Crece el abandono de obligaciones alimentarias en Tamaulipas, donde este año suman ya 1,020 carpetas de investigación abiertas por esta causa. Con el fin de reducir su incidencia, se busca legislar para que los padres omisos pierdan en su vejez el derecho a reclamar manutención de los hijos que económicamente violentaron.
El reporte estadístico de la Fiscalía de Justicia del Estado, indica que en agosto se presentaron 142 denuncias penales y es la cifra mensual más alta de 2025, pues en enero se tuvo un registro de 107, en febrero y en marzo 133 cada uno, en abril 110, en mayo 136, en junio 131 y en julio 128.
“La obligación alimentaria en la familia tiene carácter recíproco: quien da alimentos, a su vez, tiene derecho a recibirlos”, apunta una iniciativa de adición al artículo 304 del Código Civil Federal, para acotar la posibilidad de que quienes fueron padres desobligados, al llegar a una edad avanzada demanden pensión a sus hijos.
La diputada federal, Claudia Hernández Sáenz, señala que un padre que negó el sustento a su hijo menor de edad, causándole con ello graves daños, no debe pretender, al llegar a la vejez, reclamarle alimentos e incurrir con ello en una revictimización.
“Los hijos abandonados merecen vivir libres de cargas injustas en su vida adulta; obligarlos a sostener económicamente a quien los violentó, implica perpetuar la cadena de vulneraciones iniciada en la infancia, contraviniendo así el principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4º Constitucional”.
Por ello, la legisladora de Reynosa propone incorporar de manera expresa una causal de exención de la obligación alimentaria hacia los padres, la cual no existe hasta ahora y es un vacío legal que ha sido subsanado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Y es que actualmente, los hijos mayores de edad pueden ser demandados por sus padres, sin que la ley exija revisar el historial de cuidados, es decir, procede la pensión, incluso si el progenitor abandonó a su hijo en la infancia”, subraya.
Hernández Sáenz afirma que el incumplimiento de obligaciones parentales no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una problemática estructural reflejada en los datos oficiales.
El Inegi en su Estadística de Divorcios, revela que en solo 39.6% de las disoluciones del vínculo conyugal se estableció pensión alimenticia a favor de los hijos, quedando el resto desprotegido las rupturas matrimoniales.
Por su parte, la abogada Gabriela Ibarra Lozano, dijo que las demandas de pensiones alimentarias son de los asuntos que más se reclaman en los juzgados civiles de Altamira.
“Tamaulipas es uno de los estados con mayor índice de abandono de las obligaciones alimenticias; la zona sur no es excepción y esto se refleja en las demandas civiles que se promueven en Altamira y que es de los casos más frecuentes”, expuso la ex procuradora del DIF en la ciudad industrial.
SJHN
