Organizaciones e integrantes de la academia exigieron detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas de seguridad no militarizadas.
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En conferencia de prensa, representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, México Unido contra la Delincuencia y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos consideraron que ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, el Congreso de la Unión debe detener la aprobación de la ley en materia de seguridad.
La exigencia, afirmaron, es porque la ley debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones.
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"En 10 años del ejército y fuerzas armadas en las calles tenemos policías desarticuladas y carentes de capacitación" #SeguridadSinGuerra
— CMDPDH (@CMDPDH) February 14, 2017
Destacaron que la evidencia disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares.
Las organizaciones consideraron que, antes de aprobar una iniciativa que legisle que el Ejército realice tareas de seguridad pública, como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada ley, los legisladores deben tomar en cuenta los casos de abusos para evidenciar la urgencia de una legislación que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas.
ALEC
