A siete meses del envenenamiento masivo de perros en Ciudad Madero, la Asociación de Abogados Ambientalistas en Tamaulipas volvió a levantar la voz, ahora para exigir castigo contra el presunto responsable de estos hechos, un empleado de la Terminal Marítima de Pemex.
El tema salió a relucir luego de que la directora de Municipio Saludable, Tatiana Ojeda dijera que ya es tiempo de comenzar a sancionar el maltrato y muerte causados a los animales.
"Ya se dio suficiente tiempo a la ciudadanía para que tuviera conocimiento del reglamento de protección animal", señaló Ricardo Cruz Haro, presidente del organismo.
Dijo que una decena de canes fueron envenenados con sustancias tóxicas en Madero en enero de este año y el hecho continúa impune, por lo que claman se actúe conforme a la ley.
“El presunto responsable se hallaba identificado y fue un empleado de Seguridad de la Terminal Marítima Madero de Pemex. Una acción de esta magnitud no puede quedar en la impunidad sobre todo cuando se tiene al responsable plenamente señalado, por lo que unimos esfuerzos con la asociación civil Proani de Tampico para exigir justicia a los animales sacrificados”.
Cruz Haro anticipó que a través de su compañera activista Emma Cantú Ulloa se entregó oficio al Ayuntamiento de Madero a fin de obtener copia de la denuncia que la Dirección de Municipio Saludable y la Dirección Jurídica de Ciudad Madero, se comprometieron a presentar ante el Ministerio Público.
Apuntó que no solo es alarmante la muerte de los canes sino también el mecanismo utilizado para su sacrificio, presuntamente con el uso de sustancias venenosas que incluso puede provocar daños al contacto con el animal envenenado.
"En consecuencia, se tiene no solo un caso de crueldad animal tipificado en el Código Penal del Estado de Tamaulipas, previsto en la fracción VII del artículo 468 y sancionado con penas de dos meses a dos años de prisión por el numeral 469 del mismo ordenamiento, sino ante riesgos de salud pública".
La Asociación de Abogados Ambientalistas de México, A. C. propuso y consiguió la aprobación del Congreso del Estado para la tipicidad del delito de privación de la vida, maltrato o crueldad animal en abril de 2016.
EESS/ICGC
