Autoridades comunitarias de la región Montaña Baja de Guerrero denunciaron el asesinato de Juan Francisco Chino Díaz, integrante de la Policía Comunitaria, quien habría sido interceptado por hombres armados presuntamente vinculados al grupo criminal Los Ardillos, a unos 200 metros de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez.
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Exigen justicia y captura de los responsables
A través de un boletín informativo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, fundadores de la región Montaña Baja (CRAC-PC-PF), junto con autoridades municipales de 11 comunidades que pertenecen a la Policía Comunitaria Casa de Justicia de Alcozacán, exigieron justicia por el homicidio y demandaron a los gobiernos federal y estatal detener a los responsables.
De acuerdo con la denuncia, Chino Díaz fue privado de su libertad el viernes, cuando se dirigía a su comunidad después de salir del municipio de Chilapa de Álvarez.
Los comunitarios señalaron que un testigo presencial identificó a los agresores como hombres armados presuntamente pertenecientes a Los Ardillos; sin embargo, indicaron que por el momento no pueden revelar su identidad.
Uno de los señalamientos centrales de las autoridades comunitarias es que la agresión ocurrió cerca de donde se encuentra instalada una base de seguridad del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de existir presencia de la Policía Estatal.
Cuestionaron que, pese al despliegue de corporaciones de seguridad en la zona, no se haya logrado frenar la violencia contra habitantes de las comunidades, quienes, señalaron, tienen que trasladarse a Chilapa para realizar compras o recibir atención médica.
Acusan impunidad
En el pronunciamiento también acusaron que, pese a las denuncias presentadas contra integrantes de Los Ardillos, no se ha detenido a quien identifican como su principal dirigente, Jesús Ortega Jiménez.
Las autoridades comunitarias responsabilizaron al gobierno estatal de permitir que continúe la violencia y exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intervenir para garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, denunciaron que, en lugar de detener a los presuntos responsables de los homicidios, se han abierto carpetas de investigación contra integrantes de su organización, situación que calificaron como un acto de corrupción e injusticia.
Finalmente, advirtieron que no permitirán que los habitantes de sus comunidades continúen siendo víctimas de ataques armados y demandaron que las investigaciones se traduzcan en detenciones y castigo para los responsables.
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ML
