Un bebé recién nacido, envuelto en sábanas, viaja en brazos de una mujer que conduce una moto eléctrica por las calles de León. Detrás, otra niña se sostiene de la ropa de quien aparentemente es su madre. Ninguna lleva casco. Los tres avanzan sobre una vialidad compartida con automóviles, en una escena que exhibe cómo estos vehículos han ganado las calles de Guanajuato mucho antes de que las autoridades definan las reglas para circular.
La imagen, documentada por MILENIO en el cruce de los bulevares Las Torres y Francisco Villa, en el oriente de León, no es un caso aislado. En otro punto de la ciudad, una mujer transporta a un menor sujeto a su cuerpo con una tela para evitar que caiga del vehículo. Tampoco llevan equipo de protección.
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Los scooters y las motos eléctricos se han convertido en una alternativa de transporte para trabajadores, estudiantes y familias que buscan desplazarse más rápido y gastar menos. Sin embargo, su creciente presencia también ha dejado al descubierto un vacío de regulación, infraestructura y medidas de seguridad.
Mientras estos vehículos ya trasladan hasta cuatro personas en una sola unidad, los 46 municipios de Guanajuato siguen sin adecuar sus reglamentos de movilidad, pese a que el plazo legal vence el próximo 25 de noviembre.
La falta de regulación ocurre en medio de accidentes que ya han cobrado vidas.
El pasado 6 de octubre, un niño de cinco años murió tras ser atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar una avenida junto con su madre. Ambos se desplazaban en un patín eléctrico sobre el bulevar Juan José Torres Landa, a la altura del acceso al fraccionamiento Cumbres La Gloria, también en León.
El caso evidenció los riesgos que enfrentan los usuarios de estos vehículos al compartir las vialidades con unidades motorizadas, particularmente cuando transportan menores de edad.
La ley avanza, los municipios no
La regulación de los vehículos de micromovilidad eléctrica fue aprobada durante el periodo legislativo anterior y entró en vigor el 29 de mayo de 2026.
A partir de entonces, los 46 ayuntamientos recibieron un plazo de 180 días para modificar sus reglamentos y establecer las condiciones bajo las cuales podrán circular los scooters, motos y otros vehículos eléctricos de pequeñas dimensiones.
Sin embargo, a menos de 40 días de que concluya ese periodo, los municipios consultados por MILENIO reconocieron que no han concretado las adecuaciones ni las modificaciones necesarias a la infraestructura vial. Tampoco tienen fechas definidas para hacerlo.
Rolando Fortino Alcántar Rojas, diputado del PAN e integrante de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso estatal, recordó que los gobiernos municipales tienen la obligación de establecer las condiciones de circulación y seguridad.
“Se les dieron seis meses, 180 días a los ayuntamientos para que adecuaran sus reglamentos y regular el uso, y acatar los temas de seguridad conforme a lo que marca la ley, y analizar la manera de cómo van a transitar y cómo van a hacer su movilidad dentro de cada uno de los municipios”, explicó.
El legislador precisó que, para ser considerados vehículos de micromovilidad, no deben superar los 25 kilómetros por hora.
Bajo ese criterio, explicó, su circulación sería semejante a la de las bicicletas, por lo que podrían utilizar las ciclovías y, donde estas no existan, desplazarse por el arroyo vehicular conforme a las disposiciones aplicables.
“Cuando no hay ciclovía, circularían por el arroyo vehicular, bajo las reglas de las bicicletas y bajo la preferencia del resto de los vehículos, ya sea el transporte público, los vehículos individuales, los vehículos de carga, dándole preferencia a las bicicletas”, señaló.
Alcántar Rojas insistió en la necesidad de utilizar casco y equipo de seguridad, independientemente del espacio por el que circulen.
Su compañera de bancada, Karol Jared González Márquez, reiteró que los municipios tienen hasta el 25 de noviembre para realizar las modificaciones y definir por dónde podrán desplazarse estos vehículos.
El objetivo, sostuvo, es garantizar el orden en las vialidades y proteger tanto a los usuarios de scooters y motos eléctricas como a peatones, ciclistas y automovilistas.
