La renovación de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo avanza con un calendario definido, pero bajo cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad. La convocatoria establece que la elección se realizará el 18 de abril, con el objetivo de definir al nuevo comité general que permanecerá en funciones hasta el 31 de diciembre de 2028.
Sin embargo desde el análisis jurídico, las observaciones apuntan a posibles vicios que comprometen la validez del proceso. El especialista en derechos laborales, Óscar Martínez Ángeles, advierte que las irregularidades no son nuevas y que responden a prácticas reiteradas dentro del sindicato.
“Lo que yo observo, lo que yo percibo como profesional del derecho del trabajo, pues son irregularidades en el proceso que intentan o pretenden realizar, cayendo en errores puntuales y repitiéndolos de procesos anteriores, como que ha llevado a consecuencia pues tener esa falta de legitimidad y esos vicios de origen que han permeado, sobre todo, en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores”, señaló.
Uno de los puntos centrales es la legitimidad de quien emite la convocatoria. De acuerdo con el especialista, el órgano convocante no sería el facultado legalmente para hacerlo, lo que compromete el proceso desde su origen.
“Esta convocatoria infringe, o más bien carece de algunos requisitos indispensables para que tenga plena validez. Si bien es cierto, hay un sector o un grupo de personas que dicen ser el sindicato actual y vigente, también lo es que jurídicamente existe un sindicato interino, que es quien tendría que realizar en primer lugar esta convocatoria para cumplimentar con los requisitos de derecho que exige la ley”, explicó.
El especialista precisó que esta omisión constituye uno de los principales vicios del proceso. “El requisito de que quien está convocando a esta asamblea no es el órgano legitimado. Ese sería uno de los graves o el más grave de los vicios que se está cometiendo”, afirmó.
A este señalamiento se suma la falta de quórum en ejercicios previos. Martínez Ángeles indicó que las asambleas recientes no han cumplido con los mínimos establecidos en los estatutos, lo que debilita la validez de sus decisiones.
“Las asambleas que ellos mismos han convocado o que han realizado, se han realizado al margen de los requisitos y estatutos que establece la ley, ya que no han contado con el quórum de las dos terceras partes que los mismos estatutos señalan. Me parece que en el último de sus convocatorias alcanzaron a reunir apenas a 400 agremiados”, detalló.
La consecuencia, advirtió, es directa sobre la legitimidad del proceso. “Entonces, pues eso da origen a un vicio y a la falta de legitimidad tanto de la asamblea como de los actos que de ella emanen”, agregó.
Además, el especialista señaló que la falta de información clara hacia los trabajadores contribuye a sostener un proceso cuestionado. “Esto queda a pie a que ellos vean que se les convoca a una asamblea, que se les convoca a una elección y pues piensen que todo es conforme a derecho, ¿no? Más bien creo que ahí hay una pequeña desinformación al respecto”, indicó.
Bajo este escenario, cualquier resultado derivado de la jornada del 18 de abril podría carecer de validez jurídica si no se cumplen los requisitos básicos. “Sería inválido si no cumple con los requisitos que se ha emitido por el órgano competente… la consecuencia pues la sabemos, que es la falta del comité correcto, que dé pie a un sindicato que represente dignamente a los trabajadores”, advirtió.
El proceso en curso no solo definirá una dirigencia, sino que pondrá a prueba la capacidad del sindicato para corregir prácticas que han derivado en conflictos internos. La resolución dependerá de que la elección se apegue a los estatutos y a la legalidad, condiciones que, hasta ahora, se mantienen en disputa.
