Más de 3 mil 500 burócratas de Veracruz fueron enviados al buró de crédito, luego de que la administración estatal les descontara vía nómina pagos de financiamientos de productos y servicios adquiridos, los cuales nunca llegaron a las empresas proveedoras.
Es decir, la Secretaría de Finanzas y Planeación descontó a 3 mil 550 maestros y trabajadores de salud pagos que no fueron trasladados a la empresa GB Plus S A de CV Sofom ENR, propietaria de la marca Intermercado.
Carlos Emilio Gidi Blanchet, representante de GB Plus, dio a conocer que el gobierno estatal descontó a los burócratas el dinero necesario para pagar adeudos de muebles y enseres del hogar, entre otros productos; sin embargo, se quedó con los recursos.
Con ello, la deuda acumulada es de 127 millones de pesos, de los cuales 53 millones ya están en mora y, en consecuencia, los trabajadores en buró de crédito.
La empresa presentó una denuncia contra la administración estatal, pero también contra la dirigencia de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que lidera Manuel Arellano, la cual debe 105 millones por los mismos motivos. De ese monto, 21 millones son deudas vencidas.
Gidi Blanchet indicó que hay dos amparos indirectos contra las omisiones cometidas por el Poder Ejecutivo y una denuncia penal contra el dirigente magisterial por el delito de fraude y abuso de confianza.
Recordó que durante una década esta empresa vendió productos de línea blanca y electrónica y dio préstamos en efectivo a empleados de las dependencias del gobierno estatal, que la secretaría descontaba directamente de la nómina a los trabajadores para entregarlo a la empresa.
Sin embargo, de buenas a primeras, dejó de pagarles, por lo que 2 mil 100 trabajadores de Educación y mil 450 del sector salud están reportados ante el buró de crédito por deudas que su patrón y su sindicato generaron por no hacer los pagos a GB Plus.
Gidi Blanchet alertó a los empleados de gobierno que verifiquen si se están haciendo los pagos tanto de créditos como impuestos y prestaciones.
El accionista mayoritario de la empresa apuntó: “El gobierno de Veracruz, de manera repentina, ilegal y arbitraria, ha dejado de pagar a GB Plus e Intermercado los descuentos a los trabajadores del sector educativo y del sector salud, destinados a cubrir los pagos por los productos y servicios proporcionados por nosotros”.
Recalcó que los burócratas deberían verificar si en realidad están haciendo los pagos correspondientes a las cuotas obrero-patronales, los impuestos al SAT y sus pensiones, pues corren el riesgo de que hasta sus jubilaciones se roben.
Detalló que, debido a que hicieron pública la irregularidad, el gobierno estatal excluyó a la firma del mercado y les impidió ofrecer más préstamos a los empleados. Hasta el cierre de la edición, la administración de Javier Duarte no se manifestó al respecto.
Por recomendación de la empresa, trabajadores afectados acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acusar violación a su derecho de disponer libremente de sus sueldos; sin embargo, el organismo no respondió, señaló Juan José Llanes Gil, asesor legal de Intermercado.
Lamentaron que pocos estén dispuestos a denunciar y demandar a “un gobierno cuyos signos más esenciales son el cohecho, la deshonestidad y el abuso”.