Por su parte, Ernesto Millán Soberanes, diputado de Morena e integrante de la misma comisión legislativa, advirtió que la ausencia de espacios adecuados también pone en riesgo a quienes caminan por las banquetas.
“Ellos (los municipios) son quienes tendrán que implementar este tipo de medidas para la seguridad de todas y de todos. Tanto incluyo a los transeúntes porque también pues vemos que luego con estos patines salen sobre las banquetas porque no hay un espacio destinado para el libre tránsito de los mismos”.
El legislador consideró urgente avanzar en la regulación para evitar nuevos accidentes.
Más baratos y rápidos, pero sin protección
Para quienes utilizan estos vehículos diariamente, las ventajas económicas y de movilidad pesan más que los riesgos.
Juan José Hernández Ramírez es uno de los padres de familia que encontró en un scooter una alternativa para recoger a su hijo del kínder.
Desde hace aproximadamente un año lo utiliza todos los días porque representa un ahorro frente a otros medios de transporte.
Aunque la unidad está diseñada para una sola persona, el hombre acomoda a su hijo para que ambos puedan viajar.
Lo hace sin equipo de protección.
Asegura que nunca han sufrido un accidente porque “nosotros siempre nos vamos por la ciclovía”.
Su caso refleja una práctica que MILENIO encontró durante un recorrido por León: vehículos concebidos para transportar a una persona que terminan utilizados para trasladar a dos, tres y hasta cuatro integrantes de una familia.
Brenda Manzano Alvarado también encontró en el scooter una solución a sus problemas de movilidad.
Hace seis meses decidió comprar uno debido a las deficiencias del transporte público de León. Desde entonces, asegura que llega más rápido a su trabajo y puede desplazarse con mayor facilidad.
“Siempre trato de no irme tan rápido y voy al pendiente de las personas que va pasando”, explicó.
Sin embargo, tampoco utiliza casco.
La joven reconoció que la falta de espacios específicos para estos vehículos complica sus recorridos. Cuando circula por la calle, debe compartir espacio con automóviles cuyos conductores no siempre aceptan su presencia; cuando utiliza las ciclovías, también enfrenta dificultades.
Pese a ello, no contempla dejar de utilizarlo.
La ley exige infraestructura y medidas de seguridad
La Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios establece, en su artículo 14 Bis, la obligación de destinar recursos a programas, acciones y proyectos prioritarios en materia de movilidad y seguridad vial.
Entre las disposiciones incorporadas se encuentra la de: “Promover y fortalecer la infraestructura, reglamentación y medidas de seguridad para el uso de vehículos de micromovilidad eléctrica, asegurando su integración segura en el sistema de movilidad y su adecuada convivencia con peatones, ciclistas, transporte público y transporte motorizado y no motorizado”.
La legislación también establece que los reglamentos municipales deberán definir las zonas permitidas para circular, horarios, dispositivos de seguridad, requisitos de uso y condiciones de estacionamiento en espacios públicos.
Además, deberán considerar las características técnicas de los vehículos, su velocidad, peso y nivel de riesgo.
“Dichas disposiciones deberán atender las particularidades técnicas, de velocidad, masa y riesgo de dichos vehículos, a fin de garantizar la seguridad vial, la integridad de las personas usuarias y la convivencia armónica con peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública”.
Aunque estas obligaciones ya están contempladas en la legislación estatal, su aplicación depende de las adecuaciones que deben realizar los ayuntamientos.
Y hasta ahora, los municipios consultados no han concluido ese proceso.
León todavía analiza por dónde circularán
En León, una de las ciudades donde MILENIO documentó el traslado de familias y menores de edad en motos y scooters eléctricos, las autoridades siguen evaluando qué espacios podrán utilizar estos vehículos.
Miguel Ángel Mares de la Mora, director de la Policía Vial, adelantó que una de las alternativas consiste en permitir que las unidades cuya velocidad no supere los 25 kilómetros por hora circulen por las ciclovías.
En cambio, aquellas que excedan ese límite tendrían que desplazarse por el arroyo vehicular, conforme a las disposiciones que finalmente se establezcan.
