Según el decreto presidencial que la crea, la CoVAJ-Ayotzinapa no es una Comisión de la verdad pues “no es su finalidad principal elaborar y difundir un informe sobre el caso. No obstante lo anterior, en un sentido más amplio y desde una perspectiva menos ortodoxa (sic), sí puede afirmarse que la CoVAJ-Ayotzinapa se asemeja a una Comisión de la Verdad, en el sentido de que es un mecanismo extraordinario para garantizar la verdad, que surge en un entorno de transición política”.
Bien, “mecanismo extraordinario”, que se funda ¿en qué leyes o normas? No lo dice, pero si apelan al art. 92 de la Constitución, éste solo establece que “Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos”, lo que evidentemente no funda la facultad del presidente para decretar “mecanismos extraordinarios” para lo que sea. Y el artículo 89, que habla de las facultades del presidente, en ninguna parte estipula la facultad de decretar la creación de comisiones o mecanismos extraordinarios para procurar “verdad y justicia”.
Porque si fuera Comisión de la Verdad en sentido auténtico no podría haber sido formada por un decreto ejecutivo que ignora lo que la ley mandata: esto es, que en violaciones graves a derechos humanos a quien le corresponde investigarlas es a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (facultad que antes tenía la SCJN). El artículo 102 constitucional, en su último párrafo, señala que “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal,alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas”.
¿Por qué no le hicieron así? Porque la CNDH ya había investigado el caso, y elaboró una amplia y circunstanciada recomendación al respecto. Pero al nuevo equipo gobernante no le gustaba esa recomendación, porque la sentía cercana a la “verdad histórica” y lejana a los reclamos de los padres y de la corrección política.
Así, el decreto no sólo ignora la ley al formar laCoVAJ, también al encabezarla con un alto funcionario del gobierno que, más allá de su historia personal, era miembro del mismo partido político que el presidente municipal de Iguala (PRD) cuando fue electo, quien, según todas las evidencias, se aliócon el crimen organizado para enriquecerse ilegalmente y, en esa lógica, terminó por ordenar el secuestro y asesinato de los estudiantes.
Y todavía tiene, el decreto, la desfachatez de proclamar que esta Comisión gubernamental podrá ser ejemplo en otras partes del mundo para investigar sucesos similares.
¿Cuál es la primera tarea de la Comisión según el decreto? La CIPVJ-Ayotzinapa realizará política de alto nivel con funcionarios a cargo de dependencias y entidades que pudieran tener información relevante sobre el caso Ayotzinapa.
¿Por qué es necesaria una interlocución política de alto nivel? ¿No sería suficiente con que el subsecretario Encinas se comunicara con el subsecretario correspondiente y le dijera, “oye, mándame tal o cual información que ustedes tienen”?
¿Y la segunda tarea? Ofrecer todo un menú de “incentivos” a personas presas o en libertad para que aporten información pertinente. O sea, la compra de testigos “colaboradores”, en su mayoría provenientes del ejército de sicarios y capos de Guerreros Unidos que, en el caso, se ha personificado en el testigo “Juan”, que no es otro sino El Cabo Gil (Gildardo López Astudillo), el jefe de plaza de Iguala de ese grupo criminal, el que dio la orden de asesinar a los estudiantes y lanzó el tweet: “los hicimos polvo, nunca los encontrarán”.
En este contexto, ¿qué garantías había que la Comisión se condujera con verdad e imparcialidad? Ninguna, y el Informe presentado en agosto pasado no hace sino confirmar el sesgo y la parcialidad de la Comisión.
No había garantías de imparcialidad porque la Comisión fue conformado con puros detractores de la “verdad histórica”, como el GIEI, representantes de organizaciones aliadas a los padres de los normalistas y hasta el secretario técnico del GIEI, Omar Gómez Trejo, fue designado fiscal especial de la FGR para el caso.
