Seis empresas de transporte agrupadas bajo el consorcio TROLEMEX anunciaron una serie de movilizaciones a partir del 31 de agosto en el Estado de México, justo cuando miles de estudiantes de educación básica regresarán a clases para iniciar un nuevo ciclo escolar..
La medida responde al incumplimiento en la formalización de su participación legal dentro del proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha por parte de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV).
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¿Qué reclaman los transportistas a las autoridades mexiquenses?
Las compañías señalaron que en julio de 2025 la SEMOV notificó a cada empresa los porcentajes de participación correspondientes tras realizar un estudio de demanda.
No obstante, acusan que las autoridades aún no formalizan dichos porcentajes ni expiden los títulos de concesión e instrumentos jurídicos requeridos para garantizar certeza operacional.
Asimismo, refieren que el inicio de operaciones del Trolebús ha dejado pérdidas económicas.
Con un flujo estimado de 100 mil pasajeros diarios y una tarifa de 16 pesos, calculan una afectación acumulada de 510 millones de pesos, perjudicando los ingresos de más de seis mil familias de trabajadores.
¿Dónde y en qué zonas se prevén movilizaciones el 31 de agosto?
Las acciones de protesta y el paro de actividades se concentrarán de forma estratégica en el corredor del Trolebús Chalco-Santa Martha.
Por ende, los puntos de conectividad entre el municipio de Chalco, la zona oriente del Estado de México y la alcaldía Iztapalapa en la capital podrían tener afectaciones viales.
Las empresas concesionarias advirtieron que mantendrán las acciones hasta que la autoridad entable formalmente una mesa de diálogo resolutiva.
¿Qué exigen los transportistas mexiquenses?
Entre los puntos exigidos a la autoridad estatal destaca el respeto a los porcentajes de participación acordados previamente en 2025.
También solicitan la entrega inmediata de las concesiones, el establecimiento de una mesa de diálogo y la reparación de los daños económicos y sociales generados al sector.
Los concesionarios aseguraron que no buscan perjudicar a los usuarios ni vulnerar el derecho a la movilidad de la ciudadanía.
Sin embargo, sí señalaron que la falta de certeza jurídica, laboral y económica les impide continuar operando sus unidades bajo las condiciones actuales de competencia con el nuevo transporte.
