El lunes pasado, el activista ambiental Sergio Daniel Oceransky Lozano cruzó la puerta de un juzgado en Tonalá, Jalisco, con la certeza —o al menos la esperanza— de que su presencia bastaría para cumplir con la ley.
Había recibido un citatorio y decidió acudir. Días antes, un juez federal en Yucatán le había concedido una suspensión que, en teoría, lo protegía de ser detenido si se presentaba voluntariamente.
Pero no ocurrió así. Apenas se registró en las instalaciones, agentes ministeriales lo rodearon y ejecutaron la orden de aprehensión. El activista, que llegó por su propio pie, salió esposado.
Detrás de ese momento hay una historia que comenzó en noviembre de 2025, cuando se presentó una denuncia en su contra por presunta extorsión y que, en pocos meses, avanzó hasta convertirse en una orden de captura. Sin embargo, ya frente al juez, la acusación se movió: la Fiscalía dejó atrás el delito inicial y lo señaló únicamente por amenazas.
Oceransky recuperó la libertad, pero no la tranquilidad. Ahora permanece en Jalisco, obligado a firmar todos los días y a no salir del estado, mientras el proceso sigue su curso y él insiste en que todo forma parte de una persecución ligada a su trabajo en la defensa del territorio.
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"Nunca había estado en Jalisco"
Tras su liberación, Oceransky Lozano habló con MILENIO sobre su detención en Jalisco, un proceso que, asegura, está ligado a su labor en defensa de pueblos mayas.
Director de la fundación Yansa, una asociación civil que acompaña procesos comunitarios de defensa del territorio, Oceransky llegó a Guadalajara únicamente para atender un citatorio judicial. Nunca antes había estado en la entidad.
“Yo nunca he vivido en Jalisco, ni he vivido ni he trabajado ni conozco a nadie. Lo único que he hecho ha sido cambiar de aviones en el aeropuerto de Guadalajara”, relata.
Fiscalía cambia acusación: de extorsión a amenazas
Su presencia en el estado respondió exclusivamente a una audiencia derivada de una denuncia en su contra por el delito de presunta extorsión, interpuesta en noviembre de 2025. Sin embargo, durante el proceso, la acusación cambió.
“Me estaban acusando de extorsión… sin embargo, ayer en la audiencia, ya la fiscalía no solicita que se me impute por extorsión, solamente solicita que se impute por amenazas”.
El caso, sostiene, carece de sustento. “No tiene absolutamente ningún fundamento ni ningún dato de prueba realmente válido, es una fabricación así de muy mala calidad”.
Denuncia detención pese a suspensión judicial
El activista detalla que, previo a su traslado a Jalisco, promovió un amparo al tener conocimiento de una orden de aprehensión en su contra. Un juez federal en Yucatán le concedió una suspensión que impedía su ejecución, siempre y cuando se pusiera a disposición del juez correspondiente.
Oceransky cumplió con lo establecido. Sin embargo, al acudir al citatorio, fue detenido en Tonalá.
“Para mi sorpresa, cuando llego a… los juzgados, me registro y posteriormente soy arrestado. Se me ejecuta la orden de aprehensión, a pesar de haberme presentado a un citatorio dictado por ese juez”.
La detención ocurrió, además, en un contexto que calificó como irregular. “Recibo un citatorio para presentarme… y, bueno, cuando recibo este citatorio… vengo para acá, confiado en que se va a respetar… la orden de suspensión dictada por el juez federal”.
Incluso, asegura que las autoridades tenían conocimiento de dicha suspensión. “El juez tenía conocimiento de la orden de suspensión… lo cual demuestra que él tenía conocimiento perfectamente… de que no se podía ejecutar”.
Durante el operativo, denunció un trato inicial agresivo. “En cuanto salgo, se me echaron encima varios agentes ministeriales… con una actitud muy agresiva… enseguida me esposaron”. Posteriormente, dijo, el trato cambió. “Ya cuando sí me llevaron, la verdad, los que… tuve trato directo fueron muy amables… pero, al principio, sí fue un trato así como muy… muy agresivo”.
Proceso acelerado y restricciones judiciales
La rapidez con la que avanzó la denuncia es otro de los puntos que cuestiona. La carpeta se abrió en noviembre de 2025, fue judicializada ese mismo año y en febrero se emitió la orden de aprehensión.
“En noviembre se producen los hechos… ya en 2025 mismo se judicializa la carpeta… y ya en febrero emite el juez de control la orden de aprehensión”.
Tras su detención y posterior liberación, el activista deberá permanecer en Jalisco mientras continúa el proceso. Entre las medidas impuestas están la firma diaria ante juzgados y la prohibición de salir del estado.
“Me han puesto una serie de… obligaciones, entre ellas no abandonar Jalisco… también tengo que ir a firmar todos los días a los juzgados”.
La audiencia iniciada tras su detención continuará en los próximos días.
“La audiencia… va a continuar el domingo a las 10 de la mañana”. Además, explicó que no puede dar mayores detalles del caso debido a restricciones legales. “Me pusieron una serie de medidas por las cuales no puedo realmente hablar de quién es quien me está acusando… por eso estoy como muy limitado”.
Acusa criminalización de defensores ambientales
El activista atribuye lo ocurrido a su trabajo como defensor ambiental, particularmente en el acompañamiento a comunidades indígenas frente a megaproyectos.
“Yo llevo ya muchos años haciendo un trabajo… en situaciones en las que había megaproyectos o procesos de despojo, que eran violatorios de los derechos de comunidades mayas”.
Desde 2017, su labor en Yucatán ha estado enfocada en estos procesos, lo que, asegura, ha derivado en campañas de desprestigio y amenazas. “Ha generado evidentemente… toda una campaña de… desprestigio, amenazas y demás”.
Su trayectoria, dice, comenzó desde joven. “Mi activismo me viene desde muy pequeño… desde los 14 años ya tengo trabajo… en causas socioambientales”. A lo largo de su carrera ha trabajado con comunidades en distintas regiones del país, principalmente indígenas, brindando acompañamiento legal y organizativo.
Sin embargo, reconoce que esta labor implica riesgos constantes. “Todo el mundo que se mete en los sistemas sabe que… es peligroso”. En algunos casos, incluso, ha asumido personalmente acciones legales para proteger a su equipo y a las comunidades. “En determinados casos… ya tomé acción yo a título personal, para no arriesgar al resto del equipo”.
El activista advierte que su caso no es aislado, sino parte de un patrón más amplio de criminalización contra defensores del territorio. “Hay muchas compañeras y muchos compañeros… que tienen carpetas de investigación abiertas… los tienen en un limbo”.
Estas denuncias, señala, se utilizan como mecanismos de presión. “Las fiscalías estatales continúan siendo utilizadas… para básicamente presionar a quienes están buscando que se cumpla la ley”. También alertó sobre los riesgos que enfrentan las comunidades.
“Imagínense lo que les harían si llega a ser gente de la comunidad maya la que llega a denunciar estas ilegalidades”.
Aunque asegura que las acusaciones en su contra no le preocupan en el ámbito legal, sí lo hacen las posibles represalias fuera del sistema judicial. “Lo que me preocupa es más bien las acciones extrajudiciales… eso sí es una preocupación seria”.
Finalmente, agradeció el respaldo recibido tras su detención y advirtió que el proceso apenas comienza. Mientras avanza su caso, el activista permanecerá en Jalisco, a la espera de que el juez determine si será vinculado a proceso por un delito que asegura no cometió.
JVO
