Una red de cobros irregulares, exigencia de dádivas e incumplimiento de los aranceles oficiales afecta a usuarios que acuden a realizar trámites ante dependencias estatales en Tamaulipas.
El abogado especialista en materia familiar, Fausto E. Villarreal, reconoció que hay ciudadanos y profesionales del derecho que han denunciado que la frase “para el refresco” o la supuesta cuota voluntaria para “agilizar”, se han convertido en un requisito informal pero sistemático para avanzar cualquier gestión.
De acuerdo con testimonios de usuarios y abogados litigantes de la zona sur de la entidad, las malas prácticas van desde solicitar cobros indebidos para “sacar copias y guías más rápido” o inscribir documentos, hasta inflar directamente los costos estipulados en los ordenamientos fiscales del estado.
Un ejemplo constante ocurre al momento de tramitar la inscripción de la cancelación de matrimonio (o divorcio). Mientras que la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas establece un arancel formal y tasado para este acto público, en las oficinas encargadas se llegan a exigir hasta 400 pesos adicionales bajo el argumento de agilizar el registro. “Cuando el ciudadano exige el recibo oficial por el monto total entregado, los funcionarios niegan el comprobante alegando que esa diferencia es ‘para agilizar el proceso interior’ o que ‘no entra en el sistema’.
Al no emitir un comprobante fiscal, ese dinero queda fuera de cualquier fiscalización”, señaló un afectado que pidió no revelar su nombre. Violación a la Ley de Hacienda y afectación patrimonial El abogado Fausto Villarreal explicó que las dependencias estatales deben regirse estrictamente por la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas, la cual fija con precisión el costo de los derechos por servicios prestados por el Registro Civil, y demás dependencias.
“Cualquier cobro superior al arancel legalmente aprobado constituye una falta administrativa grave y, dependiendo del caso, la comisión de delitos como cohecho, concusión o abuso de autoridad, contemplados en el Código Penal del Estado”.
Estas prácticas, sostuvo, generan dos problemas de impacto directo, como son la afectación económica, que impacta a las familias y usuarios que acuden a cumplir con trámites legales indispensables. Asimismo la inseguridad jurídica, la cual normaliza un esquema de “mordidas” donde el derecho del ciudadano a un servicio público transparente queda condicionado al pago de una cuota ilegal.
Por ello, litigantes y ciudadanos exigen la intervención urgente de la Contraloría Gubernamental del Estado, Secretaría Anticorrupción del estado y de las fiscalías correspondientes para intervenciones sorpresa, la instalación de módulos claros con el tabulador de costos a la vista del público y mecanismos anónimos de denuncia.
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