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DOMINGA.– Sofía, de 12 años, entró a una cuenta de Instagram conocida como Real Quemados. El único requisito para formar parte era tener un perfil propio y no ser adulto. Y ella no quería quedarse fuera: “todas sus amigas estaban ahí. Incluso niños de otras secundarias de la zona poniente [de la Ciudad de México]”, dice Martha, su mamá. Participaban alumnos del Peterson, Sierra Nevada, Del Bosque, Eton, Monte Verde y Cumbres. La descripción de la cuenta decía: “Sólo escuelas bien”.
El administrador, otro estudiante, invitaba a algunos chicos y ellos a su vez sumaban a sus amigos. Así la cuenta comenzó a crecer de escuela en escuela hasta que a finales de mayo reunió a 750 jóvenes. Si alguien quería “quemar” a un alumno, bastaba con enviar un mensaje al administrador y éste lo publicaba. Al inicio todo parecía un juego, uno bastante pesado. Los posteos anónimos hacían escarnio de estudiantes, maestros, directivos y hasta de sus familias.
No sólo eran groserías: se esparcían rumores, se exponían aspectos íntimos de su identidad, relaciones, apariencia física, orientación sexual. Los seguidores reaccionaban, comentaban y compartían. “Si alguien te caía mal o lo querías quemar, ocupabas ese foro”, dice Martha.
El anonimato estaba reservado para los agresores. El administrador utilizaba un perfil falso y verificaba cuidadosamente quién podía entrar. “Sólo checaba que fueras algún niño conocido, que no fueras un adulto”. Las víctimas, sin embargo, nunca eran anónimas. Se refería con nombre, apellido y escuela. Hasta que un día Sofía dejó de ser espectadora y se convirtió en uno de los blancos de las críticas.
“Cuando Sofi vio su nombre entró en crisis, ponían unas cosas espantosas”. Entre vergüenza y temor tuvo que mostrarle la cuenta a su mamá, lo que rompió el principal código de ese espacio. La red se había construido precisamente para mantener a los adultos fuera. Martha apenas alcanzó a revisar algunas publicaciones cuando dijo: “¡Salte de ahí, ya no lo veas!”.
Creyó que con dejar de seguir y bloquear sería suficiente. Pero lo que ya no pudieron ver fue que los insultos continuaron. Hasta que un día un amigo de la familia los alertó. Sofía estaba recibiendo insultos en un grupo de Instagram y lo sabía porque su hijo, de una escuela distinta, también era acosado ahí: Real Quemados.
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Martha descubrió que su hija, y muchos otros adolescentes, tienen una vida digital paralela que padres y escuelas desconocen. Ahí construyen identidades alternas, crean amistades, rompen relaciones, circulan rumores y se agreden. Los grupos de quemados son una de las formas de acoso y violencia de esa vida digital.
El bullying no descansa en redes sociales
Sofía era mencionada con descalificaciones, groserías y acusaciones redactadas con intención cruel. Hasta ese momento, Martha no dimensionaba el daño al que estaba expuesta su hija. El smartphone que le regaló cuando entró a secundaria le abrió la puerta a las redes sociales y a un mundo que tiene reglas propias, del que los adultos están excluidos y para el que ninguna de las dos estaba preparada.
Como quizá no lo están millones de adolescentes en México, donde nueve de cada diez, entre los doce y diecisiete años, tienen un teléfono inteligente, según cifras del uso y disponibilidad de tecnologías del Inegi. Además, 88.4% usa redes sociales, según la Red por los Derechos de la Infancia. Todo ello, pese a que la mayoría de estas plataformas establece los trece como la edad mínima para abrir una cuenta.
“Muchos alumnos desde los nueve años ya tienen redes sociales”, advierte Ivonne Molotla, psicóloga y psicoanalista experta en violencia digital.
Sofía sintió que cualquiera, sin deberla ni temerla, le podía hacer daño. Comenzó a desconfiar de quienes la rodeaban. “¿Quién me puede odiar tanto?”, se preguntaba. Durante varios días no quiso volver a clases y, con el paso de las semanas, el ambiente escolar se volvió insoportable. La familia decidió cambiarla de escuela y buscar apoyo psicológico. “Sí le lastimó algo muy profundo”, dice Martha.
Real Quemados no era un grupo aislado, sino parte de una tendencia que la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, promotora de leyes contra la violencia digital, conoce bien. “Son espacios virtuales en redes sociales, blogs o distintas plataformas donde los chicos básicamente hablan mal de personas de su comunidad escolar”, así los define Marcela Hernández, integrante de la organización.
“Lo que buscan es estigmatizar, vulnerar, evidenciar, segregar gente, aunque lo disfrazan con que denuncian cosas”, agrega. Bastan unos cuantos posteos para convertir a una persona en el blanco de burlas dentro y fuera del colegio. A diferencia del bullying tradicional, la violencia ya no termina cuando acaba la jornada escolar. Las “redes de quemados” son una manifestación del ciberacoso y ocurre sobre todo entre chicos de secundaria y preparatoria, tanto de escuelas públicas como privadas.
