El presidente del Colegio de Ingenieros del Agua en Guanajuato (CIAG), René Eloy Mendoza Franco, aseguró que no existe sustento técnico-científico que justifique los amparos promovidos en contra del Acueducto Solís-León, y advirtió que el debate en torno al proyecto se ha visto distorsionado por la desinformación y la falta de claridad por parte de las autoridades.
Lo anterior, luego de que se diera a conocer que un nuevo criterio judicial determinó que los recursos legales contra la obra deberán resolverse en juzgados federales de Guanajuato, entidad donde se ejecuta el proyecto, lo que permitirá analizar a fondo miles de amparos, principalmente impulsados desde Jalisco.
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Mendoza Franco señaló que, si bien el recurso legal es un derecho legítimo, el problema se ha llevado a un terreno equivocado, dejando de lado el análisis técnico que debería prevalecer en un proyecto de esta magnitud.
“Pareciera que, en una época con tanta información disponible, predomina la desinformación. Se está simplificando un tema complejo y tratándolo como si fuera bueno o malo, cuando en realidad requiere un análisis mucho más profundo”, expresó.
El especialista advirtió que la discusión se ha polarizado debido a que tanto detractores como defensores del acueducto basan sus posturas en supuestos, sin considerar estudios técnicos sólidos.
“Se habla de que no habrá agua, de que habrá afectaciones o de que será completamente benéfico, pero son posturas construidas sobre suposiciones. Así, nadie tendrá la razón y solo se incrementará la confrontación”, apuntó.
Asimismo, explicó que un proyecto hidráulico de esta naturaleza implica múltiples variables, como la variabilidad en los ciclos de lluvia y sequía, por lo que debe analizarse bajo distintos escenarios y con información científica que permita tomar decisiones responsables.
Finalmente, hizo un llamado a privilegiar el diálogo entre las partes involucradas y evitar que el tema escale a extremos, insistiendo en que las decisiones no deben estar guiadas únicamente por criterios legales.
“Me preocupa que se tomen decisiones desde lo legal cuando este debería ser, en primera instancia, un asunto técnico. Después vendrán los aspectos sociales, legales y políticos, pero hoy el tema ya está marcado por la polarización”, concluyó.
