Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) estima que con un ajuste de tres pesos por cigarro se evitarían en una década 73 mil muertes prematuras y más de 400 mil casos de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, incluidos 183 mil infartos cardíacos y 18 mil casos de cáncer.
Además, el sistema de salud podría ahorrar 131 mil millones de pesos en atención médica directa y 111 mil millones en costos indirectos, principalmente por pérdida de productividad, lo que representaría un beneficio económico superior a 240 mil millones de pesos.
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“Estamos hablando de un ahorro enorme y de una medida que salva vidas. Cada peso que se incrementa en el precio del cigarro significa menos fumadores y más recursos para el sistema de salud. Este no es un tema recaudatorio, es un asunto de justicia fiscal y de salud pública”, afirmó Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco fue calificada como un avance “valioso pero insuficiente”. El Paquete Económico 2025 contempla elevar el IEPS ad valorem de 160 a 200 por ciento y un aumento gradual del impuesto específico.
“Lo mínimo sería un ajuste inmediato y no escalonado, pues los aumentos graduales no tienen el mismo efecto en la reducción del consumo. Cuando en 2010 se aumentaron 35 centavos por cigarro, el precio real subió 25 por ciento y hubo una caída inmediata en el consumo. Ese es el tipo de medidas que necesitamos, no incrementos que se diluyen año tras año”, dijo Ochoa.
De acuerdo con Salud Justa Mx y estudios del INSP, lo óptimo sería fijar un impuesto específico de tres pesos por cigarro. Ese ajuste elevaría el precio promedio de la cajetilla de 75 a 135 pesos, lo que permitiría disminuir el consumo en más del 40 por ciento y aumentar la recaudación hasta en 25 por ciento. En contraste, la propuesta presidencial solo reduciría el consumo 16.5 por ciento y elevaría la recaudación 20.9 por ciento hacia 2030.
“Si México adoptara la medida de tres pesos, el país cumpliría con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide que al menos 75 por ciento del precio final de los cigarros corresponda a impuestos. Hoy estamos por debajo de ese umbral, mientras que países como Jamaica alcanzan 81 por ciento, Panamá 78 por ciento y Reino Unido 82 por ciento”, puntualizó el especialista.
Datos del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) del INSP muestran que el tabaquismo provoca más de 63 mil muertes anuales en México y que los costos médicos asociados equivalen al 0.5 por ciento del PIB nacional, principalmente por enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas.
“Hoy el Estado recauda cerca de 48 mil millones de pesos al año por IEPS al tabaco, pero gasta más de 85 mil millones en atender sus consecuencias. Es una ecuación injusta: el dinero público termina subsidiando el daño causado por la industria tabacalera”, añadió Ochoa.
El Banco Mundial ha documentado que cada incremento real del 10 por ciento en los precios del tabaco reduce el consumo entre cuatro y ocho por ciento, con mayor impacto entre adolescentes y adultos jóvenes.
“Producir cigarros es muy barato; llevan fabricándose de manera mecanizada desde 1884. Hoy el precio de una cajetilla no refleja el verdadero costo que tiene para la salud y para el sistema sanitario. Cada cajetilla fumada significa un gasto enorme que terminamos pagando todos con nuestros impuestos”, subrayó Ochoa.
Tabaquismo y sus costos
Según el Estudio sobre la Carga Económica del Tabaquismo en México (2024), los fumadores destinan en promedio 13 por ciento de su ingreso mensual al tabaco, mientras que el costo anual para el sistema público de salud por enfermedades atribuibles al consumo supera los 116 mil millones de pesos, equivalentes a 318 millones de pesos diarios en tratamientos , hospitalizaciones y rehabilitación.
Ochoa insistió en que “los impuestos deben tener un sentido social. No se trata solo de recaudar más, sino de evitar que las nuevas generaciones inicien en el consumo. Cada cajetilla más cara es una vida potencialmente salvada”.
Salud Justa Mx, Fundar, México Evalúa y El Poder del Consumidor propusieron reformar la Ley General de Salud para que una fracción de la recaudación adicional por IEPS se destine de manera obligatoria a programas de prevención, tratamiento de adicciones y atención de enfermedades crónicas relacionadas con el tabaco.
“De nada sirve aumentar los ingresos fiscales si no se garantiza que esos recursos regresen al sistema de salud. Los impuestos al tabaco no deben verse solo como una herramienta recaudatoria, sino como la política más efectiva para salvar vidas”, sostuvo Ochoa.
El estudio del INSP concluye que con el aumento de tres pesos por cigarro se evitarían 73 mil muertes prematuras y más de 400 mil casos de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, incluyendo 183 mil infartos cardíacos y 18 mil casos de cáncer.
En México, el proceso para consolidar el control del tabaco ha sido largo y complejo. En 2008 se promulgó la Ley General para el Control del Tabaco; en 2010 se incorporaron los pictogramas de advertencia en las cajetillas; en 2021 se prohibió toda publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, y en 2022 se establecieron espacios 100 por ciento libres de humo en todo el país. En 2025 se emitió un decreto presidencial que restringió la venta y distribución de dispositivos emergentes, como los vapeadores y productos de tabaco calentado.
Sin embargo, ese decreto tiene un alcance jurídico limitado: puede modificarse o revocarse por la vía administrativa, sin pasar por el Congreso, a diferencia de una reforma de ley. “Un decreto tiene menos peso que una ley aprobada por el Poder Legislativo. Si no se eleva a rango legal, cualquier cambio de administración podría revertirlo. Eso significa dar marcha atrás a una política pública que durante años fue reconocida por la comunidad internacional”, advirtió Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.
En junio pasado, Bloomberg Philanthropies reconoció a México por sus avances en la prohibición integral de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
“Lo paradójico es que, después de haber sido reconocidos a nivel mundial, ahora se plantea entregar a la industria lo que costó décadas de lucha social. Con la nueva propuesta fiscal y la falta de reformas legales sólidas, se corre el riesgo de debilitar las restricciones que protegen la salud pública. Eso no lo vamos a permitir”, detalló Ochoa.
