A pesar de la improvisación y la falta de evaluaciones institucionales en el proceso de implementación, lo cierto es que la “reforma de los juicios orales” sí partió de un diagnóstico atinado de la realidad: la “justicia” mexicana operaba de forma opaca y arbitraria, generando desprestigio y desconfianza entre la ciudadanía. Cambiar era necesario y el modelo acusatorio representó una alternativa que prometía una mayor transparencia, celeridad, respeto a los derechos humanos y justicia. Más allá de los detractores que buscan subsidiar con cambios legales sus responsabilidades políticas e institucionales, lo cierto es que el modelo acusatorio representa una apuesta audaz en materia de justicia para el país. El diseño normativo e institucional que le acompañan tienen el potencial de propiciar un mayor acceso a la justicia e incrementar la lastimada legitimidad de las instituciones.
