La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala entregó el cuerpo de Blanca Adriana hasta que la familia denunció ante medios de comunicación que habían pasado más de 24 horas del hallazgo, el trámite se encontraba estancado además amagaron a la dependencia con una manifestación.
Minutos después de la denuncia, poco antes de las nueve de la noche el personal del Instituto de Ciencias Forenses entregó el cuerpo a la funeraria para que se hiciera la preparación y la familia pudiera velarlo. Al cierre de esta edición, la intención de la familia era velarlo durante la madrugada en su domicilio de Puebla, en la zona de Bosques de Manzanilla y en las primeras horas del sábado partir a Huauchinango, de donde era originaria.
Estimaban recibir el cuerpo cerca de las dos de la madrugada para que familiares y amigos pudieran despedirse. Cabe recordar que el cuerpo de Blanca Adriana fue abandonado en una zanja, después de que fue sacada inconsciente de una clínica clandestina de belleza. El lunes 18 de mayo ingresó al inmueble junto a su esposo para preguntar por una cirugía de microaire para retirar grasa abdominal.
En la cirugía algo salió mal, la falsa doctora Diana P., su hijo y la recepcionista sacaron el cuerpo en un vehículo rojo que al siguiente día fue ubicado por la Fiscalía General del Estado abandonado en un domicilio del fraccionamiento El Pilar del municipio de San Andrés Cholula.
Se abren debate por regulación
El caso de Blanca Adriana Vázquez volvió a colocar en la agenda pública el funcionamiento de establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos y los alcances de la regulación sanitaria y administrativa en Puebla. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano señaló que el Congreso estatal podría abrir una revisión del marco normativo para evaluar ajustes que permitan fortalecer la prevención y supervisión sobre este tipo de servicios.
En entrevista para Telediario Puebla, la legisladora explicó que actualmente existe una iniciativa previamente aprobada por el Congreso del Estado relacionada con este tema, aunque precisó que su alcance se limita a sanciones administrativas y no contempla consecuencias penales. Indicó que originalmente se discutieron mecanismos más amplios, pero el dictamen aprobado se concentró en medidas de carácter regulatorio.
Sostuvo que, más que incrementar penas de manera automática, el desafío central se encuentra en la aplicación efectiva de la legislación existente y en la coordinación entre autoridades municipales, sanitarias y de protección civil. Señaló que la apertura y operación de establecimientos requiere autorizaciones vinculadas a distintos niveles de gobierno, incluyendo permisos de funcionamiento y revisiones sanitarias.
