México y ONU ahora chocan por informe sobre la tortura

Luego de que el relator especial de la ONU presentara su informe en Suiza, el representante ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, señaló que el reporte “no corresponde con la realidad”.
Paolo Gentinoli, canciller de Italia, y su homólogo José Antonio Meade, tras la cuarta versión de la comisión binacional.
Paolo Gentinoli, canciller de Italia, y su homólogo José Antonio Meade, tras la cuarta versión de la comisión binacional. (Especial)

México

México rechazó ayer que en el país la tortura sea "generalizada", como lo señaló Juan E. Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, quien dio a conocer en Ginebra, Suiza, un informe sobre el tema.

"No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad", señaló Jorge Lomónaco, representante de México ante los organismos internacionales, después de que Méndez presentara ayer su reporte durante el 28 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Lomónaco añadió que el señalamiento del relator "no refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respeto a los derechos humanos".

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, aseguró que de los 14 casos de presunta tortura que documentó el relator especial, en 13 de ellos ya se han presentado avances, y agregó que en el reporte de Méndez existen aseveraciones que no guardan "congruencia".

Esta es la tercera ocasión en el año que el gobierno mexicano cuestiona los señalamientos que los organismos de Naciones Unidas le hacen sobre la situación de los derechos humanos.

La primera fue en febrero pasado, cuando el Comité sobre Desapariciones Forzadas dio a conocer un informe sobre el tema. La segunda, la semana pasada, cuando el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, presentó su informe anual y dijo que México es "un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar las ganancias democráticas logradas con esfuerzo", y expresó su preocupación por los vínculos del crimen organizado con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.

En las tres ocasiones, la ONU ha manifestado su preocupación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinaopa, la cual "está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad y evitar estos crímenes en el futuro".

"Solo presenta 14 casos"

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, el embajador Lomónaco mencionó que el relator especial de la ONU solo presenta en el informe 14 casos, de los cuales "se le ha proporcionado información puntual" sobre "95 por ciento de los casos referidos y se continúa trabajando para continuar con dicho proceso".

Por ello invitó a Méndez "a continuar con este ejercicio de documentación, a fin de que el Estado pueda asegurar el acceso pleno a la justicia de las respectivas víctimas de violaciones a los derechos humanos y fincar las responsabilidades correspondientes a los autores".

En su exposición, el embajador puntualizó que "México considera que, para tener un efecto positivo en el terreno, los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos deben sustentar su actuación en una reflexión objetiva y ponderar adecuadamente los distintos puntos de vista.

"Como ha quedado reflejado en el informe del relator, el Estado mexicano cuenta con un andamiaje jurídico y una determinación institucional que favorece y amplía el espectro de protección a los derechos humanos. Por ello seguimos poniendo en marcha una serie de acciones para la prevención y atención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Asimismo, destacó los avances en materia legislativa que se han realizado en México como la obligatoriedad de implementar el Protocolo de Estambul, para casos de posible tortura o maltrato, y la a promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas.

Finalmente, Lomónaco reiteró "el compromiso del gobierno de México para prevenir y erradicar los casos de tortura o malos tratos, así como para sancionar a todos aquellos que cometan este tipo de delitos".

Avances significativos en 13

En tanto, el canciller Meade recalcó que desde que se presentó el informe preliminar sobre el tema, el año pasado, se le pidió al relator que documentara los casos que ya le preocupaban.

"De los 14 casos que él comentó le hemos podido ya aportar elementos de los avances significativos que hemos tenido en 13 de ellos. Nosotros reiteramos la disposición de un país abierto como lo somos, de un país que coopera en mecanismos internacionales como México lo hace.

"Desde que se presentó el reporte preliminar en donde se hacia la aseveración de que enfrentamos una práctica generalizada, se le pidió en este animo de cooperación al relator, que nos pudiera documentar cuáles son los casos que le preocupaban y que sustentarán esa aseveración", indicó.

En entrevista luego de la clausura de los trabajos de la cuarta edición de la Comisión Binacional México- Italia, el canciller reiteró que el gobierno mexicano mantiene la convicción plena de erradicar la tortura.

"Mantenemos la convicción plena de erradicar este fenómeno, de consolidar los avances que tenemos y hacer lo necesario para hacer que la tortura en México sea cosa del pasado y en ese empeño mucho nos ayuda, en la relación con los relatores, que nos apoyen a documentar sus dichos.

"Encontramos que hay algunas aseveraciones que no guardan congruencia dentro del reporte en sí mismo, que reconoce lo mucho que México ha avanzado en la atención de este tema", agregó.

El secretario expresó la necesidad de que el relator continúe con este ejercicio de documentación para que el Estado pueda asegurar el acceso pleno a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El informe

El relator Juan E. Méndez destacó en su informe que "toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias y presión psicológica" son instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones o para intimidar a periodistas o activistas sociales".

Añadió que hay "inquietantes coincidencias entre los testimonios de las personas que denuncian haber sido detenidas por individuos vestidos de civil, a veces encapuchados, que conducen automóviles no identificados y no disponen de una orden judicial ni informan de los motivos de la detención.

"Y una vez detenidos hay golpes, insultos y amenazas, y las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: puñetazos, patadas y golpes con palos, toques eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca; desnudez forzada; suspensión corporal...".

En ocasiones, añade el documento, "transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial.

"Repetidamente las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato denigrante", resaltó.

Méndez indicó haber conocido de casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas y otros en los cuales el maltrato acompañó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

También conoció del uso de la tortura sexual, principalmente contra las mujeres, que incluye "desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en las partes íntimas y violación sexual reiterada y cometida por varios sujetos".

En el documento se menciona que "consistentemente un alarmante número de los detenidos entrevistados alegó haber sido víctima de torturas luego de su detención".


Se ignoran denuncias: amnistía internacional

tAmnistía Internacional (AI) consideró que es preocupante la posición que el gobierno mexicano ha manifestado respecto a los señalamientos sobre la situación de los derechos humanos en el país que le han formulado los organismos de Naciones Unidas.

En videoconferencia desde Ginebra, Suiza, Erika Guevara Rosas directora para las Américas de AI, respaldó el informe de Naciones Unidas y consideró que el gobierno debe hacer frente a esta "práctica repugnante" porque las denuncias de tortura "son ignoradas" y las que se investigan "están plagadas de irregularidades".

Indicó que "las investigaciones sobre las denuncias de tortura en México están plagadas de defectos. Las directrices internacionalmente acordadas, tales como el Protocolo de Estambul sobre la manera de investigar la tortura son ignoradas rutinariamente y con frecuencia las víctimas tienen que esperar meses o años para ser examinados. La documentación de la tortura es el primer paso para romper el muro de la impunidad.

"Este informe vital y mordaz de un experto de la ONU sobre la tortura destaca una cultura de la impunidad y la brutalidad a la cual le hemos estado haciendo campaña durante años. El presidente Enrique Peña Nieto no puede alegar desconocimiento sobre este tema. Por el contrario, se debe aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU establecidas en el informe del relator especial".