Este viernes 22 de mayo, la sucursal de Detox Clínica ubicada en el Centro Médico de la colonia Anzures amaneció con sellos de clausura, luego de que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, suspendiera operaciones en dicho establecimiento por posibles irregularidades.
Lo anterior, tras el caso de Blanca Adriana Vázquez, mujer de 37 años de edad que acudió a Detox Clínica en Zavaleta, para realizarse un procedimiento estético y posteriormente fue encontrada sin vida en el estado de Tlaxcala.
#Puebla || ????La Secretaría de Salud suspendió la sucursal de Detox Clínica en Anzures tras el caso de Blanca Adriana Vázquez, quien acudió a la sede de Zavaleta para un procedimiento estético y luego fue hallada sin vida en Tlaxcala.
— Milenio Puebla (@Milenio_Puebla) May 22, 2026
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De acuerdo con los primeros reportes, Blanca Adriana Vázquez fue reportada como desaparecida el pasado lunes 18 de mayo, luego de asistir a una de las sucursales de Detox Clínica en Puebla para solicitar informes sobre una cirugía no invasiva; sin embargo, presuntamente fue convencida de realizarse el tratamiento en ese momento.
Florencio Ramos Sánchez, esposo de Blanca Adriana, relató que la acompañó a la clínica y que, después de aproximadamente una hora, la presunta doctora que operaba el establecimiento salió para pedirle que comprara una faja. No obstante, cuando regresó al lugar, la clínica ya se encontraba cerrada.
Ramos Sánchez manifestó su preocupación por la situación, por lo que el propietario del edificio donde se ubica la clínica le permitió acceder a las cámaras de seguridad. En las grabaciones, observaron que Blanca Adriana fue retirada inconsciente del inmueble en un Mini Cooper rojo.
Ante ello, familiares realizaron jornadas de búsqueda y volanteo para tratar de localizarla. Sin embargo, fue hasta el 21 de mayo cuando se confirmó la localización sin vida de Blanca Adriana en una zanja del municipio de Altzayanca, Tlaxcala.
Por el momento, continúan las investigaciones ministeriales por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y de Tlaxcala para determinar las posibles responsabilidades administrativas y legales.
BTO