Los centros de asistencia social en Jalisco están bajo la lupa. Las recientes fugas de nueve jóvenes de dos albergues en Ixtlahuacán de los Membrillos, así como de dos adolescentes del Hogar Cabañas, evidencian a MILENIO las fallas en la protección de menores bajo tutela del Estado.
La falta de registros confiables, de supervisiones exhaustivas y de filtros eficaces para separar a los menores internados según sus necesidades y contextos puede resultar perjudicial para la población atendida.
Albergues, la última opción
Las personas menores de edad que se encuentran bajo la tutela de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco son, ante todo, víctimas de alguna situación de riesgo, ya que sus familiares no pueden hacerse cargo de ellas en ese momento.
“Nosotros entramos en esta representación a cuidar el proceso legal en el que se encuentren”, explicó su titular, Trelles Rivas.
La función central de la dependencia, señaló, es garantizar la protección integral y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
En el 95 por ciento de los casos, el ingreso ocurre por conducto de la Fiscalía del Estado o de las fiscalías regionales, cuando existe una situación de riesgo y no hay una red familiar inmediata que pueda hacerse cargo.
“El albergamiento es la última opción que se tiene. Siempre se buscan redes familiares favorables que puedan asumir el cuidado; cuando no existen, se opta por ingresarlos a un centro de asistencia social”, precisó.
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Actualmente, en Jalisco hay 3 mil 362 niñas, niños y adolescentes albergados a nivel estatal. Esta cifra se modifica de manera constante debido a procesos de reunificación familiar, nuevos ingresos o casos en los que no se cuenta con una red de apoyo en un momento determinado.
En el caso específico de los menores que escaparon de los albergues, Trelles Rivas aclaró que la Procuraduría mantiene la representación legal de los adolescentes involucrados, particularmente en la presunta desaparición de cuatro jóvenes, cuya búsqueda continúa a través de la delegación institucional de Guadalajara.
“La responsabilidad de los niños y adolescentes está bajo una de nuestras delegaciones institucionales; ellos los representan en todo su proceso, en la protección y restitución de sus derechos”.
En estos casos, la Fiscalía del Estado es la encargada de investigar los hechos, mientras que la Procuraduría da seguimiento.
Revisiones obligatorias
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco supervisa los espacios donde se alojan niñas, niños y adolescentes.
“Actualmente se cuenta con un registro de 107 centros de asistencia social a nivel estatal, entre públicos y privados. Todo lo que tenga que ver con menores de edad, las supervisiones las hacemos nosotros conforme a la ley”, puntualizó Trelles Rivas.
La asignación de albergues se realiza de acuerdo con perfiles específicos y las necesidades de cada caso.
En materia de supervisión, la procuradora informó que por ley debe realizarse al menos una revisión anual a cada centro.
Durante el año pasado se supervisó el 92 por ciento de los 107 albergues, con un total de 106 visitas, ya que algunos espacios fueron inspeccionados en más de una ocasión.
“Hacemos rutas por regiones; se levanta un acta, se dejan observaciones, se da un plazo prudente y se regresa a realizar una supervisión posterior”, detalló.
Las observaciones más recurrentes están relacionadas con temas de infraestructura. Sin embargo, cuando se detectan situaciones de riesgo grave, se procede al egreso inmediato de los menores a otros albergues.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en Puerto Vallarta, donde en enero del año pasado se intervino el albergue Vida Nueva, tras detectarse condiciones de riesgo en alimentación y cuidados.
En ese lugar se realizó el egreso de 22 adolescentes. En junio se efectuó una intervención similar en el albergue Corazón de Niña, también en Puerto Vallarta, del cual fueron egresadas las niñas y niños que ahí se encontraban. Ninguno de los dos centros ha sido reabierto.
Aunque la Procuraduría no tiene facultades para clausurar albergues —función que corresponde a los ayuntamientos—, sí puede impedir su operación cuando existen riesgos.
“Bajo estas condiciones no puedes operar; los niños salen y nosotros nos los llevamos. Si se cumplen las observaciones, se hace una nueva supervisión, pero si hay riesgo, sí egresamos a todos los niños”, puntualizó.
¿Cuál es el registro de albrgues en Jalisco?
De acuerdo con el Sistema de Asistencia Social (SSAS) del Gobierno de Jalisco, en la entidad operan actualmente 725 albergues con registro vigente, según el corte más reciente del Registro Estatal de Albergues (REA), instrumento que certifica su asentamiento oficial y delimita la población específica que cada espacio está autorizado a atender.
Según la Dirección de Supervisión de Albergues, el marco jurídico que regula estos establecimientos está establecido en el Artículo 5 de la Ley para la Operación de Albergues, donde se define como albergue todo establecimiento, público o privado, dedicado a la prestación de servicios de cuidado, vigilancia y, en su caso, guarda y custodia de personas.
El REA es emitido por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, instancia facultada para autorizar y supervisar la operación de estos espacios en el estado.
Este registro es un requisito indispensable para que los albergues puedan funcionar legalmente y brindar atención conforme a su objeto social.
Del total de 725 registros vigentes, la mayor concentración corresponde a centros de rehabilitación para adicciones y salud mental, con 502 establecimientos, lo que representa el 69.2 por ciento del total de albergues registrados en Jalisco.
En segundo lugar se encuentran los espacios destinados a la atención de personas adultas mayores, con 120 registros, equivalentes al 16.5 por ciento del total. Estos centros reciben principalmente a personas que ingresan por voluntad propia, por necesidad médica o mediante gestión familiar.