“Hemos contemplado canalizarlos por las ciclovías, ya que son vehículos con dimensiones muy pequeñas. Obviamente hay alguno que exceden los límites de velocidad, y ya tendríamos que ver la estrategia para que respeten los límites de velocidad”, explicó.
El funcionario indicó que también será necesario considerar las dimensiones de cada vehículo, su capacidad de desplazamiento y el número de asientos.
No obstante, reconoció que todavía no existe una definición.
“Ya es necesario hacer una modificación al reglamento, pero todavía estamos esperando a ver cómo lo maneja el estado para nosotros hacer lo propio”, señaló.
La regidora Dessire Ángel Rocha, vocal de la Comisión de Servicios Públicos Municipales y Movilidad, confirmó que León tampoco ha realizado las adecuaciones.
Argumentó que el proceso requiere la participación de distintas dependencias y un análisis técnico especializado.
“Ningún municipio la ha armonizado, porque, te digo, no son enchiladas. Definitivamente requiere de un trabajo técnico y muy especializado”.
La edil reconoció la importancia de regular estos vehículos para prevenir accidentes, aunque las modificaciones continúan pendientes.
Celaya arrastra una década de rezago
En Celaya, el problema va más allá de establecer nuevas reglas: las autoridades reconocen que la infraestructura disponible presenta un atraso de años.
Miguel Villanueva Flores Villar, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, señaló que todavía se analiza si las ciclovías representan una alternativa viable para los scooters y motos eléctricas.
La dificultad, explicó, es que buena parte de esa infraestructura no se encuentra en condiciones adecuadas.
“Recordemos que la tecnología, los avances, pues nos están alcanzando y nosotros en materia de reglamentaria por lo menos traemos un atraso en el municipio de Celaya de 10 años”, reconoció.
Aunque inicialmente se contempla que los vehículos no motorizados utilicen las ciclovías, el deterioro de estas instalaciones mantiene abierta la discusión.
El regidor agregó que también será necesario analizar la instalación de electrolineras para atender las necesidades de los vehículos eléctricos.
Irapuato ni siquiera inicia los trabajos
En Irapuato, el rezago es todavía más evidente.
Ignacio Morales Rojas, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Gobierno y Movilidad, reconoció que no se han realizado mesas de trabajo para adecuar el reglamento.
Ante la pregunta de MILENIO sobre los avances, respondió:
“Todavía no… con relación a ese tema, no. De hecho, tenemos muchos reglamentos muy atrasados”.
El funcionario admitió la necesidad de establecer disposiciones para los vehículos de micromovilidad, pero confirmó que no se ha trabajado en ellas, pese a la cercanía del vencimiento del plazo.
Una situación semejante ocurre en Moroleón, donde el uso de scooters y motos eléctricas tiene una presencia importante entre la población.
La regidora Nancy Torres Juárez señaló que tampoco conoce avances en la modificación de las disposiciones municipales.
“Yo, personalmente, no he visto un trabajo de coordinación, no he visto avance en ese sentido. Y sí, es muy importante porque en Moroleón se mueven mucho en este tipo de vehículos eléctricos”, declaró.
La movilidad eléctrica rebasa a las autoridades
León, Celaya, Irapuato y Moroleón exhiben distintas caras de un mismo problema: vehículos que ya forman parte de la movilidad cotidiana, pero para los cuales los gobiernos municipales todavía no han definido reglas claras ni espacios seguros.
Mientras los ayuntamientos analizan si deben circular por ciclovías o calles, los usuarios ya encontraron en ellos una alternativa frente al costo y las deficiencias del transporte tradicional.
Pero esa solución también tiene riesgos: unidades sobrecargadas, menores de edad sin protección, circulación entre automóviles y peatones, e infraestructura que no fue diseñada para recibirlos.
El plazo para adecuar los reglamentos vence el 25 de noviembre. Para entonces, los municipios deberán haber definido cómo integrar estos vehículos a sus sistemas de movilidad.
En las calles de Guanajuato, sin embargo, los scooters y motos eléctricas no esperan a que termine la discusión: ya transportan trabajadores, estudiantes, familias y hasta recién nacidos. Las autoridades siguen buscando por dónde hacerles espacio.
