Aprueban Ley de Deuda Pública en el Estado

Legisladores de Coahuila plantearon que sólo podrán contratar deuda cuando se destine a inversiones productivas, con la condición de que sea aprobado por al menos dos terceras partes del Congreso.
El Congreso de Coahuila resolvió pasar la propuesta a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos.
El Congreso de Coahuila, aprobó por mayoría la creación de la Ley de Deuda Pública, propuesta por el gobernador del Estado, Rubén Moreira. (Ana Ponce)

Saltillo, Coahuila

El Congreso de Coahuila, aprobó por mayoría la creación de la Ley de Deuda Pública, que fue propuesta por el gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, sin embargo la iniciativa fue dictaminada, presentada al Pleno y aprobada en 9 días.

De acuerdo al dictamen presentado en la sesión del Legislativo, realizada hoy en el municipio de Ocampo, fue el pasado día 11 de octubre que se acordó turnar a las Comisiones Unidas de Finanzas y de Presupuesto esta Iniciativa.

La nueva Ley de Deuda Pública tiene como objetivo cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada el 27 de abril de este año, que establece los principios generales presupuestarios, de deuda pública, transparencia y de rendición de cuentas.

Y de acuerdo al calendario del Congreso, estas Comisiones se reunieron el viernes 14, de este mes, donde se aprobó y dictaminó la iniciativa para presentarla ante el pleno legislativo, por lo los diputados integrantes de las Comisiones de Finanzas y Presupuesto tuvieron 3 días para revisarla y analizarla.

Con la creación de la nueva Ley de Deuda Pública se incorporan modificaciones que inciden en la reglamentación de la deuda pública estatal, municipal y de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal acordes con las disposiciones señaladas en la legislación de Disciplina Financiera.

De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa era necesario realizar una adecuación general en cuanto a las facultades y distribución de las competencias de las entidades, lo que permitirá brindar certeza jurídica en la implementación y aplicación de esta Ley.

La nueva Ley de Deuda Pública plantea que las entidades sólo podrán contratar deuda cuando se destine a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, con la condición de que el endeudamiento sea aprobado por al menos las dos terceras partes del Congreso del Estado.

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"Previamente deberá realizar un análisis de la capacidad de pago de la entidad a cuyo cargo estaría la obligación, así como del destino del financiamiento, por lo que se prevé un fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento que se otorguen", indica la iniciativa.

Las contrataciones de los financiamientos deberán hacerse mediante procesos competitivos que garanticen las mejores condiciones de mercado, se les obligada a elaborar un documento que incluya el análisis comparativo de las propuestas y publicarlo en su página oficial de internet.

Con ello se busca que se puedan reducir los costos de la deuda pública, pues se deberá contratar la oferta que represente el costo financiero más bajo.
Esta ley también contempla la contratación de obligaciones a corto plazo, sin solicitar la autorización del Congreso, siempre y cuando el monto solicitado no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado o del Municipio del ejercicio fiscal correspondiente.

Asimismo el financiamiento tendrá que ser liquidado tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente y deberán ser obligaciones respaldadas por los activos, en tanto que los recursos que se obtengan derivados de las obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Se autoriza a las entidades para obtener financiamiento mediante la emisión de valores que estará sujeto, en todos los casos, a la aprobación previa del Congreso del Estado.

Permite que se pueda refinanciar o reestructurar los financiamientos sin la autorización del Congreso, en caso de que se logre una mejora en la tasa de interés, cuando no se incremente el saldo insoluto y no se amplíe el plazo de vencimiento original de la obligación.

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Se les obliga a inscribir la totalidad de los financiamientos y obligaciones suscritos por las entidades en el Registro Público Único, que estará a cargo de la SHCP, para que se transparente la totalidad de los financiamientos y las obligaciones.

Se prevé menores costos de financiamiento, a través de la contratación de deuda estatal garantizada de las entidades que así lo deseen, con el aval de la federación en los términos de la Ley de Disciplina Financiera.

Se obliga a las entidades a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información necesaria para la implementación del Sistema de Alertas, señalado en la Ley de Disciplina Financiera, que le permitirá realizar una medición sobre el endeudamiento de las entidades.

Establece sanciones aplicables a los actos u omisiones por incumplimiento de las disposiciones previstas en la ley, por lo que los servidores públicos y las personas físicas y morales que causen daños o perjuicios a la hacienda de las entidades, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente.

La exposición de motivos expresa que la Ley de Deuda Pública "nos permitirá modernizar nuestro marco jurídico para fortalecer la economía del Estado, a través de una correcta planeación y el ejercicio responsable de los recursos públicos, lo que permitirá consolidar un manejo más eficiente y sostenible de sus finanzas públicas".

"Como es, la contratación de deuda solo para inversiones públicas productivas con la autorización de las dos terceras partes de los presentes en el Congreso, el análisis por parte del Congreso a la capacidad de pago de la entidad solicitante y el destino del crédito, la contratación de financiamientos mediante procesos competitivos que garanticen las mejores condiciones crediticias y con la obligación de contratar la oferta que represente el costo financiero más bajo", concluye.



LMG