluye avances y acciones del gobierno, dice Brugada
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el informe excluye los avances que el gobierno federal ha realizado en materia búsqueda de personas en los últimos años.
En conferencia de prensa, la mandataria local dijo que se ha trabajado junto y se ha avanzado en los 20 compromisos acopados.
"Consideramos que al menos ocho o nueve críticas con las cuales no coincidimos. Una de ellas tiene que ver con el tiempo, hicieron su trabajo a partir del 2009 al 2017; sin embargo, extrapolan lo que pasaba en esa época con la época actual.
"Desde nuestro punto de vista deja mucho que desear. Nosotros en primera, tenemos un gran compromiso sobre el tema de las personas desaparecidas; es una de las prioridades y es uno de los trabajos que coordinamos todos los días, hay un gabinete que aquí en la ciudad se constituyó para ello", subrayó.
Recalcó que, desde la Ciudad de México, se constituyó de forma inmediata el Gabinete de Búsqueda y Atención a Víctimas, el cual ha permitido obtener avances importantes, como la creación de un Centro Integral de atención y un plan de trabajo con 20 compromisos específicos.
Brugada Molina resaltó que en 2025 se han registrado más de 83 por ciento de personas localizadas en la Ciudad de México, al reiterar el compromiso de su gobierno para lograr el objetivo de que todas las personas desaparecidas regresen a casa.
En ese sentido, criticó que el informe presentado por expertos, excluye las aportaciones del gobierno federal para garantizar la información, crear leyes y que, a partir de 2022, México sea de los primeros países en América en permitir al Comité realizar revisiones sobre este tema.
“Pareciera que no tienen una rigurosidad técnica estos análisis, nos preocupa y nos extraña mucho que lo lleven a cabo. Entonces, pues hacemos ese llamado a que no se politice este tema”, externó.
Aseguró que se mantiene un trabajo conjunto con las familias de las víctimas, con las cuales se ha construido una agenda de atención integral, la cual se evalúa y cumple de forma permanente.
“Vamos a continuar de la mano de las familias, de los colectivos, de los protagonistas a los que consideramos tenemos que continuar apoyando decididamente”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, Luis Gómez, resaltó que es irrenunciable el compromiso del gobierno de la Ciudad de México por la búsqueda de personas desaparecidas, el cual inició ante un proceso de diálogo con los propios familiares.
Informó que cuentan con un avance superior al 70 por ciento con respecto a los compromisos y destacó la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, que les ha permitido lograr más del 83 por ciento de localizaciones de los casos reportados en 2025, lo que calificó como un proceso esperanzador en términos de la respuesta que llevar a cabo el Estado mexicano frente a esta problemática.
Posicionamiento del Gobierno de la Ciudad de México ante el informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/yC7Cknhe3V
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2026
Aseveró que también se puso en marcha el plan de recuperaciones controladas de personas fallecidas del Panteón Civil de Dolores, una exigencia histórica de las familias, que los ha llevado a observar, a revisitar y replantear los esquemas de trabajo con personas fallecidas no identificadas, quienes no necesariamente fueron víctimas de algún tipo de delito, “sino que el fenómeno es más complejo y eso es lo que queremos poder transmitir frente a organismos internacionales”, indicó.
Gómez Negrete reveló que la búsqueda en campo en 2025 contó con más de 10 mil elementos en acciones de búsqueda; se exploraron más de 16 kilómetros cuadrados en la ciudad.
“Estamos demostrando que no hay una limitación de esfuerzos de coordinación y recursos para ir adelante en la búsqueda de las personas desaparecidas. Llevamos 83 por ciento del 2025, nos faltan y vamos por el 100 por ciento para encontrarlos”.
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ksh
