Cada temporal en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) trae consigo historias de calles anegadas, muebles flotando y familias que intentan rescatar lo poco que el agua no se llevó.
En la colonia Ojo de Agua, en San Pedro Tlaquepaque, esa escena es una constante. Ahí vivió Ángeles durante dos años, el tiempo suficiente para entender que, en esa zona, la lluvia arrasa con todo.
Ubicada en un polígono de cerca de 24 hectáreas, Ojo de Agua es considerada una zona de alto riesgo, con características de asentamiento irregular y desarrollo deficiente. Su cercanía con el arroyo El Seco y la presa El Chicharrón la vuelve especialmente vulnerable cuando el agua sube.
La historia de Ángeles no es aislada. En zonas de asentamientos irregulares, cientos de familias enfrentan cada año el mismo dilema: quedarse y resistir o irse y reconstruir desde cero. En contextos de precariedad, decidir es un privilegio.
Los asentamientos irregulares no sólo representan una necesidad social persistente, sino también un foco de riesgo que se agrava con cada temporal y mantiene a casi un cuarto de la población de el AMG en vilo.
De acuerdo con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), cerca de 24 por ciento, es decir, un millón 248 mil 612 personas, viven en estas zonas que, en muchos casos, carecen de servicios básicos, presentan condiciones de alta vulnerabilidad y se encuentran en áreas de riesgos naturales.
Según el estudio vigente desde 2021, 34 por ciento de la superficie de estos asentamientos es susceptible a inundaciones, particularmente en Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, donde se ubican cerca de cauces de agua o en terrenos inestables.
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Problema estructural acentúa riesgo
Para el coordinador general de los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio González Mora, el problema no es reciente ni aislado, sino estructural.
Explica que estos asentamientos suelen instalarse en zonas de alto riesgo, donde las personas construyen sin condiciones mínimas de seguridad.
“Pues, en ocasiones ya tienen una zona habitacional allí; por sus necesidades lo hacen de esa forma, pero sin cuidar ningún protocolo de vida, de cuidado y de muchas cosas que se pueden dar, incluso, del medio ambiente”, dice.
El fenómeno, además, no es nuevo. Según el Imeplan, 56.7 por ciento de los asentamientos irregulares en el área metropolitana se formaron entre las décadas de 1980 y 1999, lo que evidencia que se trata de un problema arrastrado por al menos 40 años. A ello se suma que el 35 por ciento de quienes habitan estas zonas provienen de otros estados, motivados principalmente por la posibilidad de acceder a un terreno propio.
Aunque la necesidad de vivienda es una constante, el académico advierte que el riesgo recae tanto en quienes habitan estas zonas como en las autoridades que no actúan a tiempo:
“Lo podemos entender, que las personas lo hacen por una necesidad propia, pero yo creo que aquí, propiamente, las autoridades son las que deben tomar ese conocimiento y, desde antes, prevenir para que no vengan ese temporal, por ejemplo, de lluvias, y desde estos tiempos ya estén haciendo las evacuaciones o el desalojamiento”.
En ese sentido, subraya que la Ley de Protección Civil es el principal instrumento para actuar de manera inmediata en casos de riesgo, incluso sin necesidad de un mandato judicial:
“La única ley que puede prevenir ahí, en ese momento de tomar decisiones y en un momento de hacer evacuaciones, es la Ley de Protección Civil. ¿Por qué? Pues porque en ese momento puede poner en riesgo la vida de las personas”.
Más allá de la legalidad
El estudio del Imeplan también documenta que el crecimiento de estos asentamientos ha estado vinculado a procesos de compraventa irregular de terrenos.
El 82.2 por ciento de los casos se origina bajo este esquema, principalmente mediante acuerdos con ejidatarios o propietarios privados, y en 64.5 por ciento de los asentamientos la venta de predios continúa hasta la fecha.
Esto ha generado una compleja situación jurídica: aunque el 65.4 por ciento de los asentamientos ha tenido algún intento de regularización, muchos impulsados por los propios vecinos, 63.3 por ciento aún se encuentra en proceso, lo que perpetúa condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad.
