Donald Trump fue muy claro en su campaña presidencial al advertir que, además de la construcción de un “hermoso” muro entre EU y México, se enfocaría a deportar a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en la Unión Americana, en su mayoría mexicanos.
Más allá de si la Casa Blanca cumple su amenaza, hasta ahora un estudio del Migration Policy Institute no encontraba, al menos hasta mediados de 2017, que esto se haya hecho realidad.
El estudio es citado por la Casa del Migrante de Tijuana, dirigida por el padre Pat Murphy en su reciente libro Vidas en vilo. Historias y testimonios de migrantes internacionales (Tijuana, 2017, pp.244), el cual presenta las historias de los deportados mexicanos y de otras nacionalidades desde EU, obligados a dejar a sus familias y una vida hecha en ese país y que en su transición llegan a la Casa del Migrante en busca de apoyos.
En tres décadas de servicio, la Casa, como primer albergue para migrantes en México, ha atendido a más de 250 mil migrantes siguiendo el objetivo de su congregación fundadora, la de los Misioneros de San Carlos Borromeo o Misioneros de San Carlos, más conocidos como scalabrinianos por el obispo italiano Juan Bautista Scalabrini (1839-1905), que dedicó su vida a ayudar a los inmigrantes y los refugiados políticos.
Según el padre Murphy, algún día se podrá cerrar la Casa del Migrante y convertirla en museo porque “ya no habrá migrantes, ni deportados, ni desplazados, ni víctimas de extorsión o secuestro, ni refugiados, ni solicitantes”. Pero en lo que ese sueño se alcanza, el siempre activo Colegio de la Frontera Norte colaboro en este libro con sus investigaciones y análisis sobre las características de los migrantes mexicanos deportados a Tijuana en la actualidad y que acuden a la Casa del Migrante, sus nexos familiares en México y EU y los planes de vida que tienen.
Entre los datos que más destacan en Vidas en vilo está que en los primeros meses de 2017, coincidiendo con el arranque de la administración de Trump, la mayoría de los repatriados fueron personas que nunca cometieron un crimen -salvo vivir en la ilegalidad- y que llevaban de 25 a 35 años en EU, por lo que llegaron a Tijuana sin casi hablar el español. “Gente de bien, inocente y muy trabajadora (...). Muchos de ellos llegaron perdidos a la Casa porque nunca imaginaron que la deportación sería parte de su proyecto de vida”, relata el padre Murphy.
Entre los riesgos que advierte la Casa a raíz de una deportación individual está la separación de las familias, siendo que la expulsión de un individuo “se siente como la muerte”, además de que cuando deportan a los papás los niños se sienten abandonados y la familia sufre económicamente. En el caso de las familias que deciden volver a México y reunificarse aquí tras la deportación de unos de sus miembros, los problemas recaen sobre todo en los niños nacidos y educados en EU, que enfrentan el reto de la adaptación y la transición cultural.
De lograr Donald Trump ampliar finalmente el muro fronterizo con México esta situación se agudizará, advierte el padre Murphy, abocado por eso mismo a fortalecer la otra vertiente de la Casa: el trabajo de reinserción social de los repatriados mexicanos; cuando, además, la violencia en México y especialmente en Tijuana está en aumento.
Afirma que desde la captura y extradición a EU del Chapo Guzmán ha habido una “explosión de violencia” en Tijuana, “siguiendo así la era del presidente Trump y la era de la violencia en México un camino paralelo”. “Es una combinación fatal para los que trabajamos en la frontera y nos presenta un reto sin precedentes”, añade el padre y grafica: en el primer trimestre de 2017 en la ciudad de Tijuana los homicidios escalaron: 103 en enero, 108 en febrero y 121 en marzo. Según los pronósticos, agrega, “estamos en riesgo de superar los números de la era más violenta en la historia de Tijuana”. Y si en 2009 “nadie salía a la calle por miedo a perder la vida, este aumento histórico complica la vida de cada migrante y cada deportado”; además de los narcotraficantes “van a buscar a migrantes/deportados para ofrecerles trabajo”.
A esto se añade otro factor de tensión, advierte Murphy: el aumento de la llegada de muchos mexicanos desplazados a Tijuana como ha documento la Casa del Migrante y que huyen de la narcoviolencia en los estados de Michoacán, de Guerrero o de Veracruz, “escapando de las matanzas horrorosas de las pandillas y cárteles”, según los testimonios recogidos.
