El consumo de alcohol está profundizando la carga de enfermedades no transmisibles, incrementando la presión sobre los sistemas de salud, reduciendo la productividad y empujando a los hogares a gastos médicos catastróficos, de acuerdo con especialistas que analizaron el Informe Global sobre el uso de impuestos al alcohol 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentado recientemente.
“Las enfermedades asociadas al consumo de alcohol empujan a muchas familias a gastos catastróficos y pérdida de productividad. Las políticas fiscales bien diseñadas pueden proteger a los hogares más pobres al reducir la carga de enfermedad prevenible”, afirmó Ogweno Stephen, director general de la Fundación Stowelink durante un seminario de medios.
El documento, que evalúa las políticas fiscales en al menos 167 países y compara precios en 145 mercados, revela que los impuestos especiales al alcohol representan en promedio apenas el 20.9 por ciento del precio de la cerveza más vendida y el 28.4 por ciento del de los destilados a nivel global.
Las cifras medianas son aún más bajas: 14 por ciento para la cerveza y 22.5 por ciento para los destilados. Solo 12 países mantienen prohibida la venta de bebidas alcohólicas y solo dos países no aplican ningún impuesto especial.
Entre 2022 y 2024, solo 37 países lograron que la cerveza fuera menos asequible y únicamente 25 redujeron la asequibilidad de los destilados, mientras que menos de uno de cada cuatro países cuenta con mecanismos automáticos de ajuste inflacionario, una debilidad estructural que erosiona el impacto real de la política fiscal y favorece un entorno de mayor consumo, mayores costos sanitarios y presión creciente sobre los presupuestos públicos, según el análisis técnico de la OMS.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que “el alcohol impone una pesada carga a los sistemas de salud y a las economías, y profundiza las inequidades en salud”.
Por su parte, la economista de la OMS Anne Marie Perucic precisó que “menos de uno de cada cuatro países que aplican impuestos específicos cuenta con ajustes automáticos, lo que significa que el valor real del impuesto se reduce con el tiempo”.
El análisis también identificó vacíos relevantes en la cobertura del gravamen por tipo de producto.
El vino permanece exento del impuesto especial en al menos 25 países, principalmente en la región europea, a pesar de que la recomendación técnica es que los impuestos especiales se apliquen a todas las bebidas alcohólicas.
En el caso de América Latina, incluido México, el país forma parte del grupo de naciones que aplican impuestos especiales al alcohol dentro del universo analizado por la OMS, aunque el informe presentado no desagrega cifras específicas por país en esta actualización.
Perucic explicó que el tipo de impuesto más utilizado a nivel mundial para cerveza y vino es el impuesto específico basado en volumen, mientras que para las bebidas espirituosas predomina el impuesto basado en contenido alcohólico.
Sin embargo, aproximadamente solo la mitad de los países que aplican impuestos consideran explícitamente el contenido de alcohol como base del gravamen.
Además, muy pocos países aplican un impuesto mínimo específico que garantice un piso de recaudación.
Apenas entre cuatro y ocho por ciento lo hacen, dependiendo del tipo de bebida, lo que deja a los sistemas fiscales vulnerables a la erosión inflacionaria.
La baja carga fiscal se refleja en el precio final. En el promedio global ponderado por población, el impuesto especial representa 20.9 por ciento del precio de la cerveza más vendida y 28.4 por ciento del precio de los destilados, con valores medianos aún menores de 14 y 22.5 por ciento, respectivamente.
La economista senior del Banco Mundial, Ceren Ozer, advirtió que el impacto del alcohol no solo se expresa en indicadores sanitarios, sino en costos económicos directos para los gobiernos y en pérdidas de productividad a escala nacional, al incrementar el gasto público en atención médica, en el tratamiento de lesiones y en la atención de enfermedades prevenibles.
“Los impuestos bien diseñados reducen mortalidad y morbilidad, disminuyen el gasto público en lesiones y enfermedades prevenibles y fortalecen la productividad porque las personas viven más sanas, trabajan por más tiempo y pueden invertir en el bienestar de sus familias”, señaló.
Ozer explicó que estos impuestos corrigen externalidades negativas que hoy no están reflejadas en el precio del alcohol. “Se corrigen costos sociales como la conducción bajo los efectos del alcohol, la atención pública de los daños inducidos por el consumo y los tratamientos médicos derivados de enfermedades crónicas”, precisó.
Desde una perspectiva fiscal, recordó que los impuestos al tabaco generan en promedio alrededor de 0.6 por ciento del producto interno bruto y que, al incorporar el alcohol, el potencial de recaudación se aproxima a uno por ciento del PIB, lo que representa un margen relevante para países con presiones de deuda y reducción de financiamiento externo.
“El alcohol está particularmente subutilizado desde el punto de vista fiscal. Cuando el diseño del impuesto es débil o no se actualiza, se pierde impacto tanto en salud como en finanzas públicas”, afirmó.
El director del Ministerio de Finanzas de Mauricio, Mahen Bheekhee, expuso que su país enfrenta una elevada prevalencia de consumo de alcohol y una carga sanitaria creciente.
“La prevalencia de consumo de alcohol es de 15.4 por ciento. En el grupo de edad de 25 a 34 años alcanza 19 por ciento”, detalló. Indicó que las enfermedades no transmisibles concentran alrededor de 80 por ciento de la carga total de enfermedades en el país, lo que incrementa hospitalizaciones y presión sobre el presupuesto sanitario.
Desde el punto de vista fiscal, explicó que la inflación acumulada de 31 por ciento en los últimos cinco años erosionó el valor real del impuesto específico, reduciendo su capacidad para influir en el consumo y sostener ingresos públicos.
En Sri Lanka, el presidente de la Autoridad Nacional sobre Tabaco y Alcohol, Ananda Rathnayaka, explicó que el aumento reciente del impuesto al alcohol respondió a una combinación de presión fiscal y evidencia económica tras la crisis más severa de la historia del país.
“Aumentar el impuesto al alcohol, cuya demanda es relativamente inelástica, ha sido una estrategia efectiva para fortalecer los ingresos del Estado sin afectar al público con aumentos generalizados”, afirmó.
Rathnayaka subrayó que estudios económicos demostraron que los costos directos para individuos y sociedad derivados del consumo de alcohol superan los ingresos fiscales obtenidos.
“Esa evidencia mostró la necesidad de ajustar los impuestos a niveles que reflejen mejor el costo real del daño sanitario y social”, sostuvo.
La directora de política y defensa de la NCD Alliance, Alison Cox, advirtió que las políticas fiscales sobre alcohol enfrentan resistencia política e interferencia de la industria.
“En negociaciones recientes observamos cómo el lenguaje sobre impuestos se debilitó. Algunos gobiernos los presentan como un tema de soberanía, cuando en realidad los impuestos fortalecen la autonomía fiscal y sanitaria”, afirmó.
Cox alertó que la industria suele cuestionar la evidencia científica, exagerar impactos económicos y presentar los impuestos como regresivos o ineficaces, lo que retrasa o debilita reformas estructurales.
LP
