Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió aplazar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados para que haya tiempo de un debate inclusivo en la materia, en el que se garantice la participación de todas las voces interesadas.
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“Creo que lo mejor que puede pasarle al país es que haya una amplia discusión en el tema que a todos nos interesa, porque tiene que ver con nuestra seguridad. Pediría que se aplazara al tiempo de que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir en una legislación que no sea la apropiada; más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente, el ámbito civil y el ámbito militar”, dijo el ombudsman luego de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de difusión de cultura cívica y derechos electorales.
El ombudsman recordó que la postura de la CNDH en el tema de la interacción entre Fuerzas Armadas con población civil es que tiene que haber un eje a partir de la autoridad civil y que ninguna regulación debe transgredir las competencias y sobre todo el respeto a los derechos humanos.
“Ninguna regulación desde luego que puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias, toda regulación tiene que respetar los derechos humanos. Yo lo dije como Abogado General desde la Universidad, que cualquier presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tiene que ser transitoria”, aseguró el ex funcionario de la UNAM.
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Dijo que el tema de la seguridad interior surge del pendiente que tienen los gobiernos estatales “en cumplir con lo que les toca” y que en 10 años no han podido resolver.
“En 10 años, que ha sido (el tiempo de) la presencia de las fuerzas armadas, (algo en lo) que ellas no pidieron estar. Porque, como ellos mismos han reconocido, no están preparados en tareas de seguridad, sino que la necesidad hizo que estuvieran presentes, porque las policías locales fueron rebasadas en sus capacidades y en muchas ocasiones, contaminadas, muchas policías municipales”, expresó.
Sin embargo, reiteró que el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles debe ser gradual porque el problema de la inseguridad es real y vigente, pero “tiene que haber un plan de retorno verificable, gradual, pero verificable, y desde luego siempre el respeto a los derechos humanos. No se puede sustituir las competencias de otras autoridades como es la persecución de los delitos, que el artículo 21 prevé que compete al MP y a las policías federal y estatales”.
OVM
