1. No encuentro ninguna razón, más allá de los dichos de capos municipales y sicarios, que fundamente la conclusión de “crimen de Estado”. Para empezar, los que, según el propio informe, decidieron asesinar a los estudiantes, tomaron esa decisión sobre la marcha; no estaba planificado. Segundo: si la intervención de “altos” funcionarios del Ejecutivo federal ocurrió, no fue para cometer el crimen sino, en todo caso, para encubrirlo. Tercero: no hay crimen de Estado sin la decisión de la cabeza del Estado, pero el informe no se atreve ni a insinuarlo. Cuarto: no hay crimen de Estado sin que esté presente la noción (real o inventada) de “amenaza a la seguridad nacional”. ¿Qué amenaza representaban unas decenas de normalistas alborotando en un pueblo insignificante (desde el punto de vista estratégico) como Iguala?
2. Es posible, incluso probable, que la versión de que la mayoría de los estudiantes fue quemada en el basurero de Cocula no se sostenga, pero hay que recordar que restos de dos normalistas identificados fueron encontrados en el basurero o en el río San Juan (los de Jhosivani Guerrero, hallados seis años después en la barranca de La Carnicería, se suman a los de Alexander Mora Venancio y Christian Rodríguez). Eso no ha sido cuestionado. No es tan extraño que la frase misma “basurero de Cocula” haya literalmente desaparecido del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
3) Sin embargo, no es tan fácil desaparecer Cocula. Como señala la recomendación de la CNDH, con base en información puramente técnica, puede establecerse la presencia de uno más de los normalistas sustraídos del autobús 1531 —interceptado en el “Puente del Chipote”, en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014—, en el escenario de “Loma de Coyotes” e incluso en el vertedero de Cocula. Con información del equipo telefónico del normalista desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa se puede establecer que a las 22:30:08 horas del 26 de septiembre de 2014 estuvo ubicado en “El Puente del Chipote”, lugar en el que fue interceptado el autobús 1531 con 15 o 20 estudiantes de Ayotzinapa.
Es decir, con esta información técnica y otras evidencias que constan en el expediente puede afirmarse que José Eduardo Bartolo Tlatempa era uno de los estudiantes que iba a bordo del autobús aquella noche. Del mismo modo, la información telefónica permite establecer que a las 23:39:43 horas él y/o su teléfono estuvo en el área de “Loma de Coyotes” (domicilio de El Cabo Gil) y que a las 23:57:35 horas él y/o su teléfono estuvo en Cocula.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes coincide con lo referido respecto a la ubicación de Bartolo Tlatempa y/o su teléfono en la noche en que sucedieron los hechos.
4. En los chats entre sicarios hay varias versiones de dónde pudo terminar el resto de normalistas. Tras cuatro años de nueva búsqueda, solo han encontrado restos de uno, en Cocula, y en el informe no se dice cómo se llegó a él. ¿Dónde está el resto de normalistas asesinados?
5. Los sicarios en la “verdad histórica” y los de la “nueva narrativa”. En el informe aparecen dos casillas, una frente a otra, bajo el título de “operadores de la desaparición de los normalistas”. En la casilla de la “verdad histórica” no aparece ningún nombre, mientras que en la casilla de la narrativa actual o nueva verdad aparece un largo listado de sicarios, encabezados por El Gil, El Negro, El Tilo, El Chino, El Chucky y su gente; El Cholo Palacios, El Duvalín, El Wasako... Tramposamente se omite que, tanto en las investigaciones de la PGR, como en la recomendación de la CNDH, aparecen no solo El Gil, El Chucky y su gente, El Jona, El Duvalín, sino también El Pato Reyes, El Cepillo (Felipe Rodríguez), El Cheje o Chereje, El Wasa o Wasako, El Pajarraco y La Rana... Ahora bien, ¿por qué se oculta la participación de estos sicarios? No solo para demeritar las anteriores investigaciones, sino para evitar los nombres que conducen… ¡al basurero de Cocula! Como en las fotos del estalinismo, aquí se borran los nombres “inconvenientes”.
6. Todas las acusaciones contra ex funcionarios, incluida la del ex procurador Murillo Karam, están fundadas en deducciones o inferencias. No hay testimonios (ni pruebas o evidencias) en el informe que lo señale, de ahí que no sea raro que el Poder Judicial esté a punto de liberarlo. Contra los otros funcionarios involucrados (excepto Tomás Zerón), la acusación más grave es que en algún momento se reunieron para urdir la “verdad histórica”, delito que habrá que añadir en algún momento al Código Penal federal. Eso es una vacilada, sin sustento material o testimonial.
7. El punto fuerte de la nueva narrativa, la participación del Ejército, es, si llega a confirmarse, participación de algunos elementos; ningún alto mando, por cierto. Si se confirma, la sanción deberá ser ejemplar.
8. El informe es tan informe (valga la redundancia) que se solicita orden de aprehensión contra El Cabo Gil (Gildardo López Astudillo), que es a la vez el principal testigo colaborador de la Comisión. Esta es quizá la razón por la que la FGR decidió desistirse de varias acusaciones para no hacer el ridículo.
9. De conjunto, todo es una construcción ideológica que tiene su origen en las marchas de padres y compañeros (y sus aliados) de los normalistas, donde se enarboló la consigna política “Fue el Estado”. De ahí surgió la convicción, también política, que debería judicializarse esa consigna. Sin duda se parte de posibilidades y eventualmente de alguna probabilidad, pero carece de vinculaciones, complicidades y nexos confirmados. No hay mediaciones, no existe estructura ni narrativa mínimamente coherente. No hay móvil para la supuesta acción de encubrimiento del Estado (¿armar una conspiración mayúscula para encubrir a un coronel del Ejército? Por favor).
Por último: no digo que en el futuro no puedan confirmarse vínculos o complicidades que en el informe solo están insinuados, pero por ahora no hay nada. Ni siquiera una triste confesión.
Gustavo Hirales Morán*
* Analista y Ex guerrillero
