Hace poco más de un año se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para derogar los artículos 144 al 147 del Código Penal y trasladar la regulación de la interrupción del embarazo al ámbito de la salud pública. La propuesta, aprobada en comisiones con 15 votos a favor y 6 en contra, sigue en espera de su discusión en el pleno.
Su avance es relevante porque la CDMX podría convertirse en la primera entidad del país en tratar este procedimiento exclusivamente como un servicio médico, un cambio que especialistas consideran necesario para garantizar atención clara, segura y sin estigma.
Entre la norma penal y la atención médica
Aunque la Suprema Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto y 24 estados han modificado sus marcos legales, el procedimiento sigue siendo el único servicio médico regulado a través del derecho penal.
Esta contradicción mantiene espacios de incertidumbre tanto para pacientes como para personal de salud. Entre enero y septiembre de 2024 se iniciaron 592 carpetas de investigación por aborto en México; 131 corresponden a la Ciudad de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la última década, la cifra supera las 6,700 investigaciones.
Para médicas y especialistas, estos números muestran que la criminalización no evita la práctica; sólo complica el acceso y genera temor en los consultorios.
“Cuando un servicio de salud se trata como delito, el consultorio deja de ser un espacio de confianza y cuidado para convertirse en un lugar marcado por el estigma y el miedo. Y esa no es la medicina que juramos ejercer”, señala María Eréndira Itami Sordo, ginecobstetra en el Estado de México.
Voces desde la atención médica
Profesionales de diversas regiones del país insisten en que el tema debe abordarse desde la salud pública. En la campaña “Así de simple”, impulsada por Salvemos Miles de Vidas México y que reúne a médicas, psicólogas y personal de distintas especialidades, se reitera que este procedimiento requiere regulación sanitaria, no penal.
En ese sentido, Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera en Cuernavaca, menciona:
“Tratar un procedimiento médico desde el derecho penal genera estigma, incluso dentro de los propios equipos de salud. Necesitamos marcos claros desde la salud pública, no desde la criminalización.”
Para las especialistas, un marco regulatorio actualizado podría reducir la incertidumbre y facilitar una atención más segura y oportuna.
Un año después, la discusión sigue abierta
A un año de presentada la iniciativa, el Congreso capitalino mantiene pendiente su votación. Desde consultorios y espacios de atención se sostiene la misma demanda: abordar la interrupción del embarazo con criterios de salud pública.
El debate continúa, pero el mensaje se resume en un punto: actualizar la regulación permitiría ofrecer un servicio más claro y sin estigma. “Así de simple”.
GCM
