El afán de ganar votos lleva a los candidatos a hacer promesas que dan lugar a extrañas paradojas. Es antinómico, por ejemplo, pretender luchar contra la corrupción y, al mismo tiempo, exigir que se cancele la reforma educativa. La razón es obvia: la reforma educativa se lanzó, precisamente, para luchar contra la corrupción.
El objetivo de la reforma educativa (en especial de la creación del Servicio Profesional Docente) fue acabar con las prácticas corruptas: la venta de plazas, el nepotismo, las falsas comisiones, el favoritismo en las promociones, el clientelismo en la asignación de prestaciones, etcétera. La corrupción reinante se daba en un entorno opaco con la complicidad de líderes sindicales y autoridades educativas.
Puede criticarse al Servicio Profesional Docente por sus efectos sobre aspectos laborales, pero lo que no puede negarse es que el propósito original de su creación fue acabar con la corrupción en la educación y establecer reglas claras, transparentes y únicas que aseguraran que a cada maestro se le tratara de acuerdo a su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, es decir, conforme a su mérito profesional y por esa vía acabar con una larga historia de bribonadas, chanchullos, sobornos, favoritismos y prácticas inmorales que influyeron decisivamente para desmoralizar al magisterio y producir la actual crisis educativa.
Cancelar la reforma educativa es una parte de la ecuación, la otra parte la representa el proyecto que va a sustituirla. Si se busca consistencia con la idea central de luchar contra la corrupción, el nuevo modelo educativo debe también impedirla (la solución plausible sería un proyecto que no derogue la reforma, sino que la modifique, despojándola de los elementos que se juzgan negativos, pero esa opción no cabe en el discurso derogatorio).
Coloquémonos en la postura de la cancelación. La cancelación —o derogación— de la reforma exigirá la creación de un nuevo sistema de regulación de la profesión docente que haga justicia a este trabajo pero que también impida los malos manejos del pasado, que sea transparente, justo (es decir, que no permita el manejo arbitrario de plazas, promociones, etcétera) y que asegure que el mérito y esfuerzo de cada profesor sea recompensado.
Un proyecto de este tipo no puede surgir de la mente iluminada de un académico o de un acto colectivo improvisado; un cambio de este tipo exige tomar en cuenta la experiencia anterior, los resultados de la investigación, las prácticas exitosas de otros países, etcétera. Demanda, además, atender escrupulosamente las circunstancias culturales y socio-políticas de la educación mexicana. Por ejemplo, no se puede crear un sistema profesional docente justo si se vuelve a conceder el manejo de plazas a las fuerzas sindicales del magisterio que en el pasado hicieron uso inescrupuloso de ellas.
Esas fuerzas siguen actuando en el sistema educativo y anhelan recuperar los privilegios que la reforma les arrancó. No es lógico que se pretenda luchar contra la corrupción y que al mismo tiempo las decisiones sobre la profesión docente se pongan en manos, de nuevo, de quienes mostraron en el pasado inmediato ser corruptos. Se entiende, por lo anterior, que luchar contra la corrupción y derogar la reforma educativa es una contradicción en sus términos.
Resolver esta paradoja demanda una solución técnica sofisticada, reflexiva, fundamentada, que impida a toda costa que en el ámbito educativo se vuelva a instalar la injusticia contra los maestros y, sobre todo, que asegure una mejor preparación académica de los profesores que a su vez repercuta en una mejora de los aprendizajes.
*Ex líder del 68, ex subsecretario de la SEP, maestro en ciencias y sociólogo de la educación