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del Inegi, unos tres millones de adolescentes entre los doce y diecisiete años –23% de los usuarios de internet– experimentaron alguna situación de ciberacoso entre julio de 2023 y agosto de 2024. Entre ellas la proporción ascendió a 26%, frente a 21.1% de ellos. La forma más frecuente de agresión fueron los mensajes ofensivos o insultos, le siguen las críticas por apariencia física o condición social y contenido sexual no solicitado.
Este no es un fenómeno nuevo. La Policía Cibernética de la Ciudad de México también ha recibido reportes relacionados con este tipo de espacios. Roberto Espinosa, encargado del área de Prevención de Incidentes Digitales, explica que desde escuelas públicas y privadas han denunciado la aparición de los “grupos de quemados”, creados para exhibir y agredir a estudiantes bajo el anonimato de las redes sociales.
“Esto puede comenzar con una agresión física que pasa a lo digital o viceversa”, explica. La diferencia es que, una vez en internet, el contenido puede multiplicarse exponencialmente a través de las redes sociales y permanecer disponible mucho después de que ocurrió el conflicto original.
El ciberacoso provoca un daño que es profundo
Las tarjetas de regalo desaparecieron del árbol de Navidad. Eran el obsequio que los padres de Renata prepararon para ella y sus tres hermanos. Cada una con cinco mil pesos para gastar en una tienda departamental. Todos negaron haberlas tomado sin permiso. Al revisar las cámaras de seguridad de la tienda descubrieron que la adolescente de catorce años tomó las tarjetas: compró unos tenis, un termo, maquillaje y varios productos para el cuidado de la piel. Primero negó saber qué había ocurrido. Después dijo que eran regalos para su novio. Al final contó la verdad.
Desde hacía tres meses era víctima de un grupo de WhatsApp donde otras alumnas de su escuela la criticaban por su aspecto físico. Le habían prometido que dejarían de molestarla si cambiaba su apariencia. Tomó las tarjetas y pagó casi treinta mil pesos para comprar su tranquilidad. El caso de Renata no ocurrió en una red de quemados ni fue anónimo. Pero respondía a la misma lógica: un grupo de adolescentes utilizando el espacio digital para humillar a alguien.
Renata ya casi no quería salir de su casa. Había bajado de peso, padecía insomnio, dermatitis y caída de cabello por el estrés. Estaba convencida de que su aspecto físico era un problema. En terapia, el trabajo comenzó por ayudarla a reconstruir la imagen que tenía de sí misma.
“Antes el acoso escolar acababa en la escuela. Acababan las clases, se iban a su casa y ya, era una forma de descansar. Pero ahora, el bullying se lo llevan a la casa a través de las pantallas”, explica Marisol Mora, psicóloga especializada en niños y adolescentes. Las huellas de la violencia pueden calar hondo en esa etapa de la vida.
Para la psicóloga Ivonne Molotla, el ciberacoso puede afectar todos los ámbitos de la vida de un adolescente. “Hay repercusiones en su estado emocional como tristeza, melancolía. Ya no quieren hacer sus actividades del día a día, abandonan cosas que antes les daban placer. Comienzan a presentar ansiedad y, en muchos casos, aislamiento”, explica. Si se prolonga, en algunos casos pueden autolesionarse o aparecer otras formas manifestaciones del sufrimiento emocional.
El caso de José Luis es uno extremo. Se quitó la vida cuando tenía dieciocho años. Sólo después de su muerte, Natalia Ortuño, su mamá, comenzó a reconstruir su historia y entendió que no había visto los focos rojos que advertían que el acoso también había encontrado un espacio en la pantalla del celular. La pesadilla comenzó después de que le dio su primer celular al entrar a secundaria. “Sus hermanos ya tenían, y sus compañeritos tenían, pues había que darle uno”, dice Natalia.
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Pero en aquel año, 2017, no se hablaba del ciberacoso. “Nunca imaginé que los chicos se molestaban por medio del celular, que se burlaban y que se hacían memes”. Natalia reconoce que nunca supo qué hacía José Luis tantas horas con el teléfono. Con el tiempo empezó a aislarse, mantenía las cortinas de su cuarto cerradas, usaba mangas largas incluso con calor y sus calificaciones comenzaron a bajar. Tenía antecedentes de bullying desde la primaria. Era un niño muy sensible, relata su mamá. Hoy reconoce que no vio los focos rojos.
Nunca pensó en quitarle el celular o establecer horarios. “Jamás imaginé que pudiera estar usándolo hasta las dos o cuatro de la mañana”, dice. Después de su muerte comprendió que buena parte de las respuestas permanecían guardadas en conversaciones, mensajes y una vida digital a la que no logró asomarse. Para Ivonne Molotla, no es posible establecer una relación automática entre el acoso digital y el suicidio, pues cada adolescente enfrenta la violencia de manera distinta.
