Un video difundido en redes sociales ha desatado una ola de indignación en Cortázar y en todo México, luego de que se captara a un presunto empleado de la perrera municipal arrastrando violentamente a un perrito callejero con un bastón de captura, para después lanzarlo bruscamente a la parte trasera de una camioneta oficial.
El hecho ocurrió en pleno jardín principal del municipio y fue grabado por testigos que presenciaron la agresión.
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De acuerdo con los relatos de quienes presenciaron los hechos, fueron al menos dos los perritos agredidos por personal del Centro de Control Animal, pese a que los animales no mostraban señales de agresividad ni representaban riesgo alguno para los presentes.
La actuación del trabajador ha sido calificada como cruel y carente de protocolos adecuados para el manejo de animales en situación de calle, generando preocupación sobre las prácticas dentro de la dependencia municipal.
El video se volvió viral en cuestión de horas, provocando fuertes reacciones de repudio en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales.
Activistas han convocado movilizaciones para exigir justicia y sanciones ejemplares contra los responsables, así como una revisión inmediata de los procedimientos del Centro de Control Animal de Cortázar. El maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Guanajuato.
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Las reformas vigentes establecen que quienes cometan actos de crueldad contra animales vertebrados pueden enfrentar penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 27 mil pesos. En casos de crueldad extrema, como provocar sufrimiento innecesario, las sanciones pueden elevarse hasta tres años de prisión.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre la situación laboral del presunto empleado.
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— Milenio León (@milenio_leon) October 29, 2025
Organizaciones civiles y vecinos hacen un llamado a garantizar la protección de los animales y a establecer protocolos claros que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.
