Propone Poder Judicial plan B para castigar posesión de armas

La alternativa sería un cambio al Código Penal Nacional, dentro de los delitos que atentan contra la Seguridad Nacional en la Ley Federal de Explosivos. 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes.
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes. (Foto Archivo)

León, Gto

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, propuso ante diputados locales un plan b para castigar la posesión ilegal de armas que actualmente no se encuentra dentro de los delitos en los que se aplica la prisión preventiva como alternativa a la reforma al artículo 19 de la Constitución.

Para que ello ocurra dijo que debería de reformarse el Código Penal Nacional para contemplar dentro de los delitos que atentan contra la seguridad nacional aquellos que se encuentran en la Ley Federal de Explosivos.

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“Es un plan b para los efectos que todos pretenden, porque todos sabemos que una reforma constitucional y sobre todo a un precepto como el 19 pues no es nada sencillo, tenemos por supuesto toda la información de que de hecho ya en el Senado existen no una, sino dos iniciativas para lo que en esta iniciativa se está pretendiendo, y que no es fácil avanzar en una reforma del calado del orden constitucional”, señaló Valadez Reyes

Explicó que dentro de los delitos que atentan contra la Seguridad Nacional mismos que el artículo 19 de la Constitución considera dentro de los que se puede aplicar la prisión preventiva se han incorporado dos como son el terrorismo y el financiamiento al terrorismo.

“Se ha incorporando por ejemplo el terrorismo y el financiamiento al terrorismo, con lo que incluso se tiene como valor jurídico la afectación no sólo a la nación sino también a grupos específicos. Si esto es así y si ya tenemos estos delitos en el título de delitos contra la seguridad de la nación y si los delitos contra la seguridad de la nación y si los delitos de este orden están listados en el artículo 19 de la constitución como los que merecen prisión preventiva habría un modo mucho más sencillo que la reforma constitucional para lograr el propósito de la iniciativa”, explicó el presidente del Poder Judicial.

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Con ello se daría certeza a los juzgadores y así se evitaría como se ha expuesto en varias ovaciones en notas abordadas por MILENIO que presuntos delincuentes terminen en las calles al no haber una herramienta jurídica que les permita tenerlos en prisión preventiva.

Así dijo a los legisladores Valadez Reyes, que el texto para reformar el código penal podría quedar de la siguiente manera:

“Y que sería simplemente se estableciera una regla de dos renglones y esa regla diría: se consideran delitos contra la seguridad de la nación los previstos en los artículos tal y tal de la ley federal de armas y explosivos de esa manera esos delitos automáticamente estarían comprendidos por declaratoria literal en los que afectan la seguridad nacional y por lo mismo entrarían automáticamente dentro de la lista establecida en el 19 constitucional sin necesidad de reformarlo”

La semana pasada la diputada guanajuatense por el PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, subió a Tribuna a presentar la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para que se aplique prisión preventiva de oficio a quienes porten sin permiso armas de uso exclusivo del Ejército.

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Luego de los constantes reclamos por parte de diversos sectores de la sociedad y presiones de parte de autoridades locales la bancada panista en San Lázaro se sumó a la iniciativa impulsada desde la Conferencia Nacional de Gobernadores en la que se exige se modifique la Constitución en su artículo 19 para castigar con prisión preventiva la portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

“La iniciativa es en respuesta a varias voces, entre ellas la de los gobernadores, principalmente el de Guanajuato, Miguel Márquez, quien en varias ocasiones ha señalado en la Conago (Comisión Nacional de Gobernadores) esa necesidad de modificar las leyes para que no haya impunidad”.

Posteriormente, el Congreso de Guanajuato entregó un exhorto a la Cámara de Diputados para dar celeridad a la iniciativa, la cual de aprobarse tardaría unos seis meses en entrar en vigor por lo que el camino más sencillo sería el propuesto por el Poder Judicial de Guanajuato.