Con 25 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Hidalgo aprobó el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla que los ayuntamientos estarán conformados por un alcalde, una sindicatura y hasta quince regidurías, además de que el recurso anual de la legislatura local no excederá el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal.
A más tardar el 30 de mayo de este año, el Congreso de Hidalgo debe armonizar el marco jurídico para adecuarlo al contenido de esta reforma y la nueva integración de los ayuntamientos surtirá efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente.
Los ayuntamientos que, a la entrada en vigor del decreto, cuenten con un número de regidurías menor a 15, conservarán su integración actual. Solo en los casos que se requiera alguna modificación de la integración por criterios de variación poblacional u otros requisitos, se realizará conforme a lo establecido en las leyes locales.
El Congreso de Hidalgo preverá los ajustes a su presupuesto para que las reducciones surtan efectos a partir del inicio de la legislatura subsecuente.
Prohiben reelección de diputados
Lo aprobado por el Congreso de Hidalgo prohibe la reelección de los diputados locales para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.
Contra privilegios de consejeros y magistrados
Además, las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como titulares de las secretarías de órganos administrativos del Instituto Nacional Electoral (INE) no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución del país.
Tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
El INE, los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento del decreto.
Ahorros
Los recursos públicos que resulten como ahorros en los presupuestos anuales derivados de las reducciones que se realicen en la legislatura local y en la integración de los ayuntamientos quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio.
El Congreso local destinará estos recursos excedentes a obras de infraestructura pública en beneficio de la población dentro del presupuesto correspondiente, en los términos de la legislación aplicable, al garantizar en todo momento los principios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad.
Las entidades federativas cuyas legislaturas, a la entrada en vigor del decreto, cuenten con un presupuesto anual que represente un porcentaje igual o menor al límite previsto, no podrán autorizar, aprobar o ejercer incrementos presupuestarios reales respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2026, ni aumentar dicha proporción.
El monto del presupuesto anual de los Congresos de las entidades federativas únicamente podrá actualizarse conforme a la inflación anual.
No podrán aprobar ampliaciones presupuestarias, transferencias, reasignaciones, adecuaciones, reclasificaciones administrativas o cualquier otro mecanismo que tenga por objeto incrementar directamente el presupuesto de los Congresos locales por encima del límite previsto en la reforma.
