El 14 de agosto de 2025, se marcó un precedente histórico en Jalisco. Por primera vez, el Gobierno del Estado y la Fiscalía ofrecieron una disculpa pública oficial a familiares de personas desaparecidas en 2010, reconociendo las graves omisiones y las malas prácticas en la investigación de sus casos.
La disculpa, que se realizó en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no logró calmar el dolor ni el descontento de quienes llevan casi 15 años buscando respuestas.
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El acto se centró en los casos de cuatro personas desaparecidas el 30 de septiembre de 2010 en los límites entre Jalisco y Zacatecas: Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo Naranjo García y Carolina Naranjo García. La CNDH, en su Recomendación 167/2023, había documentado graves omisiones, inactividad y dilación en la investigación por parte de las fiscalías de ambos estados.
Disculpa que sabe a poco sin cambios de fondo
Tras casi 15 años de lucha, las autoridades, incluyendo al Gobernador Pablo Lemus, pidieron perdón por la violación a los derechos de acceso a la justicia y la verdad por parte de la entonces Procuraduría.
El gobierno reconoció su responsabilidad institucional. Sin embargo, la disculpa no logró apaciguar el dolor ni el descontento.
María Natividad Guerrero Sedano, madre de Dalia, señaló que la Fiscalía mantiene sus prácticas de maltrato y que la disculpa inicial fue revictimizante.
"Hoy me doy cuenta nuevamente que la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene sus prácticas de maltrato hacia las familias de personas desaparecidas”, señaló Guerrero Sedano.
Su nieto, Diego Enciso Cruz, víctima indirecta, relató la angustia que persiste por la falta de respuestas.
El hijo de Dalia y Luis Ramón, quien tenía tres años cuando sus padres desaparecieron, relató cómo el abandono institucional lo dejó sin el acompañamiento de sus progenitores y cómo aún padece por la ausencia.
Para él, la disculpa significa que "su ausencia no se olvida, que su historia sigue viva".
En una primera instancia y en representación del gobernador Pablo Lemus, quien no asistió, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría de Justicia por violar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad de las víctimas.
La madre de Dalia denunció que las autoridades incumplieron acuerdos previos: intentaron evitar que el acto se realizara en el Palacio de Gobierno, cambiaron la fecha tres veces, limitaron la participación de familiares y organizaciones asesoras, e inicialmente negaron el acceso a los medios de comunicación.
El problema persiste y exigen medidas radicales
El acto adquirió mayor dimensión por el contexto en el que ocurre. Según datos oficiales, Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México, con 15 mil 531 casos de un total nacional que supera las 132 mil personas.
La CNDH, a través de su representante Jesús Eduardo Villa, recalcó que la disculpa debe ir acompañada de una reparación integral del daño y medidas concretas para garantizar la no repetición de estos hechos.
Esta exigencia refleja un problema nacional más amplio. Organizaciones civiles han señalado que en México se registran más de 40 desapariciones por día y que la impunidad en estos casos es "casi absoluta", con muy pocas sentencias condenatorias en comparación con la magnitud de la crisis.
Familiares señalaron que, aunque el reconocimiento es un avance, aún faltan cambios estructurales y la reparación integral del daño.
A pesar del acercamiento del Gobernador, el acto dejó sentimientos encontrados.
Doña Natividad espera que el evento marque un antes y un después en el dolor que vive el estado por la crisis de desapariciones.
El evento concluyó con el clamor de los familiares y colectivos de búsqueda, coreando: "¿Por qué los buscamos? Porque los amamos"
La exigencia de verdad y justicia sigue vigente.
JVO
