En Jalisco, más de 10 mil mujeres rurales recibieron apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) entre 2022 y 2024. Pero pese a su papel central en la producción de alimentos y la conservación ambiental, ninguno de los programas estatales está diseñado específicamente para ellas, ni existe un presupuesto que permita saber cuánto dinero público se destina realmente a su desarrollo.
De acuerdo con información obtenida por MILENIO vía transparencia, la SADER reconoció que los apoyos a mujeres se reparten de forma general, sin una estrategia de género ni metas medibles. Los recursos provienen de siete programas productivos, que en tres años sumaron 256 millones 260 mil pesos, pero sin un solo peso etiquetado exclusivamente para mujeres.
El caso ilustra lo que ocurre en buena parte del país: las mujeres rurales sostienen el campo, pero no figuran en la política pública. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que ellas producen más de la mitad de los alimentos a escala mundial y son guardianas de la biodiversidad y de los sistemas locales de semillas. Sin embargo, en México, 8.1 millones de mujeres rurales viven en pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
¿Cómo se apoya a mujeres rurales en Jalisco?
En Jalisco, los principales apoyos otorgados por la SADER se concentraron en dos programas: el Fondo emergente para atender efectos del cambio climático y desastres naturales, que benefició a 7 mil 760 mujeres en 2024, y Acción del campo para el cambio climático, con 2 mil 355 beneficiarias en tres años. Otros programas, como el de tecnificación del campo, apenas alcanzaron a 356 mujeres, mientras que los destinados a cooperativas o capacitación ejidal sumaron entre 16 y 137 beneficiarias, en un estado con más de 125 municipios y miles de localidades rurales.
El datoApoyos
Fondos contra cambio climático acumularon7 mil 760 mujeres beneficiadas en 2024
Municipios como La Barca, Acatlán de Juárez, Chapala, Lagos de Moreno, Tlajomulco y Ameca figuran entre los que más apoyos recibieron, aunque solo La Barca concentró más de mil 200, lo que revela una distribución desigual entre regiones y tipos de proyectos.
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2024), en México 14.2 millones de mujeres viven en localidades rurales, lo que representa el 21 por ciento del total de mujeres del país. De ellas, el 97.8 por ciento realiza trabajo no remunerado: el 95.6 por ciento se encarga de los quehaceres domésticos, el 36.2 por ciento cuida a otras personas y el 32.9 por ciento acarrean leña o agua.
¿Qué pasa con las mujeres que laboran en el campo?
En el campo mexicano, la mayoría de las mujeres trabaja sin salario o seguridad social. Solo el 38.8 por ciento tiene un empleo asalariado, mientras que el 30.3 por ciento trabaja sin pago y otro 30.3 por ciento lo hace por cuenta propia. Aunque representan cerca del 34 por ciento del personal ocupado en la agricultura, solo el 13 por ciento son propietarias de la tierra que cultivan.
Esa desigualdad económica se agrava con otras brechas: menor acceso a educación, salud, crédito y tecnología. De acuerdo con datos del INEGI, una de cada cinco mujeres rurales no terminó la educación básica, y el 17.7 por ciento habla una lengua indígena, frente a solo 3 por ciento en zonas urbanas, lo que complica aún más su acceso a programas oficiales y a la justicia.
A pesar de que el gobierno de Jalisco aumentó el gasto en programas agrícolas, de 34.5 millones en 2022 a 50.3 millones en 2023, aunque con una baja a 43.5 millones en 2024; la falta de políticas con enfoque de género impide medir el impacto real en la vida de las mujeres rurales. La propia SADER reconoció que no cuenta con un padrón actualizado de beneficiarias 2025, ni con información desagregada por sexo en su presupuesto.
Para organizaciones como la ONU Mujeres y la FAO, esta falta de datos específicos equivale a una forma de exclusión institucional. Las mujeres rurales no solo enfrentan barreras económicas, sino también estructuras que las borran de las estadísticas y las políticas públicas, lo que reduce su visibilidad y limita su capacidad de incidencia en decisiones sobre la tierra, el agua o los recursos productivos.
En los hechos, las mujeres rurales son agricultoras, cuidadoras, comerciantes y defensoras del territorio. En comunidades de Los Altos, la Ciénega o la Costa Sur de Jalisco, muchas combinan el cultivo de maíz o agave con el cuidado de animales, la recolección de agua o la venta de productos locales, sin apoyo técnico ni acceso a créditos.
La crisis climática, además, las coloca en la primera línea de la vulnerabilidad ambiental: son las que más sufren las sequías, la pérdida de cultivos y el encarecimiento de los alimentos. Por eso, los programas enfocados en mitigación del cambio climático, aunque los únicos que las mencionan, no logran revertir las condiciones estructurales de desigualdad.
Reconocimiento pendiente
El 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, es un recordatorio de la deuda histórica del Estado mexicano con ellas.
Aunque producen alimentos, conservan semillas y sostienen comunidades enteras, siguen invisibles en los presupuestos, en las estadísticas y en la toma de decisiones. Su trabajo, crucial para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del campo, permanece en los márgenes del reconocimiento público.
En Jalisco, los datos de transparencia confirman lo que ya advierten las cifras nacionales: sin una política diferenciada, las mujeres rurales seguirán sosteniendo el campo con las manos vacías.
SRN
