En el municipio de León la Policía Vial ha detenido a alrededor de 32 personas por ser presuntas acosadoras en el transporte público.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana del municipio, estas atenciones se han realizado en lo que va de este año y derivan de los reportes que la ciudadanía ha hecho al 911.
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Según el reglamento de Policía y Vialidad, las sanciones a quien incurra en dicha conducta van desde 36 horas de arresto o una multa de hasta 100 UMAS, lo que equivale a cerca de 11 mil 314 pesos aproximadamente.
Además, si las víctimas de acoso deciden interponer una denuncia ante el ministerio público y la Fiscalía General del estado de Guanajuato, ésta instancia interviene al grado de que inician un proceso penal ante un juez. Este año de esas 32 detenciones de la policía vial de León a presuntos acosadores, la Fiscalía ya detuvo a siete que seguirán su curso de este proceso penal.
Este trabajo es en conjunto con las autoridades de Movilidad de León, quienes dieron a conocer que ante un supuesto caso se cuenta con un lineamiento Interno de Atención para el Personal Operativo de la Dirección General de Movilidad la cual consiste en identificar y apoyar a la persona que reporta el hecho, solicitan el apoyo a la central de emergencias municipal a través del 911 y se mantiene detenida provisionalmente a la persona señalada de cometer el acoso, si las circunstancias no ponen en riesgo a los presentes.
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Mientras arriba la unidad de emergencia o algún familiar, se brinda acompañamiento a la víctima y a la llegada de la unidad de emergencia, se concluye la participación de la Dirección General de Movilidad, se registra en bitácora y ahí inician los procesos de sanción tanto del municipio como de la Fiscalía si así lo determina la víctima.
El pasado mes de febrero en León se dio inicio a la campaña permanente “Alto al Acoso, por un Transporte Seguro y Respetuoso”, en coordinación con el Instituto de las Mujeres y los concesionarios en donde buscan concientizar sobre el tema y ofrecer apoyo legal y psicológico a las víctimas que así lo decidan.