La atención a niñas, niños y adolescentes corresponde a 86 albergues, es decir, el 11.9 por ciento del total.
De acuerdo con el perfil de la población atendida, estos ingresos provienen principalmente de canalizaciones realizadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o por delegaciones municipales.
En tanto, los albergues destinados a personas en situación de calle y migrantes suman 17 registros, lo que equivale al 2.4 por ciento.
En estos espacios se brinda atención de estancia temporal, servicios básicos y, en el caso de migrantes, protección humanitaria inmediata para personas en tránsito.
Cuestionan resultados
La efectividad real de los albergues para la rehabilitación de menores con antecedentes penales en México es limitada y enfrenta problemas estructurales que van desde la falta de personal capacitado hasta la ausencia de registros y supervisión permanente.
Así lo advierte Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
De acuerdo con el especialista, los resultados de los procesos de rehabilitación en albergues de régimen abierto, semiabierto o cerrado son “muy bajos”, en parte porque no existe una definición clara y homogénea de lo que implica rehabilitar.
“Se supone que debe haber evidencias de que la conducta por la cual fueron remitidos mejoró y que es muy probable que no se repita”, explicó.
Para ello, consideró necesario un tratamiento individualizado que tome en cuenta la edad, el tipo de falta cometida y el contexto del menor.
Sin embargo, reconoció que muchos albergues y centros de rehabilitación se encuentran rebasados ante nuevas dinámicas, como la vinculación de adolescentes con el crimen organizado y el consumo de nuevas drogas.
“Las circunstancias se están modificando con más rapidez de la que nos estamos preparando para enfrentarlas”, advirtió.
Fletes Corona subrayó que el aislamiento del contexto social dificulta los procesos de atención, pues la rehabilitación no puede depender únicamente del adolescente.
“Hay alguien que lo está incitando fuertemente, lo está presionando, y eso genera condiciones muy distintas de las cuales el albergue no tiene ningún control”.
A ello se suma la escasez de personal, lo que vuelve casi imposible realizar trabajo comunitario en las colonias de origen.
Sobre el objetivo central de los albergues —rehabilitación, reinserción, protección o contención—, el académico consideró que no siempre existe claridad en la práctica cotidiana.
“Uno se pregunta qué tanta capacidad instalada tiene un albergue”, tanto en infraestructura como en capacitación del personal. Destacó que, para modificar conductas, es indispensable establecer relaciones de confianza y respeto. “Toda transformación tiene como base un acercamiento de confianza”, afirmó.
Ciclos de violencia
El especialista advirtió que las prácticas autoritarias o violentas dentro de las instituciones generan efectos contrarios.
“Si estos adolescentes reciben violencia fuera y luego reciben más violencia dentro de una institución, eso es muy negativo”, pues incrementa el resentimiento social y puede derivar en fugas, simulación de cumplimiento o reincidencia.
La falta de inspección y de un registro confiable de albergues, tanto públicos como privados, es otro de los principales riesgos identificados.
“Te van a dar números bien distintos” cuando se pregunta cuántos albergues existen. Además, alertó sobre la mezcla de perfiles: adolescentes con delitos graves conviviendo con menores con problemas de conducta o en situación de abandono. “Cuando hay esa mezcla es muy difícil hacer un tratamiento efectivo”, advirtió.
En Jalisco, recordó, la supervisión ha sido históricamente insuficiente. En su experiencia, el número de trabajadoras sociales encargadas de revisar albergues era mínimo para cubrir todo el estado.
A ello se suman carencias materiales, alimentación deficiente y falta de actividades estructuradas. “Parecen detalles pequeños, pero a la larga son detalles grandes”, señaló.
En este contexto, casos recientes como el de los menores desaparecidos de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes contaban con antecedentes penales y habrían salido de un albergue de rehabilitación para menores, evidencian las consecuencias de un sistema sin controles efectivos ni seguimiento adecuado, aunque el especialista aclaró que no se puede generalizar.
Respecto a la reincidencia, Fletes Corona refirió que, con datos de mediados de la década de los 2000, alrededor de 40 por ciento de los adolescentes reincidía, cifra que consideró “muy buena” al estar por debajo de 50 por ciento.
Sin embargo, reconoció fallas en los registros, ya que muchos jóvenes eran canalizados a distintos albergues sin que la información se concentrara.
El riesgo aumenta cuando los menores son enviados a anexos sin regulación. “Ahí es donde suceden muchos abusos y violaciones a sus derechos”, advirtió, además de que el crimen organizado identifica a jóvenes con liderazgo y habilidades. “A ellos les interesa”, señaló.
Entre los cambios urgentes, el académico propuso contar con un registro claro y público del objeto social de cada albergue, capacitación permanente del personal, supervisión constante y mayor apoyo institucional.
“Debe ingresar solo el perfil de adolescentes para el cual está preparado el albergue”, enfatizó.
También planteó fortalecer la coordinación interinstitucional y retomar modelos de capacitación para el trabajo y la reinserción educativa, que en otros países han mostrado resultados positivos.
Finalmente, subrayó que los adolescentes en conflicto con la ley no son la causa, sino la consecuencia de fallas sociales más amplias.
“Hay que ver cómo estos adolescentes llegan a ese lugar”, y advirtió que sin voluntad política e inversión, las problemáticas que existen desde hace décadas seguirán repitiéndose.
JVO
