En México, la desaparición no es un misterio: es una rutina de Estado disfrazada de tragedia ajena. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en 2022 que el fenómeno es sistemático y generalizado. En Jalisco, epicentro de la crisis, hay más de 15 mil 500 personas ausentes.
A escala nacional, la organización alertó que la crisis forense es tan profunda que, con el número de cuerpos sin identificar y la capacidad instalada, se necesitarían 120 años para ponerles nombre a todos. Además, en todo el país se contabilizan más de 5 mil 600 fosas clandestinas y la impunidad alcanza prácticamente el 99 por ciento de los casos.
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En cada ausencia, el Estado aparece: porque desaparece, porque ejecuta o porque no protege.
Las fallas institucionales
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este sábado, la advertencia cobra un peso mayor. Lo dice Alejandra Cartagena, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), abogada y activista:
“Aunque lo haga un particular, el Estado falló en proteger. En un análisis amplio, incluso con las familias, llegamos a la conclusión de que todas deberían considerarse desapariciones forzadas, porque el Estado mexicano ha fallado en su obligación de preservar la vida y la integridad de las personas”.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU describió a México en 2022 como un país donde los protocolos existen, pero se aplican con deficiencias. Las búsquedas arrancan tarde. Las familias son tratadas con sospecha. La burocracia se impone sobre la urgencia. Y en muchos casos se criminaliza a las víctimas. La conclusión fue tajante: un patrón de impunidad casi absoluto.
Cartagena, defensora de los derechos humanos de las víctimas, explica que en la ley existen dos tipos de desaparición. La forzada, cometida por agentes estatales o con su aquiescencia (es decir, cuando la autoridad lo tolera o permite). Y la cometida por particulares, que priva de la libertad y oculta a la víctima sin intervención directa de la autoridad.
Ambas comparten lo esencial: el secuestro de la vida y la incertidumbre para las familias. Lo que cambia es la autoría. En la práctica, dice ella, la diferencia es una ficción.
“El núcleo de la desaparición forzada radica en el abuso del poder. En cambio, la cometida por particulares fue durante mucho tiempo invisibilizada, porque se le llamaba secuestro o privación ilegal de la libertad, sin analizar el contexto. Para las familias era indispensable que se reconociera, porque ellas sabían que lo que ocurría iba más allá de un simple delito aislado”.
Agrega otra reflexión: “No podemos perder de vista que estas desapariciones son también un crimen de lesa humanidad. Aunque jurídicamente se hable de particulares, las familias lo entienden así: el Estado falló, el Estado se ausentó y en esa ausencia se consumó la desaparición”.
El caso Jalisco
En Jalisco, la falta de coordinación entre instituciones es evidente. Protocolos como el Alba, que deberían activar la búsqueda inmediata de mujeres, se aplican de forma irregular.
El Ministerio Público decide si publica una ficha de búsqueda; por su parte, la Comisión de Búsqueda difunde todas las que le autorizan las familias. El resultado es desconfianza: “Lo que estamos viendo es que sigue siendo a criterio de los agentes del Ministerio Público publicar o no una ficha.
En contraste, la Comisión de Búsqueda publica todas, porque lo único que requiere es la autorización de la familia. Esa falta de coordinación es preocupante, porque expone a las víctimas y revictimiza a sus seres queridos”, advierte.
Las cifras confirman la magnitud. Entre 2023 y 2024, las desapariciones de mujeres y niñas en Jalisco aumentaron entre 20.5 y 23 por ciento.
El incremento se suma a un fenómeno en expansión: adolescentes enganchados por la delincuencia organizada a través de redes sociales como TikTok o videojuegos.
Cartagena advierte que la ciudadanía desconoce lo que ocurre: “Es información que nosotras tenemos porque trabajamos en el tema, pero la gente no tiene idea de lo que pasa. Yo lo he contado en la escuela de mi hijo, en la guardería de mi hija, y los padres me miran sorprendidos. No saben que están reclutando adolescentes a través de cuentas de TikTok o de videojuegos como Free Fire”.
El informe de la ONU también señaló la ausencia de una política nacional de prevención. Sin ella, ninguna institución es suficiente.
La crisis forense se describe en morgues saturadas, cuerpos sin identificar y carpetas de investigación que se acumulan en escritorios.
En Jalisco, Alejandra Cartagena lo resume: “No hay forma humana de que avancen. Cada ministerio público tiene cientos de carpetas. No hay personal, no hay recursos. Si todos los días desaparece alguien, ninguna Fiscalía alcanzará, por más que la fortalezcan”.
Jalisco concentra el mayor número de casos por varias razones: la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su expansión; la disputa territorial entre grupos; la explotación laboral y sexual detrás de muchas desapariciones; y la participación, voluntaria o forzada, de autoridades locales.
Cartagena recuerda un caso de hace seis años: “En octubre, hace seis años, en un pueblo pasó una camioneta escoltada por policías municipales. De la camioneta bajaban hombres que subían a muchachos. Ese día desaparecieron entre 19 y 21 jóvenes. La policía no los subió, pero los escoltó. Esa omisión también es participación”.
En ese contexto, la línea entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares se borra. Siempre hay implicación del Estado, por acción o por tolerancia. Los colectivos calculan que tres de cada 10 desapariciones ni siquiera se denuncian.
Las familias temen represalias o desconocen que deben levantar una carpeta. Hay quienes creen que con avisar a la policía basta.
