Tras una audiencia de poco más de dos horas, un juez de control determinó no vincular a proceso a Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa A.C., quien fue señalado por el delito de extorsión por parte de una empresa.
Con la resolución, el activista ambiental finalmente declaró en exclusiva a MILENIO que la acusación, presentada a finales del año pasado, deriva de sus acciones contra un megaproyecto inmobiliario en Yucatán, como parte de su trabajo en defensa del territorio el medio ambiente.
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La diligencia se llevó a cabo en la sala cinco de los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande, Jalisco, bajo la conducción del juez Christopher Daniel. Ahí, el Ministerio Público no logró acreditar los elementos mínimos necesarios para sostener la imputación, lo que derivó en un auto de no vinculación a proceso.
Al salir de la audiencia, Oceransky sostuvo que la resolución judicial confirma que la acusación en su contra carecía de sustento, incluso bajo los estándares más básicos del sistema penal.
“Finalmente, lo que se determinó en la audiencia es que no hay elementos, pero una vinculación a proceso. (…) Y quiero señalar que, en esta fase, de todo el proceso, el estándar es mínimo, o sea, con los más mínimos indicios te vinculan a proceso; el hecho de que el juez haya decidido que no existen ni siquiera esos elementos mínimos, lo que quiere decir, básicamente, desde el punto de vista es que está claro, ¿no? Se ha se ha demostrado ante el tribunal que, ante el juzgado, que es básicamente un caso fabricado”.
Acusa represalias
De acuerdo con su versión, la denuncia en su contra fue impulsada por intereses vinculados a un megaproyecto inmobiliario en Yucatán, el cual previamente había denunciado por presuntas irregularidades ambientales: “Ahora ya sí puedo hablar de quién está detrás de esta denuncia, que es el, bueno, el mayor desarrollo inmobiliario, el de más alto perfil en Yucatán, que se llama ciudad Maderas Peninsular. (…) es un desarrollo que se ha llevado a cabo de forma completamente ilegal”.
Según explicó, en febrero de 2023 interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de detectar la presunta construcción de infraestructura sin las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, acusó opacidad en el seguimiento del caso por parte de la autoridad.
“El problema es que con Profepa (…) es como una caja negra, uno denuncia y no le dan visibilidad absolutamente nada de qué pasa con la denuncia”, dijo.
El activista detalló que, tras el cierre de la investigación por parte de la dependencia en 2025, promovió un amparo que derivó en la suspensión judicial del proyecto. A partir de ese momento, aseguró, comenzaron amenazas, campañas de desprestigio y, eventualmente, el proceso penal en su contra. “Después de esto, empieza una campaña tremenda de desprestigio y de ataques y amenazas hacia mí. (…) aparte de amenazas de muerte”, denunció.
Irregularidades en el proceso
Inicialmente, la carpeta de investigación contemplaba el delito de extorsión, pero durante el proceso la fiscalía modificó la acusación por amenazas.
Oceransky afirma que la imputación se basó en una supuesta llamada telefónica que, insistió, nunca realizó: “Ellos afirman, de forma totalmente falsa, que yo hice una llamada desde un número que ni siquiera es mío (…) No han podido acreditar que yo haya hecho ninguna llamada telefónica”.
Denunció que durante el proceso se presentaron diversas irregularidades, entre ellas la emisión de una orden de aprehensión basada en datos incorrectos, “en un domicilio inexistente. (…) Si no llega a pasar eso, a mí me hubiesen arrestado, sin saber yo nada de nada, en Yucatán, me hubieran traído aquí, sin que nadie supiera lo que hubiera pasado”.
Por su parte, la abogada defensora, Lorena Antonia Champoll, explica que el resultado de la audiencia se debió a la falta de consistencia en la investigación ministerial. La estrategia de defensa, detalló, se centró en desacreditar los elementos presentados por la fiscalía y en aportar pruebas propias, “la defensa consistía en tres ejes fundamentales; fue una defensa activa, se recabaron datos de prueba por parte de nosotros como defensa”.
También cuestionó la calidad de las pruebas en su contra, “la Fiscalía únicamente sostuvo su teoría del caso en cinco datos de prueba (…) incluidos únicamente capturas de pantalla para demostrar una llamada”.
La litigante advirtió que el proceso aún podría continuar si la Fiscalía decide apelar la resolución, aunque aseguró que están preparados para ello, “sabemos que tienen el derecho de impugnar, probablemente apelen, y ahí estaremos ejerciendo (…) la defensa a favor de Sergio”.
Asimismo, alertó sobre posibles riesgos derivados de la exposición pública del caso, “no solamente él está en un grave peligro, sino también aquellos que no solamente lo representan (…) hacemos responsables a todas aquellas personas de lo que pudiera pasarnos”.
Lo que sigue
Tras la resolución, el activista señala que, aunque obtuvo su libertad sin medidas cautelares, su principal preocupación no es solo el resultado jurídico, sino lo que pueda ocurrir después, “es qué tipo de acciones extrajudiciales (…) posibles ataques, violencia de todo tipo”.
Incluso puntualiza que ha solicitado su incorporación al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, sin obtener respuesta hasta el momento. Además, adelanta que continuará con acciones legales contra autoridades ambientales y contra la empresa que lo denunció, al considerar que existe una colusión institucional, “voy a seguir evidentemente con todo ese trabajo para que rindan cuentas ante la ley los responsables”.
Oceransky enfrenta otro proceso judicial en Yucatán, junto con integrantes de comunidades mayas, lo que, dice, forma parte de un patrón de criminalización contra defensores del territorio.
Con la resolución judicial, el activista recupera plenamente su libertad, sin restricciones para viajar o declarar públicamente, pero todavía queda pendiente la seguridad para quienes, como él, luchan en defensa del territorio y el medio ambiente.
JVO
