En rueda de prensa el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) hizo un llamado urgente al Gobierno Federal y a las autoridades de Jalisco y Yucatán para garantizar la seguridad de Sergio Oceransky, activista ambiental.
Esto luego de que se le busca judicializar por el delito de amenazas contra una empresa privada y por lo que el próximo domingo enfrentará una audiencia de vinculación a proceso en su contra.
“América Latina se encuentra en los primeros lugares de riesgo para la defensa ambiental y del territorio junto con Colombia y Brasil, tan sólo en el 2025 en el país fueron asesinados 40 defensores de derechos humanos, ellos en su mayoría defensores de la tierra y el territorio”, informó María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitario.
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Sergio Oceransky es un ambientalista y Director de la Fundación Yanza, quien acompaña a comunidades mayas en la defensa de su territorio, por lo que el CEPAD buscó visibilizar la criminalización del defensor de derechos humanos y expresaron su solidaridad.
La organización señaló que la judicialización de Oceransky es una estrategia de opresión utilizada contra defensores ambientales, una de las labores más riesgosas en el país.
¿Por qué fue detenido Sergio Oceransky?
Sergio fue detenido el pasado 6 de abril en Puente Grande debido a que ignoraba una medida cautelas de suspensión que impedía ejecutar una orden de aprehensión que, a su vez, se basó en notificaciones fraudulentas en un domicilio inexistente, en el municipio de Zapopan, a lo que el activista declaró que nunca ha vivido en Jalisco y no cuenta con propiedades en la entidad.
“Veo la carpeta administrativa y veo la base con la que se emitió la orden de aprehensión que son dos actas donde señalan que me citaron el 5 y 6 de febrero en un domicilio en Zapopan, yo jamás he vivido en Jalisco, nunca he trabajado aquí”, explicó el activista.
Durante la audiencia de imputación, en la que Oceransky se apegó al término de 144 horas, el juez le impuso medidas cautelares restrictivas, incluyendo una mordaza que le impide hablar sobre los intereses detrás del caso y no salir de Jalisco.
Por último solicitaron al Consejo de la Judicatura investigar el actuar irregular del juzgado de control por notificar en domicilios inexistentes y denunciaron la inacción y el trato revictimizante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco al no atender la crisis de Sergio y su equipo con la inmediatez requerida.
JVO