A nivel territorial, ejemplos como la Barranca de Huentitán reflejan con claridad esta problemática. Se trata de zonas donde ya existen viviendas asentadas en áreas consideradas de alto riesgo, lo que incrementa la posibilidad de tragedias ante fenómenos naturales:
“Son situaciones que ya, previamente, las autoridades deben estar tomando esas medidas porque, pues, realmente, lo repito, las personas habitan en un espacio, en un sitio, habitan ahí mismo, pero por la necesidad”.
Ángeles y su familia llegaron a Ojo de Agua sin saber el problema de las inundaciones; ahí estuvieron dos años. El primer temporal fue el más duro. No hubo aviso previo, sólo gritos.
“En tiempos de lluvia, cuando se llegó, pues vimos que empezaron a gritar los vecinos que se había desbordado la presa, lo cual, pues, nunca sabíamos que en esa casa se inundaba”.
En cuestión de horas, el agua entró a la vivienda y lo cubrió todo. Lo material desapareció casi por completo; lo emocional quedó marcado.
“Fue una pérdida total de mis cosas, de todo lo que tenemos en nuestra casa, tanto material como emocional. Ahora sí que fue algo muy feo ver tus cosas, que con poquito esfuerzo las has comprado y, pues, de repente no tienes nada”.
La escena se repite en muchas casas de la colonia: refrigeradores inservibles, colchones empapados, ropa cubierta de lodo. En el caso de Ángeles, la recuperación fue lenta. Dos meses después, llegó un apoyo gubernamental que apenas ayudó a recomponer una parte de lo perdido, pero el miedo ya estaba instalado.
Al siguiente año, antes de que iniciaran las lluvias, la familia intentó adaptarse: elevaron bardas, reforzaron accesos, improvisaron barreras para contener el agua, “tuvimos que subir bardas del portón, de las puertas de los cuartos de entrada para evitar otra inundación”.
Al mismo tiempo, en la colonia se realizaron algunas obras hidráulicas. Según lo que escucharon, se colocó tubería en la zona de la presa para evitar desbordamientos, lo que redujo parcialmente el riesgo.
Aun así, la incertidumbre nunca desapareció. La vivienda, además, no era propia: pertenecía a un familiar y era rentada, lo que hizo más fácil, aunque no menos dolorosa, la decisión de irse.
Mudarse significó alejarse, reorganizar la vida y empezar de nuevo en otro punto de la ciudad. Hoy, Ángeles reconoce que el cambio valió la pena, aunque implicara más distancia.
Responsabilidad compartida
Sobre la responsabilidad institucional, González Mora es claro: no corresponde únicamente a un nivel de gobierno, sino que se trata de una obligación compartida que requiere coordinación efectiva.
“Si el asentamiento es en una zona irregular perteneciente al gobierno federal, pero las personas que están allí son del municipio de Guadalajara, bueno, pues tiene que actuar el municipio con el órgano federal para que actúen en una coordinación de trabajo”.
Sin embargo, cualquier acción debe equilibrarse con el respeto a los derechos humanos. El especialista advierte que, si bien en zonas de alto riesgo se pueden tomar decisiones inmediatas, también es necesario garantizar alternativas para las personas desalojadas.
“En el momento de poder reubicar a todas esas personas que están asentadas en esos sitios irregulares, pues también les tienes que proporcionar, a lo mejor, un lugar donde puedan establecerse, ¿no? Tampoco puedes hacer un despojo nomás así, muy arbitrariamente, muy autoritariamente, pues porque también estarías ahí haciendo una situación en cuestión de los derechos humanos”.
Las autoridades han tomado acciones para desalojar estas zonas de alto riesgo, pero se han quedado cortas.
El 27 de abril de 2022, con maquinaria pesada y el resguardo de autoridades de los tres niveles de gobierno, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) derribó 71 viviendas en la colonia Miramar, en Zapopan, asentadas en los márgenes del arroyo El Seco, ubicadas en zona de riesgo por inundación; sin embargo, el desalojo se realizó sin un plan concreto de reubicación de las familias afectadas.
El año pasado, en el mismo municipio, más de un centenar de casas en La Martinica, también asentamiento irregular, quedaron afectadas por una tormenta que incluso dejó a una bebé sin vida. La zona continúa habitada.
En una ciudad donde el crecimiento urbano ha empujado a miles a habitar zonas de riesgo, las lluvias no sólo evidencian fallas en infraestructura, sino que también obligan a familias enteras a tomar decisiones que implican dejar atrás parte de su historia para no volver a perderlo todo.
JVO
