Los tres penales estatales se hallaban anoche bajo una gran tensión, ante la movilización policiaca con apoyo de fuerzas federales organizada para el traslado de cientos de reos del fuero federal hacia reclusorios de alta seguridad de otros estados del país.
Fuentes del gobierno del estado confirmaron anoche que se desplegó un operativo táctico encabezado por la Secretaría de Seguridad, mediante el cual se movilizaron cientos de elementos de Fuerza Civil a los tres reclusorios locales.
El despliegue policiaco reforzado con elementos del Ejército y de la Policía Militar abarcó los tres penales ubicados en el Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, tanto para evitar disturbios, como para escoltar los autobuses en que serían llevados los internos al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.
En la terminal aérea serían entregados a elementos de la Policía Federal, quienes se harían cargo de la custodia y traslado de los internos en aviones de esa corporación con rumbo a otros penales, si bien los destinos específicos no fueron precisados por las fuentes.
Extraoficialmente se dijo que durante la noche de ayer y la madrugada de hoy comenzó el traslado de más de 500 presos sometidos a proceso o sentenciados por diversos delitos federales, la mayoría relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
Desde la tarde de ayer se había filtrado el rumor del traslado, pero no fue confirmado por ninguna autoridad, hasta que alrededor de las 22:00 comenzó la movilización de elementos policiacos y soldados hacia las penitenciarías estatales.
Las fuentes gubernamentales revelaron que dado lo sorpresivo de las acciones, confiaban en que ninguno de los presos sujetos de traslado podría tramitar amparos ante la justicia federal para quedarse en Nuevo León.
Hasta el cierre de esta edición, grupos de familiares de los presos intentaron bloquear el paso de los autobuses, los cuales finalmente avanzaron.
Los reclusorios estatales han sido, durante la actual administración del gobernador Jaime Rodríguez, uno de los problemas de seguridad más graves, debido a los frecuentes motines, sobre todo en el de Topo Chico y Cadereyta.
El problema más grave ocurrió el 10 de febrero de 2016 en el penal del Topo Chico, cuando fueron asesinados 49 internos, producto de las rivalidades de dos grupos de la delincuencia organizada que se disputaban el control del reclusorio.
Desde entonces, el mandatario estatal ha pugnado por "despresurizar" las penitenciarías estatales mediante el traslado de reos problemáticos y del fuero federal a reclusorios de alta seguridad, ya que cuentan con mejores mecanismos de control para evitar enfrentamientos y motines.
Al año siguiente, el 10 de octubre de 2017, otro sangriento motín en el penal de Cadereyta dejó la cifra oficial de 13 muertos y una cantidad no especificada de heridos, si bien extraoficialmente se hablaba de "decenas de muertos".
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) documentó que muchos de los participantes en este segundo motín fueron violados, además de que a muchos de ellos, estando heridos de bala, se les negó pronta atención médica.
Cierre de calles y despliegue
Ante los operativos para trasladar a más de 500 reos a cárceles de máxima seguridad, los efectivos desplegados en los tres penales de la entidad cerraron vialidades. Tan solo a las afueras del Topo Chico fueron reportados cerca de 15 autobuses para movilizar a los presos. Pasada la medianoche arribaron al lugar familiares de los internos para tratar de obtener información.
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