El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato con el objetivo de ampliar las conductas consideradas como delitos por hechos de corrupción y establecer sanciones más severas para los servidores públicos que beneficien a integrantes de asociaciones delictivas u organizaciones criminales.
La bancada priista señaló que la corrupción y la infiltración de grupos criminales en las instituciones públicas representan uno de los principales retos para el Estado, por lo que consideró necesario actualizar el marco jurídico para responder a las nuevas formas de colusión entre servidores públicos y la delincuencia.
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Actualmente, el artículo 247 del Código Penal establece que:
"Al servidor público que por sí o por medio de otro solicite, reciba o acepte promesas, dádivas o ventajas para hacer u omitir un acto lícito o ilícito relacionado con sus funciones, se le aplicará prisión de uno a ocho años y de diez a ochenta días multa."
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Alejandro Arias Ávila explicó que la propuesta contempla incrementar las sanciones cuando estas conductas estén vinculadas con organizaciones criminales.
"El PRI propone, de manera general, incrementar las sanciones para los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito del servicio público y el ejercicio ilícito de atribuciones y facultades cuando las conductas se realicen como producto de la corrupción y en beneficio de personas pertenecientes o relacionadas con una asociación delictiva u organización criminal", señaló.
La iniciativa plantea adicionar al artículo referido el siguiente supuesto:
"Cuando la conducta provenga de relaciones de servidores públicos con personas pertenecientes o relacionadas con una asociación delictiva u organización criminal, la sanción se incrementará desde la mitad del mínimo hasta la mitad del máximo de las sanciones señaladas en este artículo."
Asimismo, se propone sancionar con mayor severidad conductas relacionadas con la entrega de información privilegiada, la asignación irregular de contratos, concesiones, permisos o adjudicaciones, así como el uso indebido de recursos públicos cuando dichas acciones beneficien a grupos criminales o a personas vinculadas con éstos.
Arias Ávila resaltó que la corrupción genera graves afectaciones al desarrollo económico, debilita la confianza ciudadana y obstaculiza el fortalecimiento institucional, además de propiciar espacios para la operación de redes delictivas dentro de las estructuras gubernamentales.
Finalmente, el legislador indicó que la actualización de la legislación penal permitiría dotar a las autoridades de mayores herramientas para prevenir, investigar y sancionar conductas de corrupción vinculadas con la delincuencia organizada, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones públicas en Guanajuato.
