Para disminuir la violencia y evitar que haya “narcotraficantes ricos y campesinos pobres”, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, expresó su respaldo para que el Senado apruebe la propuesta de legalizar la amapola en la ruta medicinal.
“La amapola lleva el propósito de disminuir la violencia en las partes altas y es un asunto que tiene que ver con toda la presión, con toda la adversidad que viven los campesinos en las partes altas de Guerrero.
“Yo lo que creo es que no podemos seguir viendo narcotraficantes ricos y campesinos pobres; mi planteamiento es que se pueda contemplar un programa piloto en la ruta medicinal”, expresó, por lo que espera que la Cámara Alta, en un periodo extraordinario, pueda atender la propuesta.
En entrevista, durante la entrega de fertilizantes en Coyuca de Benítez, el mandatario guerrerense agregó que en varios países se produce dichos enervantes con fines medicinales, y esas naciones se han colocado en otras circunstancias, por lo que confió en que su propuesta logre consensos.
Astudillo señaló que el caso de la mariguana ya avanzó, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una iniciativa al Congreso. “Yo espero que en el Senado, en un periodo extraordinario, puedan atender la propuesta”.
El gobernador insistió en que se trata de “un plan piloto que en alguna parte (del estado), donde se hace, donde se cultiva, donde se cosecha para la ilicitud, se pueda sembrar y cosechar, pero en la ruta medicinal”.
Detalló que no solo se trata de hallar una solución a la siembra de cultivos ilegales, sino proponer la sustitución, hacer más carreteras, más escuelas y, sobre todo, más inversiones en proyectos productivos.
También se refirió a la situación del municipio de Chilapa, donde dijo que ya regresó la tranquilidad con el Ejército, la Policía Federal y las autoridades del estado.
El gobernador anunció que la próxima semana, por acuerdos del gabinete de seguridad en la entidad, será nombrado el nuevo vocero en materia de seguridad.
Acusan “ineficiencias”
Organizaciones civiles denunciaron que a un año de la desaparición de 16 personas en Chilapa, Guerrero, la investigación ha sido “ineficiente”, debido a la “falta de voluntad política” de las autoridades.
En mayo del año pasado, unos 300 civiles armados, que se identificaron como “policías comunitarios”, irrumpieron en Chilapa, tomaron edificios públicos e instalaron retenes en los accesos.
Desde que se produjo el retiro de estos hombres armados, las autoridades no han dado “con indicios o respuestas sobre el paradero de alguno de los desaparecidos de aquellos terribles seis días”, aseguraron las asociaciones en un comunicado.
Tampoco se ha ofrecido respuesta a la violencia “generalizada” en Chilapa y sus alrededores, aseguraron.
Y es que el municipio, situado al pie de la montaña de Guerrero, es un punto estratégico para los grupos criminales rivales de los Ardillos y los Rojos.
Los poderes públicos únicamente han “simulado” atender el caso, como ocurrió con la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el gobernador del estado, Héctor Astudillo, recordaron las organizaciones.
Ante la falta de resultados, llamaron a los familiares de los desaparecidos de Guerrero a hacer un frente común para realizar acciones coordinadas, como búsquedas inmediatas que no abonen a la simulación por parte de las autoridades competentes.
Además de la creación de una fiscalía especial de desaparición de personas dentro del estado, integrada por personal interdisciplinaria, autónomo y capacitado para atender estos casos.
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Con información de Eugenia Jiménez
