Órganos autónomos de procuración e impartición de justicia federal en Tamaulipas enfrentan este año un ajuste presupuestal que impacta su operación. El recorte forma parte de las reducciones aplicadas a nivel nacional y podría incidir en rubros como infraestructura, equipamiento, personal y capacidad de atención a la ciudadanía.
Reducción nominal de 2.5 millones
La
Fiscalía General de la Repúblicapasó de 79.1 millones de pesos en 2025 a $76.6 millones en 2026, una reducción nominal de $2.5 millones. En términos reales -considerando la inflación- el ajuste representa una caída del 6.5% en su capacidad de gasto, lo que implica menor margen operativo para el ejercicio de sus funciones.
En el mismo periodo, el Poder Judicial de la Federación redujo su presupuesto de 100.7 a 90.3 millones de pesos, lo que representa una disminución nominal de $10.4 millones. La baja real equivale a 13.4%, es decir, una contracción de prácticamente el doble del decremento aplicado a la FGR, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
También se advierte que el presupuesto del INE en Tamaulipas pasó de 332.2 millones de pesos el año pasado a $224.4 millones en 2026, una disminución nominal de $107.8 millones. Con el efecto de la inflación, la caída equivale a 34.7%.
INEGI a la baja del 15.8% en comparación con el año pasado
Otra dependencia federal impactada fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), transitando de 251.5 millones a 219.3 millones de pesos, por lo que ahora ejerce $32.2 millones, un ajuste real a la baja del 15.8% en comparación con el año pasado.
El documento “Gasto Programable 2026 del Presupuesto de Egresos de la Federación”, clasifica los recursos etiquetados para estas y otras instancias de ese ámbito administrativo. Se trata del dinero que se destina a la operación de instituciones, pago de servicios públicos, financiamiento de programas, inversión en infraestructura y, en general, al funcionamiento del aparato gubernamental.
No contempla el llamado gasto no programable, que corresponde a obligaciones financieras que el gobierno debe cubrir de manera ineludible y que no forman parte de programas operativos, como el pago de deuda, participaciones y otros compromisos fiscales previamente adquiridos. Es decir, son recursos que no están sujetos a decisión anual, sino que deben pagarse por mandato legal o contractual.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados cuya función es proporcionar análisis y asesoría en materia económica y presupuestaria a los legisladores.
Por lo tanto, se trata del equipo técnico que ayuda a los diputados a entender cifras, proyecciones y efectos del presupuesto público. No toma decisiones, analiza el paquete económico (ingresos, gasto y deuda), evalúa el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyecta crecimiento, inflación, deuda y déficit, elabora estudios sobre finanzas públicas federales y estatales y da soporte técnico a comisiones legislativas.