Pero además, tanto el presidente como el subsecretario Encinas, casi desde el mismo momento en que sucedieron los hechos de Iguala, habían tomado partido por la hipótesis del “Crimen de Estado” y en contra de la llamada “verdad histórica”. Nada más natural que, una vez en el poder, crearan una comisión con la encomienda de derribar formalmente aquella verdad y construir otra “a modo”. Nada más natural, pero a la vez nada más bizarro y dudosamente legal.
Por lo demás, el formato y los objetivos de la Comisión de la Verdad ya estaban escritos desde mucho tiempo atrás, como lo muestra la siguiente formulación:
"Los expertos internacionales han revelado la abierta complicidad tanto de la Policía Federal como de las fuerzas militares con el crimen de lesa humanidad cometido contra los normalistas. También han exhibido al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como probable delincuente, encubridor de torturadores, narcotraficantes y corruptos. Se confirma la responsabilidad directa de Peña Nieto, como comandante en jefe de las fuerzas armadas y mando superior de Murillo Karam y Osorio Chong, en la desaparición y el asesinato de los jóvenes", escribió John Ackerman en La Jornada. ¿Cuándo? El 14 de septiembre de 2015, hace más de 7 años.
En este rubro encaja muy bien la postura supuestamente “imparcial” de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la señora Esmeralda Arosamena, quien aseguró que “la denominada verdad histórica está descartada en las nuevas investigaciones”. ¿Quién era ella para decir qué sí y qué no debía tomarse en cuenta?
¿Cuál era la actitud del ahora presidente a un mes escaso de los hechos de Iguala? Véase: ““El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador consideró que el presidente Enrique Peña Nieto ya sabe qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, pero no le conviene decir la verdad”, y enseguida: “el gobierno le está apostando a que el pueblo de México olvide el horrendo crimen contra los jóvenes, ‘como siempre lo hacen’, sólo que este hecho es un asunto muy grave”. (La Jornada, 25 de octubre, 2014).
Tampoco había una mente maestra detrás del sospechosismo y la delirante especulación; eran las mismas voces conspiracionistas de siempre, pero alentadas por la sangrienta dimensión del hecho y por las bocinas de alta gama de los extranjeros que, sin ningún recato, se entregaban a la especulación y la difusión de rumores, aupados por la clerigalla izquierdista de adentro (La Jornada y sus moneros en primer término) y las buenas conciencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tomemos otro ejemplo, el PRD. De acusado de haber no sólo permitido sino impulsado la candidatura y el triunfo de Abarca, y de haber cerrado los ojos ante sus evidentes crímenes y tropelías, pasó a ser acusador, encabezando las marchas que clamaban “Fue el Estado”.
Así, la Covaj no se formó para descubrir la verdad verdadera ni para hacer justicia, sino para, recogiendo todo lo que el sospechosismo ambiental y políticamente deliberado había trabajado en los primeros 4 años después del suceso, cribando y sobornando (testigos protegidos), darle luz a una nueva “verdad” sobre la base de chismes, rumores, infundios, mentiras, deducciones e inferencias, información críptica no dada a conocer previamente y, sobre esta base, perseguir, consignar y encarcelar, sobretodo a los que dirigieron la primera investigación oficial, encabezada por la PGR, aprovechando errores reales y abusos, pero distorsionándolo todo para crear la imagen no de una investigación incompleta o errónea, o incluso viciada, sino de una confabulación para ocultar, con todos los recursos del poder, el “crimen de Estado”que realmente habría ocurrido.
¿Y cuál era el móvil de esta confabulación, según sus denunciantes? No lo han dicho. Se especula acerca de complicidades innombrables e imaginadas, reuniones supersecretas entre altísimos funcionarios para urdir la “verdad histórica”, toda la maldad del Estado neoliberal para ocultar este segundo Tlatelolco. Pura paja, digo yo. Pura charlatanería de Estado.
Gustavo Hirales Morán
