El Cuarto Juzgado de Distrito en Quintana Roo negó un amparo para abrir un punto de venta de boletos a la Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, propiedad de allegados al ex gobernador Roberto Borge, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En un comunicado se informó sobre un resolutivo a una solicitud de amparo de la naviera para reanudar la venta de boletos en un local del centro de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, clausurado el 9 de noviembre.
(Se negó un amparo para reabrir un punto de venta a la Impulsora Marítima de Quintana Roo, propiedad de allegados a Roberto Borge).
Registrada como Barcos Caribe, la naviera presentó una copia certificada de la licencia de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento de Solidaridad, indica el boletín.
“De acuerdo con el Juzgado ese documento no acredita permiso estatal vigente vender boletos ni dar información turística”, se agregó en el comunicado.
“Según el artículo 131 de la Ley de Amparo, la medida cautelar en ningún caso constituye derechos que no se tiene la parte quejosa, por lo que se niega el juicio de amparo”, establece la sentencia.
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No se politizarán cargos en contra de Borge: fiscal del estado
El fiscal general de Quintana Roo, Carlos Álvarez Escalera, afirmó que las investigaciones en contra de ex funcionarios del gobierno de Roberto Borgeavanzarán en la medida en que la parte acusadora entregue la información solicitada y acredite la comisión de un delito imputable y aseguró que la denuncia no se politizará
El funcionario recordó que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) denunció la enajenación de bienes del estado a precios menores contra seis ex funcionarios de la administración Borge.
Álvarez Escalera explicó que al día siguiente de la denuncia la fiscalía pidió la información al IPAE y al Registro Público de la Propiedad, para sustentar la queja y avanzar en la investigación de la presunta venta de terrenos del estado a precios inferiores a su valor catastral.
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Hasta el momento, aseguró, solo presentaron la denuncia y no han entregado la información solicitada, manifestó.
“Tenemos el nombre de los ex funcionarios denunciados y depende de los predios, el nombre de los propietarios actuales y los de quienes hicieron las ventas que continuará la investigación y se acredite el delito si lo hay”, dijo.
Explicó además que la parte demandante debe probar que los predios fueron vendidos a precios menores de su valor catastral, por lo que todo dependerá de la información que muestren para determinar la responsabilidad.
Álvarez Escalera aclaró que la Fiscalía no politizará la denuncia y espera la información para establecer el dictamen jurídico necesario para no generar especulaciones.
Aseguró que el hecho de haber sido designado por el ex gobernador Borge Angulo en su momento como procurador de Justicia no influirá en los dictámenes que presente.
“Si hay elementos, se consignarán los expedientes y la responsabilidad de fincar responsabilidades será de un juez”, enfatizó.
ALEC