Activistas presionaron a Meta para el cierre de Real Quemados
Martha reportó la cuenta de Real Quemados desde Instagram, tal como lo sugiere la aplicación, y pidió a familiares y amigos hacer lo mismo. En total, unas treinta personas reportaron el perfil. La cuenta cubría todos los agravantes que pregunta la aplicación: involucraba a menores de edad, hacía referencias sexuales y bullying. Pero siete días después las publicaciones seguían ahí. Los reportes no lograron bajar el perfil o los posteos. “Eso fue impresionante, no pasó nada. Por más que tenía todas las agravantes, no pasó nada”, recuerda.
Decidió entonces presentar un reporte ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Adjuntó las capturas de pantalla y volvió a esperar. “Tampoco pasó nada. Sentí una gran impotencia. Simplemente se lo tragó el silencio”. Entonces alguien le aconsejó buscar a la organización Defensoras Digitales. Marcela Hernández como parte de la red recurrió a los canales de colaboración que mantiene para atender casos de violencia digital, con Meta –la empresa dueña de Instagram– y con la Policía Cibernética.
“Cuando hacemos el reporte, Meta por lo general atiende porque ya sabe que, si es nuestro, hay algo serio”. Ella misma reconoce: “aunque los canales existen, el problema es que a veces no funcionan ni con la empresa ni con la policía”.
Consultada para este reportaje, Meta aseguró que el caso pudo atenderse “gracias a la red de partners” con la que trabaja para revisar este tipo de situaciones. La empresa explicó que mantiene alianzas en México también con otras organizaciones, como Red por los Derechos de la Infancia o Tejiendo Redes Infancia, y la Policía Cibernética; además compartió vía correo electrónico enlaces a sus políticas y recursos para personas que sufren acoso. En sus políticas, Meta señala que elimina contenido “destinado a humillar o avergonzar” y que brinda “una mayor protección para los usuarios menores de dieciocho años”. Pero no explica que reportar a través de alguno de sus aliados puede agilizar el proceso para bajar contenidos o perfiles ofensivos.
Roberto Espinosa, de la Policía Cibernética, explica que la corporación puede orientar a las víctimas, preservar evidencia y solicitar a las plataformas la revisión de perfiles o publicaciones. Pero la decisión de suspender o eliminar una cuenta, precisa, corresponde finalmente a la empresa, de acuerdo con sus términos y políticas. Espinosa recomienda conservar capturas de pantalla y enlaces antes de solicitar la baja de un perfil, ya que esa información puede ser útil para una eventual investigación.
¿Qué les toca a las escuelas?
Cuando la escuela de Renata descubrió que un grupo de alumnas llevaba meses hostigándola en WhatsApp, tomó una decisión poco habitual entre las instituciones educativas. Para que las estudiantes involucradas pudieran reinscribirse al siguiente ciclo escolar, tendrían que asistir a un proceso terapéutico por lo menos un año.
Pero la experiencia de Martha fue distinta. Cuando acudió al colegio para ponerlos al tanto de lo que le pasaba a Sofía y ver si podían intervenir de alguna manera, la directora le dijo que no podían prohibirles el celular a los chicos porque fueron los mismos padres quienes se los autorizaron. “Platicando con mi esposo nos preguntamos: ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿en qué momento se nos salió de control?”.
La psicóloga Marisol Mora agrega que es “importantísimo el control parental para que realmente sepan a qué contenidos están accediendo sus hijos. Estoy segura que los papás ni siquiera saben de la existencia de estos grupos de quemados”.
Aún así Martha está convencida de que las escuelas deben involucrarse y tienen mucho qué hacer en términos de prevención. Cuando mostró a la directora de la escuela las capturas de ‘Real Quemados’, quedó atónita. Decenas de alumnos de su comunidad escolar seguían la página y participaban en las humillaciones. “No tenían ni idea de que estaba pasando esto”, cuenta Martha.
Desde hace años, la psicóloga Ivonne Molotla imparte conferencias sobre violencia digital en secundarias y preparatorias, y asegura que los grupos de quemados son frecuentes. “Las escuelas suelen deslindarse porque dicen que es un tema de redes sociales y que no les corresponde porque ellas prohíben el uso del celular. Son pocas las que realmente hacen prevención o capacitan a sus docentes", explica.
El tema del involucramiento de los colegios refleja un vacío más amplio. Aunque el ciberbullying en México no constituye un delito en el Código Penal, no significa que las agresiones deban quedar sin consecuencias. “No tienen que ser punitivas ni mucho menos carcelarias, pero sí tiene que haber una forma de reparar el daño”, sostiene Marcela Hernández.
A su juicio, la respuesta debería ir más allá de identificar al autor de una publicación. Cuando la violencia involucra a decenas de estudiantes, agrega, los maestros deben ayudar a los adolescentes a cuestionar por qué recurren a la humillación, cómo gestionan conflictos como los celos, el rechazo o la envidia y qué otras formas existen de relacionarse. “La escuela tendría que ser un espacio de contención, no un lugar donde la violencia se multiplique”, resume Hernández.
GSC
