De acuerdo con las Naciones Unidas, en su “Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad”, las restricciones prolongadas a la circulación y los contactos a los adultos mayores aumentan, entre otras cosas, el riesgo de empeorar su estado de salud.
El documento oficial publicado en el año 2020 señala también, en su apartado “Efectos del distanciamiento físico y el estigma”, el riesgo de que se agrave la exclusión social de este grupo etario.
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“Corremos el riesgo de que la COVID-19 agrave la exclusión social de las personas de edad con medidas para restringir la circulación y los contactos, como las restricciones que imponen la permanencia en el domicilio, las cuarentenas y los confinamientos.
“Si bien se trata de medidas cruciales para garantizar la seguridad de todos, es necesario que en la medida de lo posible tengan en cuenta las realidades a las que se enfrentan las personas de edad, a fin de no aumentar su nivel de aislamiento social y empeorar su estado de salud.
“Los riesgos se amplifican si esas medidas permanecen en vigor durante períodos prolongados y no permiten las interacciones sociales en persona u otras medidas de mitigación”, destaca el informe internacional.
En este sentido, en el estado de Nuevo León está a punto de cumplirse un año de que se presentó el primer caso positivo a covid-19, lo cual desencadenó en una serie de medidas restrictivas a esta población, mismas que siguen activas a la fecha.
Derivado de ello, este fin de semana cientos de personas de 60 años y más alzaron la voz y se declararon víctimas de discriminación por parte de las autoridades de salud en el estado.
Para Naciones Unidas, junto con la pandemia se intensificó también la propagación del “edadismo” y la discriminación a los adultos mayores.
“En un momento en que se necesita más solidaridad, la COVID-19 está intensificando un arraigado edadismo, que implica la discriminación y la estigmatización de las personas de edad por motivos de edad”, subraya el documento.
Y, agrega Naciones Unidas, un factor más a tomar en cuenta en las políticas públicas: el de no etiquetar a las personas de edad como si todas ellas fueran frágiles y vulnerables.