Sobre esa falta de denuncia, Cartagena añade: “He acompañado casos que llevan tres o cuatro años y las familias me dicen que nunca abrieron una carpeta porque pensaban que con avisar a la policía bastaba. Nadie les explicó. No sabían que debían denunciar, no sabían que debían generar un reporte formal. Esa desinformación también es responsabilidad del Estado”.
Sin acceso a la justicia
El acceso a la justicia no mejora por la clasificación del caso. Lo que cambia es la ruta de investigación. Si se presume participación policial, se revisan patrullajes y se solicitan medidas cautelares. Pero el desenlace suele ser el mismo: investigaciones lentas, pocas sentencias. El informe de la ONU lo resumió con una frase: impunidad casi absoluta.
Cuando un caso es mediático, la Fiscalía despliega técnicas avanzadas: rastreo de llamadas, geolocalización, revisión de cámaras. Eso demuestra que existe capacidad técnica. El problema es que no se aplica de manera generalizada. La atención especializada llega a unas familias, no a todas:
“Yo he visto cómo pueden hacerlo bien, cómo aplican tecnología, cómo avanzan en días cuando quieren. El problema es que lo hacen con unos casos, no con todos. Esa selectividad es también una forma de discriminación”.
Lo urgente, de acuerdo con Cartagena, es una política pública de prevención e información. Frenar la desaparición antes de que ocurra. Atender a los jóvenes precarizados, sin acceso a educación ni a empleos dignos, que terminan en manos del crimen organizado. Y fortalecer a las instituciones con personal capacitado, recursos científicos y técnicos, y coordinación real entre agencias:
“Veamos más allá del árbol y miremos el bosque. Y el bosque es la juventud. Mientras no tengamos políticas de empleo, de educación, de bienestar, los jóvenes seguirán siendo carne de cañón del crimen organizado”.
La ONU coincidió en la receta: reconocer a las familias como aliadas, protegerlas, garantizar búsquedas inmediatas con perspectiva diferenciada. No es lo mismo buscar a un niño que a una mujer, a una persona con discapacidad que a un migrante. El Estado debe reconocer esas diferencias y ajustar su actuación.
“No es la delincuencia organizada la que los pierde, es el Estado que no los protege”, afirma Cartagena.
La ONU lo escribió en su informe con el lenguaje de la diplomacia: “En México la desaparición es sistemática y generalizada”. En el idioma de las familias significa otra cosa: cada día alguien más se esfuma, las morgues siguen llenas, las fosas se multiplican, las carpetas de investigación se amontonan y las madres siguen buscando con sus propias manos.
Búsqueda sin plan
En Jalisco, las desapariciones avanzan sin brújula. El Programa Estatal de Búsqueda, que debía existir desde hace cuatro años, sigue sin aprobarse. Cuatro años de vacío. Cuatro años de papeles detenidos en escritorios. Cuatro años en que las familias buscan solas.
El dato no admite consuelo. El Sistema estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) registra 15 mil 838 denuncias. El Registro Nacional contabiliza 15 mil 523. La diferencia es mínima. El mensaje es el mismo: Jalisco encabeza la tragedia nacional.
“Esta herramienta se supone que debe de ser uno de los instrumentos principales para las acciones de búsqueda de forma diversificada, tanto las acciones de búsqueda inmediatas como también para los casos de larga data, considerando características de víctimas, características regionales”, dice Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Habla del programa ausente. El que debía existir. El que no existe.
Las cifras se reparten como un mapa del horror. De las 15 mil 838 denuncias, 14 mil 027 son hombres y mil 811 son mujeres. Zapopan tiene 2 mil 828 casos. Guadalajara, 2 mil 678. Tlajomulco, 1,553. San Pedro Tlaquepaque, 1,268. Tonalá, 683. Cinco municipios y más de siete mil desaparecidos. Una metrópoli convertida en epicentro de la ausencia.
En el interior, los números siguen. Lagos de Moreno con 619 denuncias. Puerto Vallarta con 521. El Salto con 519. Tala con 296. Encarnación de Díaz con 292. Municipios rurales, turísticos o industriales, unidos por la misma herida: familias que buscan sin plan estatal que organice sus pasos.
El rostro humano tiene nombre: Maximiliano Romero Meza, estudiante de 18 años de la Universidad de Guadalajara. Desapareció en Zapopan en octubre de 2020. Su madre, Liliana, recuerda la indiferencia oficial:
“Me empecé a dar cuenta que a pesar de mis esfuerzos de que su papá y yo íbamos casi todos los días a ver qué es lo que se había hecho o investigado, pues desgraciadamente me di cuenta que no estaban haciendo nada. El primer Ministerio Público que tuvo la carpeta de mi hijo lo único que hacía era mandar recordatorios para saber si estaba en hospitales o detenido en algún lugar y entonces me doy cuenta que no están haciendo nada”.
Liliana cofundó el colectivo Luz de Esperanza. Pide lo que parece obvio: una Fiscalía depurada. Más policías investigadores. Más presupuesto. Voluntad. Resultados.
El CEPAD insiste en lo mismo. El estado debe aprobar ya el Programa Estatal de Búsqueda. Sin él, las acciones inmediatas y de largo plazo quedan en manos del azar o de la presión de las familias.
Cuatro años de retraso son cuatro años de omisión. Y cada día sin plan, la distancia entre las instituciones y las familias crece. Ellas buscan en barrancas, carreteras, lotes baldíos y fosas clandestinas. Y el Estado las mira desde lejos.
OV
